La Moncloa está abierta a recibir propuestas concretas de sus socios parlamentarios para reforzar la legislación anticorrupción e intentar retomar la iniciativa tras el terremoto que ha supuesto la presunta implicación de Santos Cerdán en la trama de amaño de contratos públicos del caso Koldo. Pero la parte socialista del Gobierno no ve con buenos ojos la exigencia más específica que ha hecho Sumar: la de reformar la ley para prohibir contratar con la administración a las empresas que hayan participado en prácticas corruptas, puesto que una legislación excesivamente dura y que exija superar demasiados controles podría «estrangular» la contratación pública, consideran fuentes del PSOE en el Ejecutivo.
La líder de Sumar, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, explicitó su propuesta el lunes por la tarde, tras la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Sánchez para testar el estado de la coalición tras las revelaciones sobre Cerdán. Díaz pidió acabar con el «privilegio» de los aforamientos de los dirigentes políticos, pero planteó, especialmente, la necesidad de que ninguna empresa pueda contratar con la administración pública si ha participado en «prácticas corruptas». El razonamiento de la vicepresidenta fue que «no hay corrupción sin corruptores» y, por tanto, las compañías que sobornan también deben tener un castigo para desincentivar este tipo de comportamientos.
Públicamente, el ala mayoritaria del Gobierno, la que controla el PSOE, no se ha pronunciado sobre el asunto. Pero, en privado, fuentes de Moncloa se muestran poco entusiasmadas con una idea que, aseguran, «no es tan sencilla» de llevar a la práctica. «Nosotros vamos a estudiar todo lo que nos trasladen los socios», pero también a analizar «la legalidad de cualquier medida que se proponga», deslizan estas fuentes, que aseguran que, conforme a la legislación actual, «es muy difícil» evitar que una empresa concurra a un concurso público para aspirar a una adjudicación sin vulnerar sus derechos. No obstante, precisamente lo que plantea Sumar es un cambio jurídico para facilitar ese veto.
Otras fuentes, en este caso del Ministerio de Hacienda, que sería uno de los directamente afectados por una modificación legal en este sentido, tampoco ven clara la propuesta de Sumar. «Adelante con las propuestas que hagan los socios, las estudiaremos», pero mientras «no hagan imposible la contratación» pública, explica un dirigente, que asegura que actualmente «la ley de contratos tiene aquilatado todo» y «si lo cambias vas a estrangular la contratación» en las administraciones.
Sumar, no obstante, ha elevado la presión sobre el PSOE y registró este martes en el Congreso (a través de los diputados de Más Madrid, insertos en el grupo que lidera Yolanda Díaz) una proposición de ley justo en esa dirección. La norma, de salir adelante, permitiría la inhabilitación cautelar de contratación con empresas salpicadas en tramas corruptas y su veto temporal para recibir subvenciones, y les prohibiría expresamente optar a concursos públicos si fueran condenadas formalmente por delitos relacionados con la corrupción.
Confianza en los socios
En cualquier caso, Moncloa, aunque es consciente del enorme problema que tiene encima y de que sus aliados parlamentarios exigen más explicaciones, no cree que esté en riesgo inminente de que le abandonen. «A nadie le interesa forzar unas elecciones ahora mismo», consideran las fuentes gubernamentales consultadas, que creen que todos los partidos progresistas (y también los nacionalistas de derechas que apoyan al Gobierno) tienen más que perder que ganar en un adelanto electoral. Incluido, dicen estas fuentes, Podemos, pese a que los morados han sido de largo los más contundentes en sus críticas e incluso han asegurado que el liderazgo de Sánchez está «quebrado».
Hasta el momento, el presidente del Gobierno solo se ha reunido (lo hizo este martes) con Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, exigió «garantías» al Ejecutivo de que cumplirá los acuerdos ya suscritos con los independentistas, pero también admitió que respetará el margen que se ha dado Sánchez para escoger un nuevo número 3 del PSOE. Esta figura será fundamental para Junts, porque Cerdán era la persona de confianza de la Moncloa para negociar con los de Carles Puigdemont y había logrado engrasar una relación que, aunque nunca ha sido idílica, nunca se ha terminado de romper.
Este miércoles, Sánchez continuará su ronda de reuniones con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y con su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Ambos partidos, aunque no se plantean romper con el Gobierno, elevaron este martes el tono: Rufián criticó que el presidente vaya a retrasar su comparecencia en el Congreso hasta el 9 de julio apelando a su agenda internacional, mientras el líder abertzale, Arnaldo Otegi, espetó que la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo ha supuesto «un cambio de pantalla» en la legislatura. La situación es otra y «ya no vale con decir que los otros son peores», aseveró este martes en una entrevista para Radio Euskadi, en la que apuntó que «con eso no se puede sostener una legislatura o un gobierno»
La Moncloa está abierta a recibir propuestas concretas de sus socios parlamentarios para reforzar la legislación anticorrupción e intentar retomar la iniciativa…
La Moncloa está abierta a recibir propuestas concretas de sus socios parlamentarios para reforzar la legislación anticorrupción e intentar retomar la iniciativa tras el terremoto que ha supuesto la presunta implicación de Santos Cerdán en la trama de amaño de contratos públicos del caso Koldo. Pero la parte socialista del Gobierno no ve con buenos ojos la exigencia más específica que ha hecho Sumar: la de reformar la ley para prohibir contratar con la administración a las empresas que hayan participado en prácticas corruptas, puesto que una legislación excesivamente dura y que exija superar demasiados controles podría «estrangular» la contratación pública, consideran fuentes del PSOE en el Ejecutivo.
La líder de Sumar, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, explicitó su propuesta el lunes por la tarde, tras la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Sánchez para testar el estado de la coalición tras las revelaciones sobre Cerdán. Díaz pidió acabar con el «privilegio» de los aforamientos de los dirigentes políticos, pero planteó, especialmente, la necesidad de que ninguna empresa pueda contratar con la administración pública si ha participado en «prácticas corruptas». El razonamiento de la vicepresidenta fue que «no hay corrupción sin corruptores» y, por tanto, las compañías que sobornan también deben tener un castigo para desincentivar este tipo de comportamientos.
Públicamente, el ala mayoritaria del Gobierno, la que controla el PSOE, no se ha pronunciado sobre el asunto. Pero, en privado, fuentes de Moncloa se muestran poco entusiasmadas con una idea que, aseguran, «no es tan sencilla» de llevar a la práctica. «Nosotros vamos a estudiar todo lo que nos trasladen los socios», pero también a analizar «la legalidad de cualquier medida que se proponga», deslizan estas fuentes, que aseguran que, conforme a la legislación actual, «es muy difícil» evitar que una empresa concurra a un concurso público para aspirar a una adjudicación sin vulnerar sus derechos. No obstante, precisamente lo que plantea Sumar es un cambio jurídico para facilitar ese veto.
Otras fuentes, en este caso del Ministerio de Hacienda, que sería uno de los directamente afectados por una modificación legal en este sentido, tampoco ven clara la propuesta de Sumar. «Adelante con las propuestas que hagan los socios, las estudiaremos», pero mientras «no hagan imposible la contratación» pública, explica un dirigente, que asegura que actualmente «la ley de contratos tiene aquilatado todo» y «si lo cambias vas a estrangular la contratación» en las administraciones.
Sumar, no obstante, ha elevado la presión sobre el PSOE y registró este martes en el Congreso (a través de los diputados de Más Madrid, insertos en el grupo que lidera Yolanda Díaz) una proposición de ley justo en esa dirección. La norma, de salir adelante, permitiría la inhabilitación cautelar de contratación con empresas salpicadas en tramas corruptas y su veto temporal para recibir subvenciones, y les prohibiría expresamente optar a concursos públicos si fueran condenadas formalmente por delitos relacionados con la corrupción.
En cualquier caso, Moncloa, aunque es consciente del enorme problema que tiene encima y de que sus aliados parlamentarios exigen más explicaciones, no cree que esté en riesgo inminente de que le abandonen. «A nadie le interesa forzar unas elecciones ahora mismo», consideran las fuentes gubernamentales consultadas, que creen que todos los partidos progresistas (y también los nacionalistas de derechas que apoyan al Gobierno) tienen más que perder que ganar en un adelanto electoral. Incluido, dicen estas fuentes, Podemos, pese a que los morados han sido de largo los más contundentes en sus críticas e incluso han asegurado que el liderazgo de Sánchez está «quebrado».
Hasta el momento, el presidente del Gobierno solo se ha reunido (lo hizo este martes) con Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, exigió «garantías» al Ejecutivo de que cumplirá los acuerdos ya suscritos con los independentistas, pero también admitió que respetará el margen que se ha dado Sánchez para escoger un nuevo número 3 del PSOE. Esta figura será fundamental para Junts, porque Cerdán era la persona de confianza de la Moncloa para negociar con los de Carles Puigdemont y había logrado engrasar una relación que, aunque nunca ha sido idílica, nunca se ha terminado de romper.
Este miércoles, Sánchez continuará su ronda de reuniones con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y con su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Ambos partidos, aunque no se plantean romper con el Gobierno, elevaron este martes el tono: Rufián criticó que el presidente vaya a retrasar su comparecencia en el Congreso hasta el 9 de julio apelando a su agenda internacional, mientras el líder abertzale, Arnaldo Otegi, espetó que la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo ha supuesto «un cambio de pantalla» en la legislatura. La situación es otra y «ya no vale con decir que los otros son peores», aseveró este martes en una entrevista para Radio Euskadi, en la que apuntó que «con eso no se puede sostener una legislatura o un gobierno»
20MINUTOS.ES – Nacional
