Han anunciado la construcción de 15.000 viviendas al año con el fondo España Crece. ¿Cuándo lo podrán en marcha?

Este instrumento continuará con el impulso a la colaboración público-privada que hemos potenciado gracias al Plan de Recuperación, con el que hemos promovido más de 20.000 viviendas. Se trata de sortear las dificultades de financiación que tienen la vivienda industrializada y los proveedores sociales. Tiene que tener el visto bueno de la Comisión Europea a mediados de año y, a partir de ahí, empezará ese acompañamiento.

¿Qué incentivos darán a los inversores para atraerlos hacia el alquiler asequible?

Estamos trabajando los detalles con el ICO. Esta es una política lenta, no se puede engañar a la ciudadanía, pero vamos a llegar al objetivo de dotarnos de un parque estatal similar a la media europea, en torno al 9%. La crisis de la vivienda es global, pero España tiene especial debilidad por la ausencia de un parque público.

¿No es un objetivo muy ambicioso para lo que queda de legislatura?

Es la ambición que se requiere para dar respuesta a esta crisis y para no repetirla cada diez años. Vamos a construir un sistema público que garantice que la vivienda sea un derecho, como la educación o la sanidad.

Uno de los desarrollos más grandes que tienen entre manos es el de Campamento, en Madrid. ¿Qué falta para empezar con la urbanización?

Ya estamos con las obras de demolición. Falta aprobar el proyecto definitivo de urbanización. El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a tenerlo en el próximo trimestre. Nosotros ya hemos remitido todos los informes necesarios y tenemos todo listo para acompasar las obras de urbanización con la edificación.

¿Hace falta más control en la adjudicación de viviendas públicas, visto lo ocurrido en Alicante?

Sin duda. Ese escándalo no es un accidente. Es el modelo del PP de no perseguir los pisos turísticos ilegales, no congelar los alquileres y poner alfombra roja a los especuladores. Han privatizado los sistemas de demanda y adjudicación de vivienda pública con una finalidad: entregarlas a los de siempre. En Alzira hemos visto a jóvenes acampados a la puerta de una inmobiliaria privada a la espera de una vivienda pública. Es muy grave. Hemos exigido a la Generalitat que vuelva a poner los controles existentes con Ximo Puig.

¿Qué pueden hacer desde el Ministerio?

Respetamos las competencias autonómicas, pero no puede ser una excusa para especular con viviendas públicas. Vamos a armar un sistema compartido de garantías y lo aseguraremos en las viviendas promovidas desde el Ministerio. Acceder a una vivienda pública no hace de menos a nadie, es un derecho y hay que garantizar lo en condiciones de dignidad. Si para acceder a una vivienda privada entras a un portal, para una pública, también y habrá un proceso con garantías ante notario en las adjudicaciones.

Son muchas las viviendas anunciadas, pero hay gente que no puede pagar el alquiler ahora.

La respuesta estructural es un parque público, pero hay que actuar de urgencia. Y lo estamos haciendo. En Navarra, las zonas tensionadas han bajado un 8% el precio del alquiler. En Cataluña, también. Si hay lugares donde no se está congelando el alquiler es solo y exclusivamente responsabilidad del PP. Por querer poner la zancadilla al Gobierno, están complicando la vida a mucha gente.

Ustedes tienen problemas en el Congreso para sacar iniciativas mientras la crisis persiste. ¿Qué margen de actuación tienen?

Yo no voy a parar en el empeño de conformar consensos. Más pronto que tarde el PP se arrepentirá de no haber formado parte de la solución, de no haber sido un partido de Estado. Confío cada vez menos en ellos, pero mi obligación es apelar a todos los partidos, porque en la calle ya existe consenso en que hemos de proteger la vivienda pública, que se acabó entregarlas al mejor postor, que hay que intervenir los alquileres, que todas las administraciones tenemos que trabajar… Cada vez que me siento con promotores, constructores, banca y organizaciones sociales nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué en el Parlamento no? Cada diputado y cada partido debería preguntárselo.

¿Temen que la ciudadanía identifique al Gobierno como culpable de no solucionar la crisis y les pase factura en las elecciones?

La ciudadanía es muy inteligente y este Gobierno no actúa con una vocación electoral en torno a la vivienda, sino con la determinación de acabar con el problema para siempre. No hay ninguna administración que esté haciendo tanto como nosotros. Desde la inversión presupuestaria a nuevas fórmulas como la puesta en marcha de una empresa pública. Lo que no puede ser es que existan territorios como Madrid, Málaga o Baleares, donde sus dirigentes están mirando al cielo.

Han anunciado bonificaciones y penalizaciones fiscales para frenar los alquileres, pero sus socios de izquierdas lo rechazan. ¿Cómo pretenden aprobarlo?

Ciertamente nos encontramos con un bloqueo parlamentario que dificulta esa solución, pero apuraremos todas nuestras posibilidades, como hicimos con el fraude en los alojamientos de corta y hemos detectado más de 80.000 pisos turísticos ilegales que corresponde a las comunidades clausurar.

¿Castigar a los caseros pueda reducir la oferta de alquiler?

Es muy importante mantener el parque existente, que en España está mayoritariamente en manos de particulares. Hay que dar seguridad a los caseros para que puedan alquilar sus viviendas a jóvenes y familias. Por eso hemos creado avales para propietarios, para que tengan tranquilidad ante el discurso del miedo.

¿Mantienen la intención de endurecer el alquiler de temporada pese a la falta de apoyos?

Sin ninguna duda. Todavía no es posible un acuerdo en el Congreso, pero no nos rendimos. Este Gobierno ha sacado adelante acuerdos muy complicados y vamos a seguir trabajando. Todo sería más fácil si el PP no hubiera decidido ser irrelevante y dar protagonismo a otros grupos. Es oposición en el Congreso, pero gobierna en la mayoría de administraciones con competencias en materia de vivienda. Feijóo tendría que estar del lado de las respuestas, no bloqueándolas.

¿Descarta la prórroga de contratos por decreto que le piden sus socios de gobierno?

Eso tendría que llevarse al Congreso y Sumar tiene un grupo propio. Nuestro planteamiento es mucho más amplio. No solo me preocupan los contratos en vigor hoy, sino también quien no ha podido acceder a un contrato o quien tiene uno temporal. Para ser más eficaces, este debate deberíamos abordarlo conjuntamente. Los grupos de izquierdas tendríamos que estar exigiendo a la derecha en cada parlamento y cada ayuntamiento que congelen los alquileres, porque con la ley de vivienda ya es posible.

El Congreso vota la semana que viene la prórroga de las medidas antidesahucios. ¿Cómo van las negociaciones?

Espero que sea convalidada. Algunos pueden apuntar solo a un partido, pero yo vuelvo a señalar al PP, que de manera irresponsable en la primera votación comparó al inquilino con dificultades con un okupa, un delincuente. Estamos hablando de casos muy acotados: personas que han padecido un despido o una enfermedad sobrevenida, que tienen menores a cargo… las administraciones tenemos que darles una respuesta, incluso a veces de forma mucho más integral que el simple techo. Pido también una mayor implicación de los servicios sociales y una mayor celeridad a la Justicia.

El Senado aprobó el miércoles su reprobación a iniciativa del PP. ¿Usted está satisfecha con su trabajo?

No puedo estar satisfecha mientras este siga siendo el principal problema de los españoles. Ahora, esa no conformidad no es más que una reafirmación del compromiso por convertir la vivienda en un derecho y consolidarla como quinto pilar del estado de bienestar. Me gustaría que el PP explicara qué reprueba. ¿Que quiera congelar los alquileres?¿Que quiera perseguir los pisos turísticos ilegales? ¿Que esté invirtiendo como no se ha hecho en años? ¿Que quiera que la vivienda pública sea protegida para siempre? Lo que tendría que reprobar el PP es el escándalo de Alicante.