Uno de los puntos que más consenso despierta ante la actual crisis habitacional es la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. La propia Comisión Europea instó a España a hacerlo hace unos días en sus recomendaciones de primavera. Las viviendas sociales representan el 3,3% de los inmuebles del país, muy por debajo del 8% en el que se sitúa la media europea, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda. Pero su escasez no es el único obstáculo. En 2024 el Defensor del Pueblo recibió 313 quejas por las dificultades para acceder a una vivienda protegida, detectando largas listas de espera y aspectos a mejorar en los procesos de adjudicación.
Entre enero y marzo de este año se han construido 2.497 pisos protegidos, según datos del Ministerio de Vivienda. En todo 2024 se impulsaron desde las administraciones públicas 14.371, la mayor cifra anual de la última década aunque muy alejada de las 68.587 que llegaron a levantarse en 2008. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria cercenó este tipo de promociones, que llevan estancadas desde 2013. Esta parálisis, unida a la priorización de un régimen de compraventa que ha dado lugar a la descalificación de viviendas con el paso de los años y a su salida al mercado privado, ha dado como resultado uno de los parques públicos de vivienda más pequeños del Viejo Continente, muy alejado de entre el 29% y 16% de inmuebles que destinan Países Bajos, Austria, Dinamarca, Francia o Suecia, quienes llevan la delantera.
«Llegar a los niveles europeos va a llevar mucho tiempo», constata Raluca Budian, directora asociada del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, que reconoce que este tipo de promociones con precios tasados son menos atractivas para los constructores que la edificación en el mercado libre, pero llama a un «cambio de perspectiva» para dejar de concebir la vivienda como un «bien de inversión» y anteponer su función social. «El número de viviendas sociales es muy exiguo. Nunca ha cubierto suficientemente la función para la que está, que es para garantizar el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables, y, por supuesto, menos en el contexto de presión y demanda que tenemos ahora», añade Gema Gallardo, codirectora de Provivienda.
En un momento de precios disparados y en el que alquilar un piso supera de media los 1.000 euros mensuales en las grandes ciudades, la ausencia de un parque público que amortigüe la crisis habitacional se hace más acuciante que nunca. «Hay una necesidad generalizada de acceso a vivienda, pero hay algunos colectivos especialmente afectados, como familias monomarentales, personas migrantes, jóvenes, mayores con pensiones no contributivas…», explica Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que confirma una demanda creciente de asesoramiento y apoyo por parte de la población con más necesidades para acceder a ayudas o viviendas de protección social.
La escasez no es el único problema que afronta el parque público, también su gestión obstaculiza en ocasiones el acceso a una vivienda social. «La primera dificultad que vemos nosotros tiene que ver con la propia solicitud», señala Gallardo. Aunque varían según dispongan las comunidades y ayuntamientos, para poder optar a un piso protegido han de reunirse una serie de requisitos que por lo general marcan un tope de ingresos —normalmente en la franja más baja hasta 2,5 veces el IMPREM, es decir, unos 21.000 euros anuales y no tener un inmueble en propiedad—, un tiempo mínimo de residencia y unas características en cuanto a la conformación del hogar.
«Para acreditarlo se suele pedir bastante documentación a la que no siempre se tiene acceso, por ejemplo en el caso de personas migrantes», apunta la codirectora de Provivienda, que cree necesaria más «coordinación entre administraciones», «procedimientos más sencillos», un lenguaje administrativo «accesible» y equipos de apoyo para presentar las solicitudes. Además, Gallardo señala al propio diseño de los requisitos. «No es igual pedir dos años de empadronamiento que diez, puedes dejar fuera a una parte muy importante de población», ejemplifica.
Lo mismo ocurre con los límites de ingresos, que en algunas comunidades llegan hasta 7,5 veces el IPREM —unos 63.000 euros anuales— en promociones de alquiler asequible o regímenes concertados. «Los requisitos que se marcan a menudo excluyen a quienes precisamente más lo necesitan», lamenta en ese sentido Vicente, que coincide en que los trámites para acceder a una vivienda social pueden llegar a ser «tortuosos». «Tenemos familias con todos sus miembros trabajando que no llegan porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo que el nivel de vida», remarca la presidenta del CGTS. «En las grandes ciudades estamos viendo listas de espera que pueden llegar a superar los tres o cuatro años para acceder a un bien que es de primera necesidad», denuncia.
Registros de demandantes
Las «trabas burocráticas» y las «largas» listas de espera para acceder a viviendas protegidas son uno de los aspectos sobre los que llama la atención el Defensor del Pueblo al hilo de las quejas recibidas. Según su informe anual presentado este jueves en el Congreso, el año pasado la institución abrió 33.454 expedientes, de los cuales el 2,4% fueron relacionados con la vivienda. En el caso concreto del acceso a pisos protegidos, el Defensor del Pueblo pone el ejemplo en su informe el caso de una mujer madrileña cuya inscripción en el registro de demandantes de viviendas públicas fue cancelada por falta de actualización de una información que no se le requirió directamente.
Para evitar este tipo de situaciones, llama a una adecuada regulación de los registros de demandantes de vivienda, una herramienta que considera «fundamental» pero de la que no todos los municipios disponen ni todas las comunidades regulan, a su juicio, adecuadamente. «Una regulación deficiente o insuficiente de aquellas circunstancias que afectan a la inscripción o su interpretación restrictiva incorpora una nueva dificultad o barrera de acceso a la vivienda», advierte el informe, en el que se reclaman procedimientos de adjudicación de viviendas públicas «ágiles y transparentes».
En la última Conferencia de Presidentes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llamó a los Gobiernos autonómicos a colaborar con la administración estatal para compartir, entre otros, datos sobre el número de demandantes de vivienda, una petición a la que se unía una propuesta para triplicar la inversión pública en vivienda y blindar de forma permanente las promociones construidas con dinero estatal para evitar que puedan descalificarse pasado un periodo de tiempo. «Me parece una muy buena apuesta, ya que cada vez que se ha ido construyendo vivienda pública en España al cabo de los años ha pasado a estar dentro del mercado privado», valora Budian.
«Saber cuánta demanda hay es lo primero para planificar cuánta vivienda hacen falta», recalca Gallardo, que coincide en la utilidad de los registros de solicitantes y subraya la necesidad no solo de mejorar la gestión del parque público sino también su planificación. «La vivienda pública que se ha hecho suele estar en los barrios más vulnerables, porque es donde hay suelo más económico, y eso genera más presión sobre los servicios sociales, la sanidad, la educación…», explica, al mismo tiempo que insta a repensar los procedimientos de adjudicación por sorteo y a reforzar e incorporar equipos de intervención social en las empresas públicas de vivienda para mejorar tanto los procesos de promoción y adjudicación, como el acompañamiento de las familias una vez instaladas.
La presidenta del CGTS comparte esta reivindicación y pide un mayor esfuerzo a las administraciones autonómicas para que no recaiga todo el peso sobre los servicios sociales municipales. «Teniendo las competencias sobre todo las comunidades autónomas, quien está soportando mucho de la atención directa a las familias para el acceso a una vivienda son los municipios. Todo lo que no se resuelve en vivienda va a los servicios sociales. Tenemos el sistema verdaderamente colapsado«, alerta. «Hay una burocratización que lastima a la ciudadanía, pero también a los servicios sociales», añade, recalcando que el de la vivienda es ya un problema «totalmente estructural» para el que, pese a ver «poca voluntad política», pide respuestas que no sean «paliativas ni transitorias». «Los poderes públicos tienen que entender que la función social de la vivienda es prioritaria para la cohesión social del país y para su avance económico», concluye.
El parque público es del 3,3% frente al 8% de la media europea y hasta marzo se construyeron 2.500 inmuebles.
Uno de los puntos que más consenso despierta ante la actual crisis habitacional es la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. La propia Comisión Europea instó a España a hacerlo hace unos días en sus recomendaciones de primavera. Las viviendas sociales representan el 3,3% de los inmuebles del país, muy por debajo del8% en el que se sitúa la media europea, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda. Pero su escasez no es el único obstáculo. En 2024 el Defensor del Pueblo recibió 313 quejas por las dificultades para acceder a una vivienda protegida, detectando largas listas de espera y aspectos a mejorar en los procesos de adjudicación.
Entre enero y marzo de este año se han construido 2.497 pisos protegidos, según datos del Ministerio de Vivienda. En todo 2024 se impulsaron desde las administraciones públicas 14.371, la mayor cifra anual de la última década aunque muy alejada de las 68.587 que llegaron a levantarse en 2008. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria cercenó este tipo de promociones, que llevan estancadas desde 2013. Esta parálisis, unida a la priorización de un régimen de compraventa que ha dado lugar a la descalificación de viviendas con el paso de los años y a su salida al mercado privado, ha dado como resultado uno de los parques públicos de vivienda más pequeños del Viejo Continente, muy alejado de entre el 29% y 16% de inmuebles que destinan Países Bajos, Austria, Dinamarca, Francia o Suecia, quienes llevan la delantera.
«Llegar a los niveles europeos va a llevar mucho tiempo», constata Raluca Budian, directora asociada del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, que reconoce que este tipo de promociones con precios tasados son menos atractivas para los constructores que la edificación en el mercado libre, pero llama a un «cambio de perspectiva» para dejar de concebir la vivienda como un «bien de inversión» y anteponer su función social. «El número de viviendas sociales es muy exiguo. Nunca ha cubierto suficientemente la función para la que está, que es para garantizar el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables, y, por supuesto, menos en el contexto de presión y demanda que tenemos ahora», añade Gema Gallardo, codirectora de Provivienda.
En un momento de precios disparados y en el que alquilar un piso supera de media los 1.000 euros mensuales en las grandes ciudades, la ausencia de un parque público que amortigüe la crisis habitacional se hace más acuciante que nunca. «Hay una necesidad generalizada de acceso a vivienda, pero hay algunos colectivos especialmente afectados, como familias monomarentales, personas migrantes, jóvenes, mayores con pensiones no contributivas…», explica Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que confirma una demanda creciente de asesoramiento y apoyo por parte de la población con más necesidades para acceder a ayudas o viviendas de protección social.
La escasez no es el único problema que afronta el parque público, también su gestión obstaculiza en ocasiones el acceso a una vivienda social. «La primera dificultad que vemos nosotros tiene que ver con la propia solicitud», señala Gallardo. Aunque varían según dispongan las comunidades y ayuntamientos, para poder optar a un piso protegido han de reunirse una serie de requisitos que por lo general marcan un tope de ingresos —normalmente en la franja más baja hasta 2,5 veces el IMPREM, es decir, unos 21.000 euros anuales y no tener un inmueble en propiedad—, un tiempo mínimo de residencia y unas características en cuanto a la conformación del hogar.
«Para acreditarlo se suele pedir bastante documentación a la que no siempre se tiene acceso, por ejemplo en el caso de personas migrantes», apunta la codirectora de Provivienda, que cree necesaria más «coordinación entre administraciones», «procedimientos más sencillos», un lenguaje administrativo «accesible» y equipos de apoyo para presentar las solicitudes. Además, Gallardo señala al propio diseño de los requisitos. «No es igual pedir dos años de empadronamiento que diez, puedes dejar fuera a una parte muy importante de población», ejemplifica.
Lo mismo ocurre con los límites de ingresos, que en algunas comunidades llegan hasta 7,5 veces el IPREM —unos 63.000 euros anuales— en promociones de alquiler asequible o regímenes concertados. «Los requisitos que se marcan a menudo excluyen a quienes precisamente más lo necesitan», lamenta en ese sentido Vicente, que coincide en que los trámites para acceder a una vivienda social pueden llegar a ser «tortuosos». «Tenemos familias con todos sus miembros trabajando que no llegan porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo que el nivel de vida», remarca la presidenta del CGTS. «En las grandes ciudades estamos viendo listas de espera que pueden llegar a superar los tres o cuatro años para acceder a un bien que es de primera necesidad», denuncia.
Las «trabas burocráticas» y las «largas» listas de espera para acceder a viviendas protegidas son uno de los aspectos sobre los que llama la atención el Defensor del Pueblo al hilo de las quejas recibidas. Según su informe anual presentado este jueves en el Congreso, el año pasado la institución abrió 33.454 expedientes, de los cuales el 2,4% fueron relacionados con la vivienda. En el caso concreto del acceso a pisos protegidos, el Defensor del Pueblo pone el ejemplo en su informe el caso de una mujer madrileña cuya inscripción en el registro de demandantes de viviendas públicas fue cancelada por falta de actualización de una información que no se le requirió directamente.
Para evitar este tipo de situaciones, llama a una adecuada regulación de los registros de demandantes de vivienda, una herramienta que considera «fundamental» pero de la que no todos los municipios disponen ni todas las comunidades regulan, a su juicio, adecuadamente. «Una regulación deficiente o insuficiente de aquellas circunstancias que afectan a la inscripción o su interpretación restrictiva incorpora una nueva dificultad o barrera de acceso a la vivienda», advierte el informe, en el que se reclaman procedimientos de adjudicación de viviendas públicas «ágiles y transparentes».
En la última Conferencia de Presidentes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llamó a los Gobiernos autonómicos a colaborar con la administración estatal para compartir, entre otros, datos sobre el número de demandantes de vivienda, una petición a la que se unía una propuesta para triplicar la inversión pública en vivienda y blindar de forma permanente las promociones construidas con dinero estatal para evitar que puedan descalificarse pasado un periodo de tiempo.»Me parece una muy buena apuesta, ya que cada vez que se ha ido construyendo vivienda pública en España al cabo de los años ha pasado a estar dentro del mercado privado», valora Budian.
«Saber cuánta demanda hay es lo primero para planificar cuánta vivienda hacen falta», recalca Gallardo, que coincide en la utilidad de los registros de solicitantes y subraya la necesidad no solo de mejorar la gestión del parque público sino también su planificación. «La vivienda pública que se ha hecho suele estar en los barrios más vulnerables, porque es donde hay suelo más económico, y eso genera más presión sobre los servicios sociales, la sanidad, la educación…», explica, al mismo tiempo que insta a repensar los procedimientos de adjudicaciónpor sorteo y a reforzar e incorporar equipos de intervención social en las empresas públicas de vivienda para mejorar tanto los procesos de promoción y adjudicación, como el acompañamiento de las familias una vez instaladas.
La presidenta del CGTS comparte esta reivindicación y pide un mayor esfuerzo a las administraciones autonómicas para que no recaiga todo el peso sobre los servicios sociales municipales. «Teniendo las competencias sobre todo las comunidades autónomas, quien está soportando mucho de la atención directa a las familias para el acceso a una vivienda son los municipios. Todo lo que no se resuelve en vivienda va a los servicios sociales. Tenemos el sistema verdaderamente colapsado«, alerta. «Hay una burocratización que lastima a la ciudadanía, pero también a los servicios sociales», añade, recalcando que el de la vivienda es ya un problema «totalmente estructural» para el que, pese a ver «poca voluntad política», pide respuestas que no sean «paliativas ni transitorias». «Los poderes públicos tienen que entender que la función social de la vivienda es prioritaria para la cohesión social del país y para su avance económico», concluye.
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