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La intención del gobierno de llevar a cabo una regularización a gran escala de inmigrantes en situación irregular ha desatado el debate entorno a la pertinencia o no de una medida de estas características. En la parte más estrictamente económica de este debate, se ha puesto como centro de la cuestión la aportación fiscal de la población que se vería beneficiada por la regularización, y en como esta política podría afectar (para bien o para mal) en el «saldo fiscal» que mantienen con respecto a las administraciones públicas.
Esta regularización, además, llegaría en un contexto de un crecimiento especialmente rápido de la población en situación irregular. De acuerdo con estimaciones de Funcas a partir de datos de población del INE, el número de personas residiendo en España en situación irregular casi se habría duplicado entre 2022 y 2025, rozando las 840.000 personas, un dato que apenas superaba los 100.000 en 2017. Adicionalmente, como es habitual en los fenómenos migratorios, las personas llegadas en los últimos tres años (irregulares o no) han tendido a concentrarse en áreas urbanas como es el caso de la Comunidad de Madrid, Cataluña y la costa de la Comunidad Valenciana, que suman cerca de un 45% de la población de origen extranjero que habría llegado a España entre 2021 y 2023.
En el marco del debate sobre el impacto de una regularización sobre las arcas públicas es importante tener en cuenta que, de facto, la aportación actual de las personas en situación irregular a las arcas públicas se canaliza a través del IVA y otros impuestos indirectos. Precisamente, uno de los efectos esperados de políticas de regularización es el permitir sacar de la economía sumergida al menos a una parte de la población en situación irregular para lograr que su contribución se extienda a los impuestos directos, cotizaciones sociales e IRPF, que representan algo más de dos tercios de la recaudación total del sector público.
Para entender qué efectos puede llegar a tener la regularización sobre las finanzas del sector público, así como sobre el mercado laboral de forma más general, España dispone de evidencia especialmente valiosa que evalúa el último gran episodio de regularización, producido en 2005. Los investigadores Ferran Elias, Joan Monras y Javier Vázquez-Grenno publicaron recientemente sus resultados al respecto a partir del uso de microdatos administrativos, aplicando técnicas de evaluación causal para aislar el efecto de aquella regularización en diferentes ámbitos de interés como el presupuesto público, el empleo y los salarios.
Sus resultados apuntan a un efecto positivo y claro en materia de recaudación de cotizaciones sociales. Concretamente, la contribución adicional alcanza los 5.500€ en régimen general, en el que cotiza la mayoría de los trabajadores, con una pequeña caída en las cotizaciones sociales por prestaciones por desempleo, dejando el efecto final cerca de los 5.000€ per cápita adicionales. Sin embargo, es posible que este efecto se viese compensado por un mayor uso de los servicios públicos por parte de los inmigrantes regularizados, por lo que los autores estimaron modelos adicionales para tener en cuenta ese posible efecto. En el caso del uso de educación y sanidad, no encontraron efecto significativo de un mayor uso en las provincias más expuestas a la regularización.
Merece la pena destacar que estos resultados no implican que los inmigrantes regularizados, a lo largo de su ciclo vital, vayan a tener un impacto fiscal positivo sobre las cuentas públicas. Simplemente apuntan a que el efecto de la propia regularización mejora esa contribución al permitir que, al menos, incrementen su contribución en forma de cotizaciones sociales y, presumiblemente, IRPF. De hecho, en un país como España, que presenta un fuerte desequilibrio actuarial en su sistema de pensiones, es razonable pensar que la mayor contribución actual en forma de cotizaciones sociales se verá más que compensada por un mayor gasto del sector público en pensiones cuando estos inmigrantes terminen su vida laboral.
El análisis del impacto fiscal de la regularización es, sin embargo, solo uno de los muchos efectos que puede tener esta política que, en última instancia, representa un cambio de precios relativos del trabajo entre diferentes grupos de ocupados. De hecho, los autores encuentran que uno de los efectos más fuertes de la regularización está en la creación de empleo formal, pero que en gran medida fue compensado por la destrucción de empleo en la economía sumergida. En ese sentido, los autores del trabajo identifican dos grandes movimientos que afectaron al mercado laboral como consecuencia de la regularización, el encarecimiento de los trabajadores inmigrantes (la mayoría poco cualificados) por las cotizaciones sociales, y el fuerte incremento de la inspección laboral que acompañó a la regularización.
Aunque el empleo de los trabajadores nacidos en España no se vio significativamente afectado de acuerdo con las estimaciones de los autores, el efecto sobre los salarios fue fuerte, estadísticamente significativo y positivo. En el caso de los trabajadores nacidos en España con un alto nivel educativo, la razón tras este efecto está en un cambio de precios relativos en el mercado laboral. El encarecimiento relativo de los trabajadores inmigrantes de baja cualificación por la regularización volvió a los nativos altamente formados relativamente más baratos, incrementando la demanda de ese perfil de trabajadores por parte de las empresas y, en última instancia, haciendo crecer sus salarios.
En el caso de los inmigrantes de baja cualificación, los autores encuentran un efecto negativo de la regularización sobre sus salarios, si bien en buena parte puede explicarse simplemente por un efecto composición. Al tener los inmigrante irregulares salarios medios por debajo de los trabajadores inmigrantes que sí estaban en la economía formal, la inclusión de los primeros en las estadísticas salariales generó una caída del salario medio. Al final, ambos efectos convergieron en un crecimiento de la brecha salarial entre trabajadores nativos e inmigrantes como consecuencia de la regularización.
La evidencia sobre los efectos de la regularización de 2005 deja claro que la ganancia fiscal de una regularización depende crucialmente de que venga acompañada de un refuerzo decidido de la inspección laboral. Fue en parte ese endurecimiento, más que la propia concesión de permisos, lo que forzó y mantuvo la formalización y generó más recaudación real. Sin embargo, una regularización es, en primer lugar, un cambio de precios y la demanda en el mercado laboral, con efectos derivados sobre la recaudación. En ese sentido, los efectos que se observaron en 2005 — destrucción de empleo informal, encarecimiento del trabajo poco cualificado, subida salarial de los trabajadores más formados — operarían hoy en un contexto muy distinto, con un salario mínimo considerablemente más alto y una regulación laboral diferente tras las reformas de los últimos años, lo que hace más difícil extrapolar su impacto y justifica una evaluación causal en el futuro por parte de las administraciones públicas.
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