Son varios los factores que han llevado al magistrado Leopoldo Puente a acordar el ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión. Pero todos giran en torno al «extremo» riesgo de que ambos traten de fugarse de España para esquivar así la acción de la justicia. En las resoluciones que dictó este jueves, el juez del Tribunal Supremo incide en el posible dinero oculto y los «contactos internacionales» de Ábalos y Koldo García, que podrían favorecer su huida ante un inminente juicio en el que afrontan posibles condenas de hasta 30 años de prisión.
La prisión provisional sin fianza es una medida cautelar, la más gravosa de todas. No se configura como un castigo sino como una decisión necesaria para garantizar el correcto desarrollo de un proceso penal. Cuando un juez acuerda una medida cautelar, debe poner en la balanza los riesgos que se conjuran y las intromisiones de derechos que implica. También ha de tener en cuenta la gravedad de los delitos que se atribuyen y la entidad de los indicios que existen.
Los riesgos que se valoran a la hora de adoptar una medida así son el de destrucción, alteración u ocultación de pruebas, el de reiteración del delito que se investiga y el de fuga. En el caso de Ábalos y Koldo García, el juez ha concluido que existe un elevado riesgo de fuga atendiendo a los criterios que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal: la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera imponerse, la situación familiar, laboral o económica y la inminencia de la celebración del juicio oral.
En primer lugar, Leopoldo Puente se refiere al estado del proceso. Apunta que se celebrará un juicio oral «en los próximos meses» y destaca que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han pedido condenas de cárcel muy elevadas al atribuir a Ábalos «sendos graves delitos». Además, al tratarse de un juicio en el Tribunal Supremo, la eventual condena no sería recurrible y daría lugar a su «cumplimiento inmediato».
«Partiendo de la hipótesis de condena», el juez apunta que Ábalos asumiría una sanción de doce años y medio de cárcel en el mejor de los casos, si las penas se impusieran «en su mínima expresión legal». La condena podría ser mayor, dado que la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel y las acusaciones populares, 30.
Idéntica reflexión hace el juez al respecto de la situación de Koldo García. A su juicio, el «incremento del riesgo» de fuga es «inasumible». En el caso del exasesor, «la extensión de las penas solicitadas resulta tan relevante que se comenta por sí sola, alcanzando una duración de diecinueve años y seis meses de prisión» en el caso de la Fiscalía.
«Importantes cantidades de dinero en metálico»
Dejando de lado la importancia de las penas, el juez incide en las posibilidades que tienen Ábalos y Koldo García de huir de España. En alusión al ministro, destaca la posibilidad de que esconda dinero de las mordidas del caso Koldo o que lo obtenga de su hijo, Víctor Ábalos, y apunta también sus «contactos internacionales». «No puede desconocerse» que Ábalos «ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico», hasta el punto de que «durante varios años no precisó realizar ingreso alguno en sus cuentas bancarias».
Esto permite al juez «inferir razonablemente» que Ábalos puede «disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga«. También es «evidente» para el magistrado que Ábalos y su antiguo asesor tienen contactos en el extranjero. Así, subraya que Ábalos dispone «de algún bien inmueble en determinados países hispanoamericanos» y tiene vinculación con la «fundación Fiadelso», de la que es fundador.
Más aún, el juez explica que el exminsitro de Transportes «vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero». Y añade que «no hay razón» para considerar que el diputado no pueda acceder a estos «mismos fondos» para facilitar una huida del país. A todo ello se suman las relaciones que ha «podido trabar» Ábalos con «autoridades», «particulares» y «empresas» extranjeras cuando era titular del Ministerio de Transportes.
El juez da igualmente por acreditado que Koldo García puede tener dinero escondido. Apunta, en este sentido, que durante años «vino asumiendo, de manera incomprensible y que él mismo no ha explicado», los gastos de Ábalos. También el aizkolari tiene «contactos internacionales» fuera de España, tal y como explica Leopoldo Puente.
Este jueves, la defensa de García expuso que el exasesor tiene una hija de cinco años, está casado, tiene hermanos y una madre a la que atiende en Benidorm. «Pretendidamente», esto le «proporcionaría un arraigo bastante en España como para descartar que pudiera fugarse». Pero el magistrado cree que «cualquiera de dichos familiares podría, si ese fuera su deseo, desplazarse a su encuentro». Y el propio Koldo García podría «preferir separarse temporalmente de su familia con el propósito de eludir aquel escenario personalmente muy desfavorable».
El magistrado aprecia un riesgo de fuga «extremo» que solo se puede conjurar con la prisión provisional.
Son varios los factores que han llevado al magistrado Leopoldo Puente a acordar el ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión. Pero todos giran en torno al «extremo» riesgo de que ambos traten de fugarse de España para esquivar así la acción de la justicia. En las resoluciones que dictó este jueves, el juez del Tribunal Supremo incide en el posible dinero oculto y los «contactos internacionales» de Ábalos y Koldo García, que podrían favorecer su huida ante un inminente juicio en el que afrontan posibles condenas de hasta 30 años de prisión.
La prisión provisional sin fianza es una medida cautelar, la más gravosa de todas. No se configura como un castigo sino como una decisión necesaria para garantizar el correcto desarrollo de un proceso penal. Cuando un juez acuerda una medida cautelar, debe poner en la balanza los riesgos que se conjuran y las intromisiones de derechos que implica. También ha de tener en cuenta la gravedad de los delitos que se atribuyen y la entidad de los indicios que existen.
Los riesgos que se valoran a la hora de adoptar una medida así son el de destrucción, alteración u ocultación de pruebas, el de reiteración del delito que se investiga y el de fuga. En el caso de Ábalos y Koldo García, el juez ha concluido que existe un elevado riesgo de fuga atendiendo a los criterios que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal: la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera imponerse, la situación familiar, laboral o económica y la inminencia de la celebración del juicio oral.
En primer lugar, Leopoldo Puente se refiere al estado del proceso. Apunta que se celebrará un juicio oral «en los próximos meses» y destaca que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han pedido condenas de cárcel muy elevadas al atribuir a Ábalos «sendos graves delitos». Además, al tratarse de un juicio en el Tribunal Supremo, la eventual condena no sería recurrible y daría lugar a su «cumplimiento inmediato».
«Partiendo de la hipótesis de condena», el juez apunta que Ábalos asumiría una sanción de doce años y medio de cárcel en el mejor de los casos, si las penas se impusieran «en su mínima expresión legal». La condena podría ser mayor, dado que la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel y las acusaciones populares, 30.
Idéntica reflexión hace el juez al respecto de la situación de Koldo García. A su juicio, el «incremento del riesgo» de fuga es «inasumible». En el caso del exasesor, «la extensión de las penas solicitadas resulta tan relevante que se comenta por sí sola, alcanzando una duración de diecinueve años y seis meses de prisión» en el caso de la Fiscalía.
Dejando de lado la importancia de las penas, el juez incide en las posibilidades que tienen Ábalos y Koldo García de huir de España. En alusión al ministro, destaca la posibilidad de que esconda dinero de las mordidas del caso Koldo o que lo obtenga de su hijo, Víctor Ábalos, y apunta también sus «contactos internacionales». «No puede desconocerse» que Ábalos «ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico», hasta el punto de que «durante varios años no precisó realizar ingreso alguno en sus cuentas bancarias».
Esto permite al juez «inferir razonablemente» que Ábalos puede «disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga«. También es «evidente» para el magistrado que Ábalos y su antiguo asesor tienen contactos en el extranjero. Así, subraya que Ábalos dispone «de algún bien inmueble en determinados países hispanoamericanos» y tiene vinculación con la «fundación Fiadelso», de la que es fundador.
Más aún, el juez explica que el exminsitro de Transportes «vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero». Y añade que «no hay razón» para considerar que el diputado no pueda acceder a estos «mismos fondos» para facilitar una huida del país. A todo ello se suman las relaciones que ha «podido trabar» Ábalos con «autoridades», «particulares» y «empresas» extranjeras cuando era titular del Ministerio de Transportes.
El juez da igualmente por acreditado que Koldo García puede tener dinero escondido. Apunta, en este sentido, que durante años «vino asumiendo, de manera incomprensible y que él mismo no ha explicado», los gastos de Ábalos. También el aizkolari tiene «contactos internacionales» fuera de España, tal y como explica Leopoldo Puente.
Este jueves, la defensa de García expuso que el exasesor tiene una hija de cinco años, está casado, tiene hermanos y una madre a la que atiende en Benidorm. «Pretendidamente», esto le «proporcionaría un arraigo bastante en España como para descartar que pudiera fugarse». Pero el magistrado cree que «cualquiera de dichos familiares podría, si ese fuera su deseo, desplazarse a su encuentro». Y el propio Koldo García podría «preferir separarse temporalmente de su familia con el propósito de eludir aquel escenario personalmente muy desfavorable».
20MINUTOS.ES – Nacional
