La ayuda llega solo al 42% de los potenciales beneficiarios y el 55% de los que tienen derecho a percibirla no la solicitan Leer La ayuda llega solo al 42% de los potenciales beneficiarios y el 55% de los que tienen derecho a percibirla no la solicitan Leer
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda creada por el Gobierno en 2020 para combatir la pobreza de las familias y mejorada con posterioridad para incentivar el empleo entre sus perceptores, no está reultando eficaz en este último objetivo, ya que reduce la probabilidad de trabajar hasta un 12% y más de un 20% en determinados colectivos como los menores de 30 años, los hogares monoparentales y los que cobran nóminas más altas.
Es la principal conclusión de la cuarta opinión elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que actualiza los resultados de las evaluaciones anteriores y analiza, por primera vez, el impacto de la prestación en el empleo y su efecto desincentivador sobre la participación laboral, una de las críticas más extendidas a este tipo de ayudas.
Pues bien, el organismo fiscalizador sentencia que el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales, el equivalente al 12%, y reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11%). Estos efectos son incluso más pronunciados en menores de 30 años, hogares monoparentales y entre los que cobran importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en estos colectivos en cifras superiores al 20%.
La AIReF detecta, además, que estos efectos sobre el empleo se mantienen en los perceptores del IMV tras la entrada en vigor del incentivo al empleo en enero de 2023, lo que, a su juicio, «evidencia la persistencia del impacto desincentivador y la reducida eficacia de este mecanismo». Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, existen «evidencias suficientes de que estos efectos se producen por problemas en el diseño» que «no se van a solucionar con el paso del tiempo» y el «rodaje» de la propia prestación.
En concreto, Herrero ha hecho referencia a tres aspectos que están limitando la eficacia del incentivo y evitando que se generen impactos significativos sobre la participación laboral. El primer problema es que se utiliza información fiscal con un desfase temporal de dos años que impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea y clara las ventajas del incentivo. En segundo lugar, carece de elementos que fomenten la rapidez en la incorporación laboral o la intensidad de la jornada. Y por último, no ofrece una duración garantizada que proporcione seguridad a los beneficiarios sobre la permanencia del beneficio.
Ante esta realidad, el organismo propone una «reformulación completa» del incentivo. Especialmente en un contexto en el que el 90% de los beneficiarios permanece en la prestación durante más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y aproximadamente el 60% se mantiene durante más de tres años, advierte de que esta peermanencia, junto a los efectos en el empleo, «plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de transición hacia el empleo que incluye actualmente la prestación».
Entre los indicadores clave que permanecen sin mejoras significativas en esta opinión de la AIReF respecto a evaluaciones anteriores destaca la cifra de non take-up, que se refiere a las personas con derecho a percibir la prestación que no la solicitan y que se mantiene en el nivel observado anteriormente. En concreto, alcanza el 55% en el caso del IMV y hasta el 72% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). El porcentaje para el IMV escala hasta el 65% en regiones como Cataluña o Baleares, lo que «evidencia la falta de coordinación» con las rentas mínimas autonómicas.
En su estudio, la AIReF también constata avances en el despliegue y alcance del IMV, con un incremento del 14% en el número de beneficiarios, hasta alcanzar los 392.444 hogares a cierre de 2024, y un aumento del 34% en los perceptores del CAPI, hasta los 452.234 hogares. Con todo, la cobertura sigue siendo limitada, ya que el IMV llegó a tan solo el 42% de los potenciales beneficiarios el año pasado y el CAPI a tan solo el 23%, alcanzando el 53% y el 29% en su coste potencial, respectivamente.
Ante estos resultados, además de la reformulación completa del incentivo al empleo, la Autoridad Fiscal propone la promoción de fórmulas para la concesión automática de la prestación, avanzar en el diseño de mecanismos para que el CAPI llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores, concretar los objetivos del IMV mediante indicadores claramente definidos, reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizadas y desarrollar estadísticas homogéneas y comparables sobre los beneficiarios e importes mensuales de los programas de rentas mínimas.
Durante la rueda de prensa, la AIReF ha pedido avances tanto en el IMV como en el CAPI para ayudar a combatir la persistente permanencia infantil. Como publicó EL MUNDO recientemente, España continúa ocupando el segundo puesto en indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social entre menores de edad en la Unión Europea, pese a que en sus cinco años de despliegue, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 3,12 millones de hogares en los que viven 1,35 millones de niños y adolescentes.
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