El rearme de países autoritarios marca el debate sobre el gasto en defensa en un contexto global de crecientes riesgos y amenazas exteriores. Leer El rearme de países autoritarios marca el debate sobre el gasto en defensa en un contexto global de crecientes riesgos y amenazas exteriores. Leer
La seguridad es un bien público imprescindible para garantizar el bienestar general de la sociedad y la protección de todos sus miembros. La seguridad es un bien público no rival porque su disfrute individual no reduce la capacidad de consumo del resto de personas, y es no excluible porque no se puede relegar a nadie de su beneficio. Por ello, su provisión es ardua porque favorece por igual a los consumidores que cooperan en su financiación y a los que no lo hacen, generando la conocida situación del free rider o del gorrón, un fallo de mercado que obliga a su dotación pública.
La seguridad, en sus diferentes dimensiones -seguridad ciudadana, defensa nacional, prevención de incendios o catástrofes naturales…-, es además un bien público intangible o inmaterial, y por ello su cuantificación es más compleja que la de un bien público material, por ejemplo, una carretera.
La seguridad, para complicarlo más, además de ser inmaterial depende de otros bienes públicos intangibles como, por ejemplo, la calidad de la democracia y del Estado de derecho, la cohesión social y la cultura de paz vigentes.
En este contexto, aunque el valor de la seguridad sea difícil de calcular, es fácil reconocer como sociedad que las inversiones en educación, sanidad, calidad institucional y democrática, vivienda, cohesión social, cultura o protección del medioambiente pierden efectividad y se debilitan hasta el punto de poder llegar a no ser prioritaria si no existen unos mínimos de seguridad. El mejor ejemplo que tenemos hoy es Ucrania, invadida por una dictadura que quiere erradicar su sociedad e impedir que sea una democracia europea más.
Ucrania muestra también la importancia que presenta la defensa como elemento de la seguridad. La defensa es un bien público fundamental para la seguridad y estabilidad de un país. La defensa implica la protección de la población, del territorio y de los elementos e intereses que garantizan un modelo de sociedad frente a amenazas externas. Disponer de unas fuerzas armadas modernas es clave para garantizar la convivencia democrática. Invertir en ellas es invertir en paz porque la disuasión es fundamental para garantizarla. La seguridad es un bien público intangible, difícilmente cuantificable, pero la inversión en defensa sí lo es, como lo es también la eficacia de las fuerzas armadas en términos comparativos frente a posibles amenazas.
La pregunta pertinente es si Europa y España invierten lo suficiente para generar una capacidad disuasoria que garantice la paz y si, con el gasto actual, se puede garantizar la total exclusión de amenazas o riesgos en el ámbito de responsabilidad de la defensa.
La respuesta es necesariamente distinta a la que como bien público se ofrecería respecto a una carretera, porque la defensa no es un bien público tangible, aunque exige gasto y producción de bienes para lograr ese fin y la existencia de una organización muy sofisticada, el ejército. Además, su naturaleza es función de factores externos. Se puede estimar el uso que va a tener una infraestructura pública, es algo doméstico, pero no es tan sencillo medir una amenaza externa.
Ello obliga a estudiar el entorno, la geopolítica, un análisis que exige globalidad. El grado de riesgo o amenaza siempre es subjetivo y cambiante, y nunca es cero. En 2025 la principal amenaza para nuestro modo de vida proviene de Rusia, pero no exclusivamente porque hay otras de otro tipo como determinados rearmes en nuestro vecindario o más lejos.
Así mismo, el repliegue militar y como garante democrático de los EEUU aumenta la vulnerabilidad de las democracias que dependían de sus capacidades para generar una disuasión, hoy, muy debilitada. Los cambios son tales que, por ejemplo, la nueva actitud de los EEUU obliga a Canadá a armarse para reforzar su capacidad de disuasión incluso ante los propios Estados Unidos. Canadá, históricamente, el país de la OTAN con menor gasto en defensa sobre el PIB porque basaba su seguridad en una entente fraternal con unos EEUU que ya no existen.
¿Existe entonces un gasto óptimo en defensa? La respuesta es no, porque depende de las circunstancias de cada momento. En democracia el gasto en defensa funciona como una vacuna, un instrumento de disuasión, en función de la intangible dimensión de la amenaza. Funciona como un seguro ante una contingencia potencial y, como las vacunas que nos protegen de los virus, genera negacionismo y un rechazo irracional e incluso delirante.
El gasto óptimo en defensa crece con el grado de riesgo y amenaza exterior, que aumentan impulsados por la tecnología, la automatización del armamento y la deshumanización autoritaria de los conflictos. Es un gasto que no retrae recursos de la educación o de la sanidad, pero que sí puede ser un gasto adicional, del 2% del PIB, del 5% o del 25% si es necesario, que se lo pregunten a los ucranianos. El gasto óptimo en defensa es simplemente aquel que, después de una crisis o conflicto, a posteriori, te garantiza no arrepentirte por no haber invertido más antes.
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