El Tribunal Supremo no elevará a la Unión Europea (UE) la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno, ni tampoco suspenderá este proceso extraordinario mediante el cual se prevé que un millón de inmigrantes ‘sin papeles’ consigan un permiso para vivir y trabajar en España durante un año. El alto tribunal responde, así, a los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, a quienes planteó la posibilidad de trasladar el decreto de regularización a Europa para que formule una «cuestión prejudicial interpretativa» sobre la norma.
Hace poco más de una semana —el mismo día en el que se cerraron las ventanillas habilitadas para presentar las solicitudes de regularización— el Supremo dio a ambas comunidades la opción de llevar el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este valore si la medida del Ejecutivo «podía entrar en colisión» con el derecho comunitario y, en concreto, con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024. El alto tribunal tenía hasta esta semana para pronunciarse y emitir una decisión, que finalmente ha consistido en dejar que el proceso siga su curso, al menos por ahora.
Según ha informado el Supremo en un comunicado, los magistrados han adoptado su decisión por unanimidad tras escuchar las alegaciones de las partes —los dos gobiernos autonómicos, por un lado; y la Abogacía del Estado en representación del Gobierno, por otra—, y entiende que «una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión —ante el TJUE— en este momento procesal«.
Finalmente, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) ha descartado esta opción y ha rechazado paralizar el proceso de regularización, una vez más, en respuesta a las comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón) que presentaron un recurso y pidieron la suspensión cautelar.
El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo de la norma, pues hasta ahora lo único que ha hecho es rechazar las cautelares y descartar elevarlo a la Unión Europea, pero no ha entrado todavía a valorar a fondo el contenido de la regularización del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, se ha mostrado muy seguro desde el principio, y confía en la validez jurídica de un texto que, asegura, ha pasado por todos los filtros.
Así lo manifestó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando la semana pasada se puso sobre la mesa la posibilidad de llevar el decreto a Europa. El departamento de Elma Saiz apeló entonces a la tranquilidad y aseguró que el proceso podría alargarse varios meses hasta que el TJUE fallase al respecto y que, para entonces, ya se habrían resuelto, si no todas, la inmensa mayoría de las solicitudes de regularización.
Casi 1,2 millones de peticiones
En total, el Ejecutivo ha recibido casi 1,2 millones de peticiones y ahora el proceso está en fase de subsanar la documentación necesaria y valorar cuáles se dan por buenas. Aunque las entidades sociales colaboradoras en todo el proceso calculan que la cifra definitiva rondará el millón, pues los requisitos eran tan laxos —haber llegado a España antes de enero de 2026, acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida y carecer de antecedentes penales— que lo más probable es que acaben concediéndose casi todas las solicitudes.
Concretamente, y según los datos aportados por el propio ministerio el día que culminó la regularización, se ha registrado un total de 1.174.978 peticiones, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, que, cuando aprobó el decreto, calculó en poco más de medio millón de beneficiarios. De ese total, ya se habían registrado el 1 de julio, al menos provisionalmente, más del 52% de las peticiones (más de 608.000 expedientes), que se han concentrado en mayor medida en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. El perfil que dibujan los primeros datos es el de un solicitante joven (el 81% tiene menos de 45 años) y procedente mayoritariamente de países de América Central y del Sur (el 67%) o de África (22,9%).
Los magistrados consideran que «no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal». También rechazan suspender el proceso de regularización.
El Tribunal Supremo no elevará a la Unión Europea (UE) la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno, ni tampoco suspenderá este proceso extraordinario mediante el cual se prevé que un millón de inmigrantes ‘sin papeles’ consigan un permiso para vivir y trabajar en España durante un año. El alto tribunal responde, así, a los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, a quienes planteó la posibilidad de trasladar el decreto de regularización a Europa para que formule una «cuestión prejudicial interpretativa» sobre la norma.
Hace poco más de una semana —el mismo día en el que se cerraron las ventanillas habilitadas para presentar las solicitudes de regularización— el Supremo dio a ambas comunidades la opción de llevar el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que este valore si la medida del Ejecutivo «podía entrar en colisión» con el derecho comunitario y, en concreto, con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024. El alto tribunal tenía hasta esta semana para pronunciarse y emitir una decisión, que finalmente ha consistido en dejar que el proceso siga su curso, al menos por ahora.
Según ha informado el Supremo en un comunicado, los magistrados han adoptado su decisión por unanimidad tras escuchar las alegaciones de las partes —los dos gobiernos autonómicos, por un lado; y la Abogacía del Estado en representación del Gobierno, por otra—, y entiende que «una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión —ante el TJUE— en este momento procesal«.
Finalmente, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) ha descartado esta opción y ha rechazado paralizar el proceso de regularización, una vez más, en respuesta a las comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón) que presentaron un recurso y pidieron la suspensión cautelar.
El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo de la norma, pues hasta ahora lo único que ha hecho es rechazar las cautelares y descartar elevarlo a la Unión Europea, pero no ha entrado todavía a valorar a fondo el contenido de la regularización del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, se ha mostrado muy seguro desde el principio, y confía en la validez jurídica de un texto que, asegura, ha pasado por todos los filtros.
Así lo manifestó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando la semana pasada se puso sobre la mesa la posibilidad de llevar el decreto a Europa. El departamento de Elma Saiz apeló entonces a la tranquilidad y aseguró que el proceso podría alargarse varios meses hasta que el TJUE fallase al respecto y que, para entonces, ya se habrían resuelto, si no todas, la inmensa mayoría de las solicitudes de regularización.
En total, el Ejecutivo ha recibido casi 1,2 millones de peticiones y ahora el proceso está en fase de subsanar la documentación necesaria y valorar cuáles se dan por buenas. Aunque las entidades sociales colaboradoras en todo el proceso calculan que la cifra definitiva rondará el millón, pues los requisitos eran tan laxos —haber llegado a España antes de enero de 2026, acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida y carecer de antecedentes penales— que lo más probable es que acaben concediéndose casi todas las solicitudes.
Concretamente, y según los datos aportados por el propio ministerio el día que culminó la regularización, se ha registrado un total de 1.174.978 peticiones, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, que, cuando aprobó el decreto, calculó en poco más de medio millón de beneficiarios. De ese total, ya se habían registrado el 1 de julio, al menos provisionalmente, más del 52% de las peticiones (más de 608.000 expedientes), que se han concentrado en mayor medida en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. El perfil que dibujan los primeros datos es el de un solicitante joven (el 81% tiene menos de 45 años) y procedente mayoritariamente de países de América Central y del Sur (el 67%) o de África (22,9%).
20MINUTOS.ES – Nacional
