Japón endurece su política migratoria en plena crisis demográfica, mientras el turismo masivo alimenta el rechazo a los extranjeros Leer Japón endurece su política migratoria en plena crisis demográfica, mientras el turismo masivo alimenta el rechazo a los extranjeros Leer
El día que en España se abrió el debate sobre la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes, la noticia apenas ocupó unos minutos en algunos informativos japoneses, pero dejó una estela en las conversaciones cotidianas dentro de la Red de Solidaridad con los Migrantes de Japón, una ONG de Tokio. «Nosotros estamos frente a una encrucijada demográfica sin precedentes: somos el país desarrollado más envejecido del mundo y la fuerza laboral se contrae«, señala Akito Tanaka, coordinadora de programas sociales de la citada organización.
«Negarnos a aceptar un flujo adecuado de migrantes no sólo es ignorar la realidad económica, sino también renunciar a nuestro futuro colectivo. Las políticas que están limitando cada vez más la entrada de trabajadores extranjeros están agravando precisamente este problema», continúa.
En Japón, la idea de legalizar de golpe a una gran población de trabajadores extranjeros suena, para la gran mayoría, inconcebible. El Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi ha puesto la campaña antimigratoria en el centro de la política nacional. Una de sus primeras decisiones al asumir el cargo el pasado octubre fue crear una oficina destinada a promover lo que definió como una «sociedad de coexistencia ordenada con extranjeros».
Al frente de esta oficina, Takaichi colocó a una mujer que está emergiendo como otra figura de la derecha japonesa: Kimi Onoda, de 42 años, hija de madre japonesa y padre irlandés-estadounidense. Una política atípica, por origen y trayectoria, que se ha convertido en un pivote de la nueva línea dura sobre migración en un país históricamente aislacionista.
Onoda nació en Chicago y se crio en Okayama, al oeste de Japón. Los medios locales han contado que sufrió acoso escolar por su apariencia mestiza, que es amante del manga y los videojuegos, y que trabajó como modelo antes de dar el salto a la política de la mano del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), donde ascendió de concejala municipal en 2011 a senadora en 2016.
La llegada de Takaichi le abrió una nueva puerta en su carrera: fue nombrada ministra de Estado para la Seguridad Económica y, sobre todo, ministra encargada de una «Sociedad de Convivencia Ordenada y Armoniosa con Extranjeros», el cargo recién creado.
La narrativa oficial de Onoda es clara: Japón debe proteger su orden social y aplicar con rigor las leyes migratorias. Ella y su equipo están empujando para endurecer requisitos de permisos de residencia, mejorar sistemas de control de visados y evaluar con detalle la adquisición de propiedades por parte de extranjeros.
Este ha sido un campo de batalla central durante las elecciones del pasado domingo que ganó por goleada Takaichi, quien ha declarado que el objetivo de la oficina que dirige Onoda es reforzar la vigilancia de la inmigración irregular y preparar políticas más restrictivas.
«Cuando el Gobierno prioriza el control y la exclusión por encima de la integración, está cerrando la puerta a quienes podrían contribuir significativamente al tejido social y económico de Japón», critica Naomi Suzuki, activista de derechos humanos. «Las retóricas xenófobas y las medidas restrictivas no sólo dañan la reputación internacional de Japón, sino que también alimentan un clima de miedo», opina Daisuke Hara, otra activista que coordina una red de grupos cristianos que ayudan a migrantes en Tokio.
En Japón, los residentes extranjeros representan apenas alrededor del 3% de la población. Sin embargo, en los últimos años, la cuestión migratoria ha pasado de ser un asunto burocrático a ocupar el centro del debate político. En el discurso de Takaichi, la inmigración no aparece como una solución al envejecimiento del país, sino como un fenómeno que debe mantenerse bajo supervisión constante para no alterar la armonía social.
El turismo masivo también está alimentando el rechazo hacia lo que viene de fuera. En barrios de Kioto o Asakusa, algunos vecinos se quejan de la saturación, del ruido y de la transformación de tiendas tradicionales en negocios orientados al visitante. A eso se suma el temor, muy presente en los medios y en redes sociales, de que inversores extranjeros están aprovechando la debilidad del yen para comprar propiedades a bajo precio.
Takaichi, que durante su campaña llegó a denunciar comportamientos irrespetuosos de turistas extranjeros en lugares sagrados, ha sabido captar ese estado de ánimo que está encendido especialmente en Kawaguchi, ciudad dormitorio de la periferia de Tokio. Aquí vive la mayor comunidad kurda del país, unas 2.000 personas que comenzaron a llegar en los años 90, huyendo del conflicto en Turquía.
En los últimos tres años, su presencia ha sido objeto de rumores persistentes que los vinculan con la delincuencia, pese a que los expertos señalan que no existen datos que respalden esas acusaciones. El verano pasado, un hombre japonés golpeó a un niño kurdo que jugaba en un parque. Cuando el padre del menor le pidió explicaciones, el agresor respondió con amenazas de muerte.
Una encuesta reciente del periódico Asahi expone que el 66% de los votantes considera que las políticas de inmigración más duras de la primera ministra Takaichi son «prometedoras», mientras que el 24% expresó su preocupación. De manera similar, el 56% afirmó que el Gobierno debería empezar a restringir el número de visitantes extranjeros que llegan cada año.
«La escala de estos supuestos problemas sigue siendo pequeña. Pero, como en otros lugares, los extranjeros se han convertido en un chivo expiatorio conveniente para los votantes frustrados por la inflación y el estancamiento económico«, señalaba en cambio un análisis publicado en The Economist.
La semana pasada, un popular festival japonés de los cerezos en flor en la ciudad de Fujiyoshida, a los pies del Monte Fuji, anunció su cancelación alegando «un aumento en el comportamiento turístico disruptivo». Las autoridades locales justifican la medida como necesaria para proteger «la seguridad, la dignidad y la vida cotidiana de los residentes» frente a los «actos vandálicos» protagonizados por turistas. El caso de Fujiyoshida no es aislado: ciudades históricas como Kioto han introducido limitaciones de acceso a templos y calles céntricas, así como un código de conducta para los turistas que visitan el barrio de las geishas.
En los últimos años, desde que Japón despertó de nuevo tras la pandemia como destino de moda entre viajeros de todo el mundo, se han multiplicado las denuncias de incidentes protagonizados por visitantes que perturban una tranquila filosofía de vida que bebe del budismo zen y del sintoísmo. En 2025, el país recibió por primera vez a más de 40 millones de turistas. Cifras sin precedentes que han contribuido a generar un debate nacional sobre los efectos del turismo en la convivencia.
Un streamer español conocido como Kelton se volvió viral el año pasado por un incidente en un tren mientras hacía una transmisión en directo. En uno de los vagones fue confrontado por un anciano japonés que le pidió que dejara de grabar y respetara las normas de transporte. En el video se ve como el español responde empujando al hombre hasta en dos ocasiones, lo que generó una ola de críticas en Japón que volvió a poner el foco en el comportamiento de muchos visitantes extranjeros.
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