Los alcaldes demócratas responden que irán a prisión si hace falta. El Pentágono desplegará 1.500 soldados para asegurar la frontera con México. Leer Los alcaldes demócratas responden que irán a prisión si hace falta. El Pentágono desplegará 1.500 soldados para asegurar la frontera con México. Leer
En los próximos días, y siguiendo la declaración de una emergencia nacional y las órdenes ejecutivas de Donald Trump, el Pentágono comenzará a desplegar hasta 1.500 tropas en servicio activo para ayudar a garantizar la frontera sur en los próximos días. El secretario de Defensa interino, Robert Salesses firmara las órdenes este mismo miércoles, si bien aún no está fijado qué tropas y unidades serán movilizadas, por lo que el total podría cambiar, según adelantó AP. Se está a la espera de que el Senado decida si aprueba o no al nominado Pete Hegseth, que superó el examen del comité de Servicios Armados, antes de que se conocieran nuevas denuncias de malos tratos a su ex mujer.
Se espera que las fuerzas se utilicen para apoyar a los agentes de patrulla fronteriza, con logística, transporte y construcción de barreras, a pesar de que en su discurso de jura del cargo aseguró que el Ejército de EEUU a partir de ahora se ocuparía únicamente de su función específica: «Derrotar a los enemigos de EEUU».
El anuncio llega en medio de una cascada de decisiones polémicas que buscan un cambio profundo en el sistema en todos sus niveles que puede llevar a alcaldes a prisión. Así por ejemplo, y mientras amenaza a las conocidas como «ciudades santuario», el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado una directriz de la Administración de Joe Biden que instaba a las autoridades migratorias a evitar redadas en iglesias, colegios o iglesias. Ahora, sin embargo, la nueva administración, usando el lenguaje de los tuits y los mítines de campaña de Trump, alega que intervenir en cualquier lugar «empodera» a los agentes y facilita que «los valientes hombres y mujeres de CBP y ICE puedan hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, entre ellos asesinos y violadores, que han entrado ilegalmente en nuestro país».
Igualmente, y tras suspender el mismo lunes el funcionamiento de la aplicación que da citas en algunas localidades mexicanas para quienes han solicitado por los cauces legales los papeles para solicitar asilo en EEUU, la administración ha cancelado también planes de viaje y de reasentamiento de refugiados que ya habían recibido autorización para viajar a Estados Unidos antes de la fecha límite del 27 de enero, y entre ellos, de forma especialmente sangrante, más de 1.600 afganos que trabajaron para las tropas de EEUU y por eso mismo intentan desesperadamente huir del régimen talibán desde hace casi dos años.
El tercer paso de mucho calado no tiene como objetivo a los inmigrantes y demandantes de asilo, sino a los funcionarios estadounidenses. Después de haber notificado «a todos los empleados de los programas de DEIA (Diversidad, Igualdad, Inclusión, Accesibilidad)» del Gobierno federal que a partir de ahora están «en baja administrativa retribuida» mientras se toman los pasos para para cerrar sus «iniciativas, oficinas y programas», el Departamento de Justicia ha remitido todavía una advertencia a todos los funcionarios locales y municipales para que no se les ocurra poner trabas a los planes de deportaciones masivas prometidos.
En un memorando dirigido a los empleados, el fiscal general adjunto interino Emil Bove avisó de que la Cláusula de Supremacía de la Constitución y otras autoridades legales «requieren que los actores estatales y locales cumplan con las iniciativas de aplicación de la ley de inmigración del Poder Ejecutivo. La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir y no cumplir de otro modo con las órdenes legales relacionadas con la inmigración», añadió Bove, hasta ahora miembro del equipo legal de Donald Trump en sus casos penales.
Trump ha dado instrucciones precisas para que se «investiguen los incidentes que involucren cualquier mala conducta para su posible procesamiento», incluidos los delitos de albergar a un inmigrante en Estados Unidos ilegalmente, no compartir información sobre el estatus migratorio de una persona con el gobierno federal y conspiración, delitos que conllevan posibles penas de prisión en caso de condena». Toda negativa a procesar a alguien por «resistencia, obstrucción u otro incumplimiento» de las órdenes o solicitudes de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos, dice el memorando, se enviará al Departamento de Justicia como un informe «urgente».
Con ello preparan el terreno para las redadas «selectivas» previstas para las grandes ciudades, como Chicago, Los Ángeles, Boston, Denver o San Diego, la mayoría en estados ganados por Kamala Harris en las elecciones, que tienen un gran número de inmigrantes indocumentados. Tom Homan, el ‘zar fronterizo’ designado por Trump, ha prometido que habrá también en breve una serie de decretos demoledores para las ciudades santuario, que han redoblado sus esfuerzos al reafirmar las ordenanzas locales que prohíben a las fuerzas de seguridad locales ayudar a las autoridades federales en las operaciones de deportación de inmigrantes.
Los Ángeles o San Diego, en California, tras la victoria electoral de Trump pulieron aun más las medidas de 2017 que prohíben que los recursos de la ciudad se utilicen para apoyar los esfuerzos federales de deportación. Durante el primer mandato, Trump recortó cientos de millones de dólares en subvenciones para las fuerzas del orden a las ciudades santuario, pero Biden las restableció en 2021.
El alcalde de Denver (Colorado) Mike Johnston, ha sido el más directo en su oposición al plan de deportación masiva de Trump, y avisando de que no teme ir a la cárcel y de que habrá un «momento de la Plaza Tiananmen», en referencia al Ejército Chino deteniendo y matando manifestantes en 1989 en Pekín, si los funcionarios federales de inmigración intentaban hacer lo que les ordenan, algo que considera «ilegal, inmoral o antiestadounidense».
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