Belarra ya exigió que apoyar esta medida, Junts y PNV debían aprobar el gravamen a las energéticas. Un contexto endiablado que pone en juego parte del quinto pago del Plan de Recuperación Leer Belarra ya exigió que apoyar esta medida, Junts y PNV debían aprobar el gravamen a las energéticas. Un contexto endiablado que pone en juego parte del quinto pago del Plan de Recuperación Leer
El Gobierno tiene dos meses para sacar adelante el incremento del impuesto sobre el diésel, y recibir así íntegramente el quinto pago del Plan de Recuperación. En total, cerca de 25.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos, y el incremento de este gravamen es una condición indispensable, tal como ratificó ayer el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) en Bruselas. En caso de no hacerlo, España recibirá un pago parcial que se completaría una vez se apruebe la medida. Pero el problema es que la subida de este gravamen es especialmente compleja y ya en el pasado enfrentó a algunos de los socios del Ejecutivo: a Podemos y a los «cachorritos de Repsol«, que es como Ione Belarra calificó a PNV y Junts.
«Es simplemente inaceptable que el Gobierno plantee una subida del impuesto especial de hidrocarburos mientras que no avanza en la aprobación del impuesto permanente a las empresas energéticas», apuntó la líder de Podemos en el Congreso, en alusión al gravamen que vetaron PNV y Junts. «Están defendiendo los intereses de Josu Jon Imaz«, añadió. Y sin esa figura sobre las compañías, la formación ya ha adelantado que no apoyará la equiparación de la gasolina con el diésel.
Pero es que, además, la relación con Junts es ahora mismo más difícil si cabe que en el cierre del pasado año, cuando ya decayó la propuesta de incremento que tenía preparada el Gobierno. El PSOE se ha reunido en las últimas horas con la formación independentista en Waterloo (Bélgica) para tratar de acercar posiciones después de que Carles Puigdemont anunciase, la pasada semana, que rompía las negociaciones con el Ejecutivo.
Un escenario, en definitiva, endiabladamente complejo que hace que no sólo la fecha del 21 de marzo se antoje difícil sino la propia aprobación del incremento en algún momento. El Gobierno lo sabe y así lo reconocen fuentes de Moncloa en privado. En público, en cambio, sostienen que trabajan para aprobar el impuesto «lo antes posible«, como afirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas tras la mencionada reunión del Ecofin.
«Seguimos trabajando con un horizonte asociado precisamente a la aprobación del quinto desembolso para, como hemos hecho en otras ocasiones, sacar ambos elementos adelante: tanto el elemento de política doméstica como también la valoración sobre el quinto desembolso», añadió Cuerpo.
La medida, según se definió ya en diciembre, supondría un incremento de 9,36 céntimos por litro, cifra que alcanzaría los 11,33 euros con el IVA. La estimación es que eso supondría un incremento de unos cinco euros por cada depósito, teniendo en cuenta que esta cifra puede variar en función del tamaño del mismo. Y en términos de ingresos, la recaudación de Hacienda se vería incrementada en unos 1.400 millones de euros al año.
El no aprobar el incremento antes del 21 de marzo abocaría a España a recibir un pago parcial, y la parte no abonada se restaría de los casi 9.000 millones de transferencias (el resto, hasta los cerca de 25.000 millones, son préstamos). Es complicado saber cuánto se le restaría al quinto pago, ya que se calcula en función de un multiplicador que aplica la Comisión. Y no sería la primera vez que ocurre, ya que con el cuarto pago ya sucedió algo similar.
En el Gobierno, además, confían en la capacidad del Ministerio de Economía de moverse en Bruselas y, en el caso de que sea imposible aprobar el impuesto al diésel, negociar con Europa. Pero la reforma fiscal es uno de los puntos centrales que el Ejecutivo debe cumplir en el marco del quinto pago del Plan de Recuperación. Y es más, la Comisión ya apuntó que no sólo se debe presentar la subida del diésel sino un «conjunto de medidas» que elevará en un 0,3% del Producto Interior Bruto la recaudación (PIB) y que también afectará a «ámbitos de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital».
Actualidad Económica // elmundo
