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España se encamina hacia una esclerosis estructural irreversible si no se produce un giro copernicano en su política económica. El país no solo padece una deriva fiscal confiscatoria, sino que se ha consolidado como una de las economías más estatalizadas e intervenidas de la OCDE. Esta hipertrofia del sector público, que drena recursos masivos del sector privado para alimentar un gasto público improductivo y una maraña regulatoria asfixiante, está gripando el motor de la prosperidad. Según el Índice de Libertad Económica 2025, España muestra un deterioro alarmante en la calidad de sus instituciones de mercado, tiene niveles de intervencionismo que distorsionan los precios, penalizan el riesgo y anulan los incentivos básicos para la creación de riqueza. Esta presencia omnímoda del Estado es el factor de divergencia que nos condena a ser una nación estancada, incapaz de sostener los estándares de bienestar de una sociedad desarrollada.
El reflejo de esa situación no reside tan solo en la baja productividad del factor trabajo, sino en el raquitismo de la Productividad Total de los Factores (PTF), que mide la eficiencia real de la economía. Esto se debe a la escasa inversión en capital físico, la nula innovación y una incorporación tecnológica deficiente, lo que resulta letal para la competitividad internacional y atrapa al país en una especialización de escaso valor añadido. Este escenario se ve empeorado por una carga fiscal real sobre familias y empresas muy superior a la de la media de la Unión Europea. Al ajustar la recaudación por el nivel de renta (esfuerzo fiscal) y el elevado índice de economía sumergida, el contribuyente español soporta una exacción de rentas que asfixia el trabajo, el ahorro y la inversión. Esta transferencia masiva de recursos hacia un aparato estatal ineficiente constituye un lastre para la modernización y empobrece a los españoles.
La década venidera proyecta una decadencia, antesala de la insolvencia social. En un entorno globalizado, la mejora salarial es un subproducto de los aumentos de eficiencia; sin ellos, España queda condenada a competir únicamente a través de la precariedad y el bajo coste relativo. Esta dinámica perversa expulsa el talento cualificado hacia jurisdicciones más libres y competitivas, mientras el poder adquisitivo de las familias patrias se desplomará. El resultado es una degradación histórica: una brecha de renta per cápita con la UE que se ensancha, relegando a España al furgón de cola frente a economías emergentes que hace apenas veinte años nos seguían a la zaga y hoy presentan modelos mucho más dinámicos.
Bajo estas premisas, la sostenibilidad del bienestar es una imposibilidad matemática, una certeza contable. A la presión del envejecimiento demográfico se suma la imposibilidad técnica de reducir el binomio déficit-deuda bajo las actuales políticas. El mantenimiento de un gasto estructural desbocado, financiado mediante una deuda pública que devora el ahorro nacional y detrae crédito de la inversión privada, nos sitúa en una vulnerabilidad extrema. Convierte al país en un rehén financiero y anula cualquier atisbo de soberanía económica. La pretensión de financiar pensiones crecientes y servicios públicos de vanguardia sobre una base productiva raquítica y un déficit sistémico es un ejercicio de pensamiento mágico. El sistema se encamina hacia una quiebra técnica que obligará a recortes drásticos o a una asfixia fiscal de rendimientos decrecientes.
En conclusión, el panorama para 2035 es el de un país que ha renunciado a ser una economía de alto valor para convertirse en un balneario subsidiado y una reserva de servicios básicos. España se desliza hacia un modelo de monocultivo terciario de baja cualificación, donde los salarios bajos son la única respuesta de supervivencia ante la falta de reformas y donde la riqueza ya no se crea, sino que se reparte de forma clientelar. Mantener el statu quo es un acto de claudicación hacia una economía distópica: un sistema donde la libertad individual es engullida por una arquitectura estatal omnipresente pero ineficaz, que solo garantiza la igualdad en la servidumbre. España sólo tiene una oportunidad: emprender una desestatización radical. El coste de la inacción es la transición definitiva hacia la periferia económica y la precariedad crónica de una sociedad que, por indolencia política, dejó de ser dueña de su destino y renunció a la prosperidad.
Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket
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