El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enviado a la fiscalía general tanto una carta reclamando su actuación frente a los casos de deepfakes sexuales (vídeos hiperrealistas creados con inteligencia artificial) que afectan a menores como un informe detallado de cómo este fenómeno se ha multiplicado por 16 en solo dos años. La carta de Bolaños a la fiscal general subraya que este boom es en parte posible gracias a que la tecnología que han desarrollado algunas plataformas como X es muy sencilla de usar y apunta a la responsabilidad de esta misma red social, así como Instagram, de Meta, y TikTok, señaladas esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno identifica en un informe técnico cuatro posibles delitos “de especial gravedad” que habrían cometido las grandes tecnológicas
El Gobierno identifica en un informe técnico cuatro posibles delitos “de especial gravedad” que habrían cometido las grandes tecnológicas

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enviado a la fiscalía general tanto una carta reclamando su actuación frente a los casos de deepfakes sexuales (vídeos hiperrealistas creados con inteligencia artificial) que afectan a menores como un informe detallado de cómo este fenómeno se ha multiplicado por 16 en solo dos años. La carta de Bolaños a la fiscal general subraya que este boom es en parte posible gracias a que la tecnología que han desarrollado algunas plataformas como X es muy sencilla de usar y apunta a la responsabilidad de esta misma red social, así como Instagram, de Meta, y TikTok, señaladas esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“La combinación entre inteligencia artificial (IA) y redes sociales ha generado un ecosistema propicio para la creación, promoción y distribución de contenidos sexuales de menores y pornografía infantil”, señala el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Por un lado, facilita la creación y circulación instantánea de contenidos, muchas veces deepfakes sexuales, sin necesidad de conocimientos técnicos. Por otro, permite su difusión masiva con una velocidad y opacidad que dificultan la detección y persecución. Estas circunstancias podrían implicar también una responsabilidad penal autónoma en el seno de las propias plataformas”, especifica. “Los hechos ilícitos que se cometen podrían no ser una consecuencia imprevista, sino el resultado de un curso de acción deliberado y consciente que podría haber sido fácilmente evitado si se hubieran tenido en cuenta los derechos de los menores”.
“Consideramos que incluso con el marco normativo nacional y europeo es posible sancionar los daños. De hecho, ya se han dictado en España sentencias pioneras sobre hechos como los aquí relatados, en las que la intervención de la fiscalía ha sido crucial”, remata el ministro para pedir la intervención de la Fiscalía. “En el Gobierno somos conscientes de la excepcionalidad que supone activar el mecanismo previsto en el artículo 8 del estatuto del ministerio fiscal [que permite al Ejecutivo solicitar a la fiscalía que actúe], sin embargo, la importancia capital del bien jurídico protegido, la dignidad de los menores, y la evidente impunidad con la que se actúa en el ámbito de internet y las redes sociales obliga a recurrir a todos los resortes legales existentes”.
El informe técnico elaborado conjuntamente por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud identifica, “al menos, cuatro tipos delictivos recogidos en los artículos 189 y 189 bis del Código Penal”. Todos ellos, lee el escrito, son de naturaleza pública, es decir, perseguibles por las autoridades sin necesidad de previa denuncia o querella.
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