El exministro de Transportes José Luis Ábalos saldrá este jueves de la prisión de Soto del Real por primera vez desde su ingreso el pasado 27 de noviembre. Lo hará brevemente y con un objetivo concreto: comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. En tanto que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en varias corruptelas, Ábalos podrá guardar silencio en la Cámara Alta.
Aún así, el Partido Popular acordó citarlo por segunda vez en la comisión de investigación el pasado mes de junio. Los populares han aplazado la comparecencia desde entonces, preservando el as en la manga hasta hace apenas unos días. El 30 de diciembre, el PP fechó el interrogatorio a Ábalos, poseedor de «la caja fuerte de los secretos del sanchismo». «No es un actor secundario, es el hombre para todo de Pedro Sánchez», anunció la portavoz popular Alicia García.
La presencia del exministro presidiario será el acontecimiento que marque el comienzo de 2026 en el Senado, la Cámara Alta que durante la presente legislatura se ha convertido en la más valiosa herramienta de oposición del PP.
Con el aval del Tribunal Supremo, Instituciones Penitenciarias coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la extracción de José Luis Ábalos, que se trasladará desde Soto del Real al palacio del Senado en un furgón policial. Comparecerá en la Cámara Alta y el mismo vehículo le devolverá a la prisión para pasar la noche de nuevo en su celda. Allí permanecerá hasta que el instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, estime pertinente alzar la prisión provisional que dictó contra Ábalos y Koldo García ante el riesgo «extremo» de que ambos trataran de fugarse del país.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió el 30 de diciembre dos escritos —uno al Supremo, otro a Instituciones Penitenciarias— para solicitar autorización e informar de la comparecencia prevista. El instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Puente, autorizó la comparecencia el XX. En el escrito del Senado se subrayaba que el exministro «deberá comparecer ante la referida comisión el día 8 de enero de 2026 a las 10 horas en el palacio del Senado».
El reglamento de la Cámara da a las comisiones de investigación el poder de «requerir la presencia de cualquier persona para declarar ante las mismas». Si el compareciente en cuestión se niega a asistir a la sesión puede incurrir en el delito recogido en el artículo 502 del Código Penal.
Dicha norma establece que «los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia». El último precedente conocido de un reo que salió de prisión para declarar en una comisión de investigación parlamentaria ocurrió cuando compareció en el Congreso uno de los condenados por los atentados yihadistas cometidos en Cataluña en agosto de 2017.
En aquella tensa sesión, Mohammed Houli Chemnal entró en la Cámara Baja engrilletado y atribuyó al CNI un conocimiento previo de los atentados, hasta que los diputados del PP dejaron la Sala Prim ante la «vergüenza» por aquel «espectáculo».
El Supremo revisará la prisión provisional el 15 de enero
El jueves, tras comparecer ante los senadores de la comisión de investigación, José Luis Ábalos regresará a su celda en Soto del Real. Pero cabe la posibilidad de que le queden apenas unos días de reclusión, dado que el Tribunal Supremo revisará la imposición de esta medida cautelar exactamente una semana más tarde, el jueves 15 de enero.
La Sala de lo Penal ha convocado para ese día a las 10.30 horas una vista para estudiar los recursos de apelación que plantearon Ábalos y su exasesor contra el ingreso en la cárcel dictado por Leopoldo Puente el 27 de noviembre. Los letrados de el exministro y de Koldo García —Carlos Bautista y Leticia de la Hoz, respectivamente— recurrieron el auto del juez instructor. Bautista apuntó en su escrito que no existían las «mordidas millonarias» de las que hablaba el juez Hurtado, y alegó que se había vulnerado el derecho de su cliente a la tutela judicial efectiva.
La letrada de Koldo García, por su parte, apuntó al origen «legítimo» del patrimonio de su representado y defendió en el escrito que la medida de prisión provisional es «insostenible».
La razón que llevó a Puente a dictar la prisión provisional fue el «extremo» riesgo de fuga, acrecentado por la decisión de enviar a Ábalos, Koldo García y Aldama a un juicio oral por la trama de las mascarillas. El instructor procesó a los tres el día 3 de noviembre, y la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares solicitaron elevadas penas para el exministro y quien fuera su mano derecha. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para García. Las acusaciones solicitan 30 años para cada uno de ellos.
Esta circunstancia, unida a los indicios de que ambos cuentan con «recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga» y tienen «contactos en el extranjero», llevó al magistrado a acordar el ingreso en la cárcel, a solicitud de Anticorrupción y las acusaciones.
El exministro acudirá a la Cámara Alta a petición del PP, pero no está obligado a declarar.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos saldrá este jueves de la prisión de Soto del Real por primera vez desde su ingreso el pasado 27 de noviembre. Lo hará brevemente y con un objetivo concreto: comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. En tanto que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en varias corruptelas, Ábalos podrá guardar silencio en la Cámara Alta.
Aún así, el Partido Popular acordó citarlo por segunda vez en la comisión de investigación el pasado mes de junio. Los populares han aplazado la comparecencia desde entonces, preservando el as en la manga hasta hace apenas unos días. El 30 de diciembre, el PP fechó el interrogatorio a Ábalos, poseedor de «la caja fuerte de los secretos del sanchismo». «No es un actor secundario, es el hombre para todo de Pedro Sánchez», anunció la portavoz popular Alicia García.
La presencia del exministro presidiario será el acontecimiento que marque el comienzo de 2026 en el Senado, la Cámara Alta que durante la presente legislatura se ha convertido en la más valiosa herramienta de oposición del PP.
Con el aval del Tribunal Supremo, Instituciones Penitenciarias coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la extracción de José Luis Ábalos, que se trasladará desde Soto del Real al palacio del Senado en un furgón policial. Comparecerá en la Cámara Alta y el mismo vehículo le devolverá a la prisión para pasar la noche de nuevo en su celda. Allí permanecerá hasta que el instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, estime pertinente alzar la prisión provisional que dictó contra Ábalos y Koldo García ante el riesgo «extremo» de que ambos trataran de fugarse del país.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió el 30 de diciembre dos escritos —uno al Supremo, otro a Instituciones Penitenciarias— para solicitar autorización e informar de la comparecencia prevista. El instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Puente, autorizó la comparecencia el XX. En el escrito del Senado se subrayaba que el exministro «deberá comparecer ante la referida comisión el día 8 de enero de 2026 a las 10 horas en el palacio del Senado».
El reglamento de la Cámara da a las comisiones de investigación el poder de «requerir la presencia de cualquier persona para declarar ante las mismas». Si el compareciente en cuestión se niega a asistir a la sesión puede incurrir en el delito recogido en el artículo 502 del Código Penal.
Dicha norma establece que «los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia». El último precedente conocido de un reo que salió de prisión para declarar en una comisión de investigación parlamentaria ocurrió cuando compareció en el Congreso uno de los condenados por los atentados yihadistas cometidos en Cataluña en agosto de 2017.
En aquella tensa sesión, Mohammed Houli Chemnal entró en la Cámara Baja engrilletado y atribuyó al CNI un conocimiento previo de los atentados, hasta que los diputados del PP dejaron la Sala Prim ante la «vergüenza» por aquel «espectáculo».
El jueves, tras comparecer ante los senadores de la comisión de investigación, José Luis Ábalos regresará a su celda en Soto del Real. Pero cabe la posibilidad de que le queden apenas unos días de reclusión, dado que el Tribunal Supremo revisará la imposición de esta medida cautelar exactamente una semana más tarde, el jueves 15 de enero.
La Sala de lo Penal ha convocado para ese día a las 10.30 horas una vista para estudiar los recursos de apelación que plantearon Ábalos y su exasesor contra el ingreso en la cárcel dictado por Leopoldo Puente el 27 de noviembre. Los letrados de el exministro y de Koldo García —Carlos Bautista y Leticia de la Hoz, respectivamente— recurrieron el auto del juez instructor. Bautista apuntó en su escrito que no existían las «mordidas millonarias» de las que hablaba el juez Hurtado, y alegó que se había vulnerado el derecho de su cliente a la tutela judicial efectiva.
La letrada de Koldo García, por su parte, apuntó al origen «legítimo» del patrimonio de su representado y defendió en el escrito que la medida de prisión provisional es «insostenible».
La razón que llevó a Puente a dictar la prisión provisional fue el «extremo» riesgo de fuga, acrecentado por la decisión de enviar a Ábalos, Koldo García y Aldama a un juicio oral por la trama de las mascarillas. El instructor procesó a los tres el día 3 de noviembre, y la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares solicitaron elevadas penas para el exministro y quien fuera su mano derecha. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para García. Las acusaciones solicitan 30 años para cada uno de ellos.
Esta circunstancia, unida a los indicios de que ambos cuentan con «recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga» y tienen «contactos en el extranjero», llevó al magistrado a acordar el ingreso en la cárcel, a solicitud de Anticorrupción y las acusaciones.
20MINUTOS.ES – Nacional
