El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha recurrido este jueves ante el Tribunal Supremo su ingreso en la prisión de Soto del Real, a la que llegó a principios de semana tras declarar ante el juez instructor Leopoldo Puente. En un auto extenso y contundente en sus críticas al magistrado, el letrado de Cerdán acusa al juez de dirigir una «investigación prospectiva».
«No hay duda de que estamos ante una causa general contra el señor Cerdán y que el objetivo es investigar ‘para ver si’ finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva», defiende el escrito remitido este jueves al Supremo y al que ha tenido acceso 20minutos.
Las críticas del abogado Benet Salellas se extienden a lo largo de 20 folios, en los que denuncia que «todas las explicaciones planteadas por el investigado en su declaración ante el instructor han sido simplemente rechazadas». Cuando el magistrado se ha referido a la declaración, en el auto del ingreso en prisión, lo ha hecho «desde una mirada que no acepta otra tesis distinta a la de la culpabilidad».
Apoyado en este argumento y otros tantos, Salellas apunta que Leopoldo Puente ha realizado una interpretación contraria al principio pro reo, y por tanto, contraria a derecho. «Este modo de proceder es claramente contrario al derecho fundamental a la presunción de inocencia», zanja el escrito.
La defensa de Cerdán subraya que la prisión provisional se ha adoptado «sin indicios de criminalidad suficientes» y que se debe acordar la libertad «inmediata» de su cliente. Por otro lado, Salellas sugiere que «alguien» podría haber solicitado el ingreso en prisión provisional de Cerdán «a la espera de provocar una confesión».
Acordar tal medida con ese fin «no sería conforme al principio de dignidad ni a un proceso penal democrático», expone el escrito. El término utilizado por el letrado —»alguien»— puede referirse o bien a la Fiscalía Anticorrupción, que en un duro alegato pidió el encarcelar a Cerdán, o a las acusaciones populares coordinadas por el PP, que se adhirieron a esa petición.
El abogado del exdiputado socialista se refiere en este punto a la situación del comisionista Víctor de Aldama, que fue encarcelado por su implicación en otra investigación y excarcelado tras pactar con la Fiscalía su colaboración en el caso Koldo. Salellas incide en este «no tan lejano» precedente y dice que esta utilización de la prisión provisional «colocaría a la investigación penal así practicada en un lugar muy próximo a la tortura indagatoria«.
Insiste en desvincularse de Servinabar
Parte del escrito del letrado de Cerdán se dedica a tratar de desvincular al ex secretario de Organización del PSOE de la empresa Servinabar 2000. Esta empresa formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona y resultó adjudicataria de contratos millonarios. Durante el registro del domicilio del titular de esta compañía, Joseba Antxon Alonso, la Guardia Civil encontró un documento clave para la causa.
Se trata de una escritura firmada por Alonso y Cerdán, en virtud de la cual el primero le vende al segundo el 45% de las participaciones de la compañía. El pasado lunes, el imputado afirmó que ese documento se firmó tras unos pésimos resultados del PSOE en Navarra. Cerdán afirmó que en aquel momento se planteó abandonar la política y Alonso le ofreció convertirse en socio de Servinabar.
Él firmó el contrato, pero su mujer le hizo cambiar de idea y, según afirmó en el Supremo, le dijo a Antxon Alonso que lo rompiera. La defensa de Cerdán mantiene que el contrato privado nunca se elevó a público ni tuvo efectos vinculantes, pero el juez no ha dado credibilidad a esa versión.
El auto del pasado lunes apuntó que la vinculación del exdiputado con Servinabar es inequívoca, así como su «capacidad de administración» sobre la compañía. Por otro lado, Puente mantiene que el hecho de que la escritura privada no se elevara a público no la priva «de valor y eficacia entre las partes».
A juicio del magistrado, la versión declarada por Cerdán «contrasta vivamente con el hecho de que Joseba Antxon Alonso conservara todavía el mencionado documento y, muy especialmente, con las capacidades de gestión o vínculos de Cerdán con respecto a Sevinabar».
Benet Salellas contesta en este escrito que «no consta, al menos de la documentación adjunta y referida en el atestado policial material incriminatorio suficiente para construir un silogismo lógico incriminatorio a partir de las relaciones que puedan existir con Servinabar». El letrado reduce el escrito a «un borrador» que «no tiene efecto jurídico frente a terceros».
Otro de los hechos que destacó el juez para situar a Cerdán en la cúspide de la trama corrupta son las propuestas que hizo al que fuera ministro José Luis Ábalos cuando tomó posesión en Transportes. En aquel momento, Cerdán trasladó varios nombres que recomendaba para ocupar cargos en el departamento.
Según deduce la UCO, lo hizo para facilitar las corruptelas en el seno del ministerio, motivo en el que se apoya Leopoldo Puente para imputar al exdiputado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Pero la defensa de Cerdán subraya que «interpretar como indicio algo propio de la actividad política de los partidos que conforman gobiernos en las distintas administraciones públicas es actuar claramente contra reo».
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha recurrido su ingreso en prisión para intentar abandonar la cárcel de Soto del Real, donde ingresó…
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha recurrido este jueves ante el Tribunal Supremo su ingreso en la prisión de Soto del Real, a la que llegó a principios de semana tras declarar ante el juez instructor Leopoldo Puente. En un auto extenso y contundente en sus críticas al magistrado, el letrado de Cerdán acusa al juez de dirigir una «investigación prospectiva».
«No hay duda de que estamos ante una causa general contra el señor Cerdán y que el objetivo es investigar ‘para ver si’ finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva», defiende el escrito remitido este jueves al Supremo y al que ha tenido acceso 20minutos.
Las críticas del abogado Benet Salellas se extienden a lo largo de 20 folios, en los que denuncia que «todas las explicaciones planteadas por el investigado en su declaración ante el instructor han sido simplemente rechazadas». Cuando el magistrado se ha referido a la declaración, en el auto del ingreso en prisión, lo ha hecho «desde una mirada que no acepta otra tesis distinta a la de la culpabilidad».
Apoyado en este argumento y otros tantos, Salellas apunta que Leopoldo Puente ha realizado una interpretación contraria al principio pro reo, y por tanto, contraria a derecho. «Este modo de proceder es claramente contrario al derecho fundamental a la presunción de inocencia», zanja el escrito.
La defensa de Cerdán subraya que la prisión provisional se ha adoptado «sin indicios de criminalidad suficientes» y que se debe acordar la libertad «inmediata» de su cliente. Por otro lado, Salellas sugiere que «alguien» podría haber solicitado el ingreso en prisión provisional de Cerdán «a la espera de provocar una confesión».
Acordar tal medida con ese fin «no sería conforme al principio de dignidad ni a un proceso penal democrático», expone el escrito. El término utilizado por el letrado —»alguien»— puede referirse o bien a la Fiscalía Anticorrupción, que en un duro alegato pidió el encarcelar a Cerdán, o a las acusaciones populares coordinadas por el PP, que se adhirieron a esa petición.
El abogado del exdiputado socialista se refiere en este punto a la situación del comisionista Víctor de Aldama, que fue encarcelado por su implicación en otra investigación y excarcelado tras pactar con la Fiscalía su colaboración en el caso Koldo. Salellas incide en este «no tan lejano» precedente y dice que esta utilización de la prisión provisional «colocaría a la investigación penal así practicada en un lugar muy próximo a la tortura indagatoria«.
Parte del escrito del letrado de Cerdán se dedica a tratar de desvincular al ex secretario de Organización del PSOE de la empresa Servinabar 2000. Esta empresa formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona y resultó adjudicataria de contratos millonarios. Durante el registro del domicilio del titular de esta compañía, Joseba Antxon Alonso, la Guardia Civil encontró un documento clave para la causa.
Se trata de una escritura firmada por Alonso y Cerdán, en virtud de la cual el primero le vende al segundo el 45% de las participaciones de la compañía. El pasado lunes, el imputado afirmó que ese documento se firmó tras unos pésimos resultados del PSOE en Navarra. Cerdán afirmó que en aquel momento se planteó abandonar la política y Alonso le ofreció convertirse en socio de Servinabar.
Él firmó el contrato, pero su mujer le hizo cambiar de idea y, según afirmó en el Supremo, le dijo a Antxon Alonso que lo rompiera. La defensa de Cerdán mantiene que el contrato privado nunca se elevó a público ni tuvo efectos vinculantes, pero el juez no ha dado credibilidad a esa versión.
El auto del pasado lunes apuntó que la vinculación del exdiputado con Servinabar es inequívoca, así como su «capacidad de administración» sobre la compañía. Por otro lado, Puente mantiene que el hecho de que la escritura privada no se elevara a público no la priva «de valor y eficacia entre las partes».
A juicio del magistrado, la versión declarada por Cerdán «contrasta vivamente con el hecho de que Joseba Antxon Alonso conservara todavía el mencionado documento y, muy especialmente, con las capacidades de gestión o vínculos de Cerdán con respecto a Sevinabar».
Benet Salellas contesta en este escrito que «no consta, al menos de la documentación adjunta y referida en el atestado policial material incriminatorio suficiente para construir un silogismo lógico incriminatorio a partir de las relaciones que puedan existir con Servinabar». El letrado reduce el escrito a «un borrador» que «no tiene efecto jurídico frente a terceros».
Otro de los hechos que destacó el juez para situar a Cerdán en la cúspide de la trama corrupta son las propuestas que hizo al que fuera ministro José Luis Ábalos cuando tomó posesión en Transportes. En aquel momento, Cerdán trasladó varios nombres que recomendaba para ocupar cargos en el departamento.
Según deduce la UCO, lo hizo para facilitar las corruptelas en el seno del ministerio, motivo en el que se apoya Leopoldo Puente para imputar al exdiputado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Pero la defensa de Cerdán subraya que «interpretar como indicio algo propio de la actividad política de los partidos que conforman gobiernos en las distintas administraciones públicas es actuar claramente contra reo».
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