El Partido Popular ha pedido anular la instrucción de la conocida como ‘ley de nietos’ dictada por el Ministerio de Justicia que, en opinión de los populares, «reinterpreta» la norma y amplía los supuestos iniciales que pueden obtener la nacionalidad española. Lo ha anunciado la vicesecretaria de vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien además ha exigido al Gobierno paralizar las nacionalizaciones con las consiguientes inscripciones en el censo electoral hasta que aclare la información que le solicitó la Junta Electoral Central (JEC).
Ezcurra ha recordado que «desde el principio» el PP ha dudado de la transparencia y las garantías «tanto del proceso de concesión de las nacionalidades como del proceso del voto exterior». Y considera que la propia resolución de la Junta Electoral, quien ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe completo que precise los «criterios aplicables» que justifiquen debidamente la provincia por la cual se registra a cada ciudadano, «entiende que la instrucción se extralimita». Por ello, ha pedido a la oficina del censo «que aclare con criterios homogéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción», ha valorado Ezcurra.
En este contexto, el PP ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción que considera «nula clarísimamente de pleno derecho» a la par que reclama al Gobierno que haga «públicos y transparentes» todos los datos de las nacionalidades que se han concedido hasta el momento -desde que entró en vigor la ley de memoria democrática en 2022- y «paralice la inscripción en el censo hasta que se aclaren los criterios» que ha reclamado la Junta Electoral Central.
La ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 incluye la disposición adicional octava conocida como la ‘ley de nietos’. Dicho texto permite optar a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio» por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a los mandos entonces de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, y dependiente del Ministerio de Justicia dictó una instrucción que, según los populares, «reinterpretó la ley» y amplió los supuestos iniciales. Es esta modificación la que piden anular. Los populares denuncian que las directrices emanadas del Ministerio a los órganos administrativos para que tramiten las nacionalizaciones van mucho más allá de lo que recoge la ley y se aprobó en el Congreso de los Diputados, por ello es «nula de pleno derecho».
La ley permite que el solicitante elija un municipio de inscripción en España a efectos electorales según una serie de criterios (última residencia, arraigo propio o de los ascendientes, etc.) que, para la Junta Electoral, son algo abstractos y podrían concretarse más. Desde el PP vienen denunciando la «arbitrariedad» con la que se está llevando a cabo dicho proceso y ha exigido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para asegurarse de que el proceso no se está haciendo «por la puerta de atrás». También registraron más de una veintena de preguntas sobre el asunto en el Congreso de los Diputados para exigir «transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas» sobre «el mayor proceso de nacionalización que pretende realizar el Gobierno en toda la historia y que afecta a 2,6 millones de personas», del que no cuestionan el fondo, sino las formas.
Los populares reclaman que el Gobierno «haga transparentes» todos los datos relativos al proceso de concesión de nacionalidades y que «paralice» las inscripciones en el censo hasta que aclaren los criterios que ha pedido la Junta Electoral.
El Partido Popular ha pedido anular la instrucción de la conocida como ‘ley de nietos’ dictada por el Ministerio de Justicia que, en opinión de los populares, «reinterpreta» la norma y amplía los supuestos iniciales que pueden obtener la nacionalidad española. Lo ha anunciado la vicesecretaria de vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien además ha exigido al Gobierno paralizar las nacionalizaciones con las consiguientes inscripciones en el censo electoral hasta que aclare la información que le solicitó la Junta Electoral Central (JEC).
Ezcurra ha recordado que «desde el principio» el PP ha dudado de la transparencia y las garantías «tanto del proceso de concesión de las nacionalidades como del proceso del voto exterior». Y considera que la propia resolución de la Junta Electoral, quien ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe completo que precise los «criterios aplicables» que justifiquen debidamente la provincia por la cual se registra a cada ciudadano, «entiende que la instrucción se extralimita». Por ello, ha pedido a la oficina del censo «que aclare con criterios homogéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción», ha valorado Ezcurra.
En este contexto, el PP ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción que considera «nula clarísimamente de pleno derecho» a la par que reclama al Gobierno que haga «públicos y transparentes» todos los datos de las nacionalidades que se han concedido hasta el momento -desde que entró en vigor la ley de memoria democrática en 2022- y «paralice la inscripción en el censo hasta que se aclaren los criterios» que ha reclamado la Junta Electoral Central.
La ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 incluye la disposición adicional octava conocida como la ‘ley de nietos’. Dicho texto permite optar a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio» por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a los mandos entonces de Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, y dependiente del Ministerio de Justicia dictó una instrucción que, según los populares, «reinterpretó la ley» y amplió los supuestos iniciales. Es esta modificación la que piden anular. Los populares denuncian que las directrices emanadas del Ministerio a los órganos administrativos para que tramiten las nacionalizaciones van mucho más allá de lo que recoge la ley y se aprobó en el Congreso de los Diputados, por ello es «nula de pleno derecho».
La ley permite que el solicitante elija un municipio de inscripción en España a efectos electorales según una serie de criterios (última residencia, arraigo propio o de los ascendientes, etc.) que, para la Junta Electoral, son algo abstractos y podrían concretarse más. Desde el PP vienen denunciando la «arbitrariedad» con la que se está llevando a cabo dicho proceso y ha exigido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para asegurarse de que el proceso no se está haciendo «por la puerta de atrás». También registraron más de una veintena de preguntas sobre el asunto en el Congreso de los Diputados para exigir «transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas» sobre «el mayor proceso de nacionalización que pretende realizar el Gobierno en toda la historia y que afecta a 2,6 millones de personas», del que no cuestionan el fondo, sino las formas.
20MINUTOS.ES – Nacional
