¿Sostenibilidad o eficiencia?

A un mes de las elecciones del 29 de noviembre, el Estado ha vuelto al centro de la conversación pública. Los candidatos discuten sobre su tamaño, sobre lo que cuesta y sobre quién debe pagarlo. Pero rara vez se detienen en una cuestión previa: para qué existe el Estado y qué recibe la sociedad a cambio de sus impuestos. Para analizarlo, conviene una ficción contable: aunque el presupuesto es un fondo común, asignemos a cada Estado los ingresos que su lógica económica le atribuye.

A finales del siglo XVIII, Adam Smith le asignó al Estado tres deberes: proteger a la sociedad de la violencia, administrar justicia y levantar las obras públicas que ningún particular emprendería. El Estado liberal existe para garantizar los derechos de propiedad y el buen funcionamiento del mercado. En España se financia con tasas, el Impuesto sobre Sociedades y otros impuestos al capital y a la actividad empresarial, y con ellos paga la justicia, la seguridad, la defensa, la Administración y las políticas de apoyo a las empresas. Este Estado genera un superávit de unos 2 puntos de PIB, por lo que su financiación no parece estar en cuestión.

Un siglo más tarde, Bismarck puso en pie el Estado asegurador, que cubre al trabajador frente a la enfermedad, el accidente, el desempleo o la vejez. Este Estado orbita alrededor del mercado laboral, porque se financia con cotizaciones sobre el salario. Con casi 23 millones de ocupados y el paro en mínimos desde 2008, las cotizaciones han pasado del 12,6% del PIB en 2007 al 13,2% en 2025. Pero las pensiones de jubilación han subido del 6,1% al 10,3%, mientras el desempleo y la incapacidad se mantienen en torno al 3% del PIB. A pesar del actual dinamismo del empleo y de las cotizaciones, el saldo del Estado asegurador es hoy prácticamente nulo, frente al superávit de unos 3,5 puntos que arrojaba en 2007.

En 1942, William Beveridge se propuso derrotar a los «cinco gigantes»: la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad. De ahí nace el Estado del bienestar universal, que presta servicios educativos, sanitarios y de asistencia social a todos los ciudadanos y se financia con impuestos sobre la renta y el consumo. Su saldo está hoy, como en 2007, prácticamente en equilibrio, en parte gracias a las subidas de impuestos de la última década y media.

Una vez cubierta la factura de los tres Estados, quedan por atender el servicio de la deuda y el mantenimiento del capital público. Los intereses netos y el consumo de capital fijo suman en torno al 4% del PIB, de modo que el saldo final, equivalente al ahorro neto de las Administraciones, arroja un déficit de 1,7 puntos. Ese déficit no solo refleja la insuficiencia de recursos para mantener el capital público, sino también el escaso margen para invertir en nuevos motores de crecimiento, convirtiendo al Estado inversor en el gran damnificado.

En el actual contexto, el Estado inversor está obligado a financiar con deuda tanto la nueva obra pública que demandaba Smith como el conocimiento y el desarrollo tecnológico, los principales motores del crecimiento según Paul Romer, premio Nobel de Economía en 2018. Cada euro destinado a inversión pública puede generar hasta 1,5 euros de PIB a los cuatro años, porque eleva la productividad y atrae inversión privada. El mecanismo es sencillo: una inversión que mejora la capacidad productiva amplía la base sobre la que se recaudan impuestos y cotizaciones y puede reducir el peso de la deuda sobre el PIB.

La experiencia española ilustra el coste de ignorar esta relación. La inversión pública neta pasó del 2,7% del PIB en 2007 al 0,6% en 2025. Si se hubiera mantenido aquel nivel, el PIB sería hoy unos 3 puntos mayor y el Estado podría recaudar unos 20.000 millones de euros adicionales al año, según el escenario estimado. La próxima crisis pondrá de nuevo a prueba las cuentas públicas: el aumento del paro y la caída de las cotizaciones, como entre 2008 y 2012, podrían llevar al Estado asegurador a un déficit de entre 1 y 2 puntos de PIB. Si volvemos a afrontar esa presión con las soluciones más ineficientes -recortar inversión productiva o elevar los impuestos más distorsionadores-, seguiremos reduciendo la sostenibilidad futura de nuestras cuentas públicas.

En los debates de las próximas semanas, se discutirá cuánto suben las pensiones o quién baja impuestos. Son preguntas legítimas, pero insuficientes si olvidan la urgencia de evaluar la eficiencia de nuestro gasto público. Sin esa evaluación, corremos el riesgo de construir un Estado miope, centrado en financiar sus compromisos presentes a costa de la capacidad económica que permitirá atender los futuros. Porque la eficiencia del gasto público no es el coste de la sostenibilidad, sino la condición para mantenerla en el tiempo.

*Víctor Ausín Rodríguez es Socio de aimTFP.

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