Las protestas de este sábado en Barcelona, que se saldaron con 128 detenidos, la mayoría de ellos menores de edad, tras los graves disturbios en el entorno de la plaza de Catalunya, han abierto un nuevo frente en la precampaña electoral. La violencia ha colocado la seguridad y el orden público en el centro de la disputa política. El president de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha prometido que se averiguará quién está detrás de lo que ha calificado como «actos de violencia gratuita». También ha asegurado que todos los participantes serán identificados y puestos a disposición judicial, y que «pagarán un precio». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado de los disturbios al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acusado a la izquierda de querer «incendiar» la calle tras haberla perdido.
El Ayuntamiento de Barcelona se personará en las causas contra los adultos implicados en los disturbios y contra los padres o responsables legales de los menores. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, que ha defendido el operativo especial con motivo de los disturbios, en el que participaron 524 agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana, y que hoy se reunirá con los comerciantes afectados, después de trasladarles esta maña su «apoyo total». Los comerciantes de Barcelona ya han expresado «decepción, frustración, tristeza y miedo» tras los saqueos del sábado, que dejaron escaparates destrozados y robos en establecimientos. La directora de Barcelona Oberta, Elvira García, ha lamentado que los negocios no recibieran avisos oficiales y ha reclamado indemnizaciones y un canal directo de información con los Mossos. Por su parte, el director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, ha considerado que «el dispositivo policial no estaba a la altura» y ha pedido al Ayuntamiento que se persone también por los daños privados y que las administraciones cubran de inmediato los desperfectos.
Collboni sospecha que alguien difundió la convocatoria «con alguna intencionalidad que no es positiva ni para la ciudad ni para el país ni para la democracia», aunque por ahora no se ha determinado quién está detrás. Los incidentes, en los que participaron más de 500 jóvenes, dejaron 15 agentes heridos, más de 20 comercios saqueados y daños valorados en cerca de 36.000 euros.
La investigación policial sigue abierta. La comisaria jefe de los Mossos d’Esquadra calificó de «inexplicable» la dinámica de los disturbios y explicó que los agentes rastrean, con la colaboración de otras policías europeas, cómo se difundió la convocatoria, que no estaba autorizada y que cobró fuerza principalmente en TikTok. El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, reclamó «actuar con toda la contundencia que permita la ley» para que la violencia y el vandalismo, que considera «intolerables», «no queden impunes».
La investigación sobre el origen de la convocatoria se ha convertido también en un campo de disputa electoral: las formaciones coinciden en reclamar que se esclarezca, pero ofrecen explicaciones opuestas sobre quién puede estar detrás. El PP ha responsabilizado a la izquierda. Desde Salamanca, Alberto Núñez Feijóo atribuyó los disturbios a su «irresponsabilidad» y reprochó a sus dirigentes que «pontifiquen por la paz en el mundo por la mañana» mientras, a su juicio, no la garantizan en España por la noche. «¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?», preguntó. El líder popular prometió que, si gobierna, será «implacable» con quienes atenten contra la convivencia y defenderá la seguridad de todos.
Vox relaciona los incidentes con la migración y el «caos» con el PSOE. Su líder, Santiago Abascal, defendió en una entrevista en La Vanguardia que la identidad catalana forma parte de la española, pero sostuvo que ambas están «amenazadas por el islamismo». «Hoy hay que aplicar un 155 al califato islámico», afirmó. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, presentó las elecciones del 29 de noviembre como una disyuntiva entre que «el caos se instale en las calles de la mano del PSOE» o que «el orden se restablezca de la mano de Vox». También vinculó los disturbios con la presencia de «cientos de jóvenes extranjeros» y advirtió de que lo ocurrido podría dejar de ser excepcional para convertirse en «rutinario».
En la izquierda, el candidato de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, pidió investigar quién está detrás de la convocatoria y sostuvo que los incidentes buscan «desactivar» las movilizaciones reivindicativas de otros jóvenes. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, llamó a «llenar las calles» de forma pacífica y alertó de que la derecha tratará de convertir la violencia y la inseguridad en argumentos para dividir a la clase trabajadora. El candidato de ERC, Gabriel Rufián, fue más allá al apuntar a la extrema derecha: «Si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que la extrema derecha esté detrás». «Huele a operación de Estado», añadió, al advertir de que hay actores que buscan desestabilizar a otros países y frenar gobiernos progresistas.
Junts también rechazó los disturbios, aunque puso el acento en el impacto sobre los comerciantes y en la polarización política. Su candidata al Congreso, Miriam Nogueras, afirmó que Catalunya Wno puede ser un país donde unos suben la persiana cada mañana y otros las revientan por la noche». «Esto no es Francia ni queremos que sea Francia», añadió. Nogueras aseguró que su partido se opone a los extremos y a la polarización que se está viendo en las calles, y defendió que eso no implica equidistancia, sino ponerse del lado de «la gente honrada y trabajadora de este país».
Mientras el PSC apunta a que la convocatoria se difundió con una intencionalidad negativa para la ciudad y para la «democracia», el PP acusa a la izquierda de querer «incendiar» la calle tras haberla perdido.
Las protestas de este sábado en Barcelona, que se saldaron con 128 detenidos, la mayoría de ellos menores de edad, tras los graves disturbios en el entorno de la plaza de Catalunya, han abierto un nuevo frente en la precampaña electoral. La violencia ha colocado la seguridad y el orden público en el centro de la disputa política. El president de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha prometido que se averiguará quién está detrás de lo que ha calificado como «actos de violencia gratuita». También ha asegurado que todos los participantes serán identificados y puestos a disposición judicial, y que «pagarán un precio». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado de los disturbios al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acusado a la izquierda de querer «incendiar» la calle tras haberla perdido.
El Ayuntamiento de Barcelona se personará en las causas contra los adultos implicados en los disturbios y contra los padres o responsables legales de los menores. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, que ha defendido el operativo especial con motivo de los disturbios, en el que participaron 524 agentes de los Mossos y de la Guardia Urbana, y que hoy se reunirá con los comerciantes afectados, después de trasladarles esta maña su «apoyo total». Los comerciantes de Barcelona ya han expresado «decepción, frustración, tristeza y miedo» tras los saqueos del sábado, que dejaron escaparates destrozados y robos en establecimientos. La directora de Barcelona Oberta, Elvira García, ha lamentado que los negocios no recibieran avisos oficiales y ha reclamado indemnizaciones y un canal directo de información con los Mossos. Por su parte, el director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, ha considerado que «el dispositivo policial no estaba a la altura» y ha pedido al Ayuntamiento que se persone también por los daños privados y que las administraciones cubran de inmediato los desperfectos.
Collboni sospecha que alguien difundió la convocatoria «con alguna intencionalidad que no es positiva ni para la ciudad ni para el país ni para la democracia», aunque por ahora no se ha determinado quién está detrás. Los incidentes, en los que participaron más de 500 jóvenes, dejaron 15 agentes heridos, más de 20 comercios saqueados y daños valorados en cerca de 36.000 euros.
La investigación policial sigue abierta. La comisaria jefe de los Mossos d’Esquadra calificó de «inexplicable» la dinámica de los disturbios y explicó que los agentes rastrean, con la colaboración de otras policías europeas, cómo se difundió la convocatoria, que no estaba autorizada y que cobró fuerza principalmente en TikTok. El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, reclamó «actuar con toda la contundencia que permita la ley» para que la violencia y el vandalismo, que considera «intolerables», «no queden impunes».
La investigación sobre el origen de la convocatoria se ha convertido también en un campo de disputa electoral: las formaciones coinciden en reclamar que se esclarezca, pero ofrecen explicaciones opuestas sobre quién puede estar detrás. El PP ha responsabilizado a la izquierda. Desde Salamanca, Alberto Núñez Feijóo atribuyó los disturbios a su «irresponsabilidad» y reprochó a sus dirigentes que «pontifiquen por la paz en el mundo por la mañana» mientras, a su juicio, no la garantizan en España por la noche. «¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?», preguntó. El líder popular prometió que, si gobierna, será «implacable» con quienes atenten contra la convivencia y defenderá la seguridad de todos.
Vox relaciona los incidentes con la migración y el «caos» con el PSOE. Su líder, Santiago Abascal, defendió en una entrevista en La Vanguardia que la identidad catalana forma parte de la española, pero sostuvo que ambas están «amenazadas por el islamismo». «Hoy hay que aplicar un 155 al califato islámico», afirmó. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, presentó las elecciones del 29 de noviembre como una disyuntiva entre que «el caos se instale en las calles de la mano del PSOE» o que «el orden se restablezca de la mano de Vox». También vinculó los disturbios con la presencia de «cientos de jóvenes extranjeros» y advirtió de que lo ocurrido podría dejar de ser excepcional para convertirse en «rutinario».
En la izquierda, el candidato de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, pidió investigar quién está detrás de la convocatoria y sostuvo que los incidentes buscan «desactivar» las movilizaciones reivindicativas de otros jóvenes. La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, llamó a «llenar las calles» de forma pacífica y alertó de que la derecha tratará de convertir la violencia y la inseguridad en argumentos para dividir a la clase trabajadora. El candidato de ERC, Gabriel Rufián, fue más allá al apuntar a la extrema derecha: «Si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que la extrema derecha esté detrás». «Huele a operación de Estado», añadió, al advertir de que hay actores que buscan desestabilizar a otros países y frenar gobiernos progresistas.
Junts también rechazó los disturbios, aunque puso el acento en el impacto sobre los comerciantes y en la polarización política. Su candidata al Congreso, Miriam Nogueras, afirmó que Catalunya Wno puede ser un país donde unos suben la persiana cada mañana y otros las revientan por la noche». «Esto no es Francia ni queremos que sea Francia», añadió. Nogueras aseguró que su partido se opone a los extremos y a la polarización que se está viendo en las calles, y defendió que eso no implica equidistancia, sino ponerse del lado de «la gente honrada y trabajadora de este país».
20MINUTOS.ES – Nacional
