El Ministerio de Trabajo prepara un plan para que la caída del decreto ómnibus del Gobierno no deje en el limbo la aplicación del salario mínimo interprofesional. El decreto derribado este miércoles en el Congreso por PP, Vox y Junts incluía la prórroga del salario mínimo de 2024, es decir, 1.134 euros al mes en 14 pagas, para evitar que se produjera un vacío legal mientras el Ejecutivo negocia con los agentes sociales una nueva subida para este año.
El rechazo del Congreso al decreto implica, de facto, que ahora mismo en España no existe un salario mínimo obligatorio. En consecuencia, teóricamente una empresa podría contratar a un trabajador pagándole cualquier salario acordado por las dos partes mientras no se apruebe otro decreto. Para evitar que se produzca esa laguna, el departamento que dirige Yolanda Díaz está buscando vías a las que acudir hasta que haya una solución más definitiva.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha especificado que el ministerio va a publicar una pauta interpretativa con orientaciones a las empresas que dejen claro que hay que seguir respetando el salario mínimo de 2024. Esa pauta se traducirá, probablemente, en una instrucción de la dirección general de Trabajo, ha aclarado Pérez Rey.
El número dos de Yolanda Díaz en el ministerio ha garantizado que esta situación «no va a afectar negativamente» a las vidas de quienes cobran el SMI. En todo caso, ha asegurado que la subida del salario mínimo que se apruebe para 2025 —todavía en negociación entre CEOE sindicatos y Trabajo— tendrá efectos retroactivos, por lo que nadie perderá salario.
La necesidad de esos requiebros legales se explica por la naturaleza temporal del salario mínimo, que hace que sea imprescindible que siempre haya un decreto en vigor que explicite cuál es la retribución mínima que se puede abonar por ley. Por ello, cuando en un año todavía no se ha llegado a un acuerdo, se prorroga la cuantía del ejercicio anterior para evitar que desaparezca el umbral.
«Ahora mismo no hay salario mínimo para 2025. Eso significa teóricamente que un empresario podría contratar a un trabajador sin necesidad de respetar un mínimo previsto legalmente«, sostiene Ana de la Puebla, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en conversación con 20minutos. No obstante, la jurista matiza que en la práctica es muy poco probable que esto suceda, precisamente por la prometida retroactividad de la subida futura.
Este mismo miércoles Trabajo se ha reunido con los agentes sociales para tratar de cerrar una cifra. La reunión ha concluido sin acuerdo después de que el departamento de Díaz haya rechazado la propuesta de CEOE de elevar el salario mínimo un 3% al considerarla insuficiente. El ministerio ha emplazado a los agentes sociales a un nuevo encuentro el miércoles 29 de enero, pero ya ha empezado los trabajos previos para tramitar por la vía de urgencia el incremento.
El Gobierno garantiza también las pensiones
La no convalidación del decreto ómnibus ha provocado incertidumbre también entre el colectivo de los pensionistas. El macrodecreto decaído incluía también la revalorización de las pensiones contributivas y clases pasivas en un 2,8%, con subidas superiores en las pensiones mínimas (6%) y en las no contributivas y el ingreso mínimo vital (9%). Estamos hablando de rentas que perciben unas 12 millones de personas en España.
Fuentes de Seguridad Social aseguran que el cobro de estas rentas con la revalorización acordada está garantizada en enero. La nómina que reciban los pensionistas en los próximos días vendrá con la subida. En cambio, si el Ejecutivo no aprueba un nuevo decreto o adopta medidas para subsanar la situación, en febrero la nómina volvería a ser la misma del año pasado. La vía más rápida para subsanar este asunto es la aprobación de otro decreto que después tendría que ser convalidado.
Dentro del ámbito de la Seguridad Social, el rechazo del Congreso al decreto tiene otras consecuencias. Junto a la revalorización de las pensiones también ha decaído la subida en las cotizaciones sociales del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el aumento de la base máxima de cotización y la entrada en vigor de la cuota de solidaridad (una subida de cotizaciones a los salarios más elevados que no genera derechos a cobrar más pensión).
Aunque PP y Vox han votado en contra del decreto, están a favor de impulsar un nuevo texto que incluya solo esta medida para evitar que los pensionistas se queden sin la revalorización. Justo después de conocerse que el decreto caía, el PP ha anunciado que ha registrado una proposición de ley para garantizar la subida de las pensiones. Un procedimiento que, previsiblemente, se demoraría durante algunos meses hasta que se resolviese incluso por la vía de urgencia.
Más allá de las pensiones y el salario mínimo, el revés parlamentario se ha llevado por delante otras medidas de carácter económico como las subvenciones al transporte público para financiar descuentos, algunas ayudas a las víctimas de la DANA o la prohibición en los cortes de suministro.
El Gobierno asegura que el cobro de la subida de las pensiones está garantizado en enero pese al revés parlamentario.
El Ministerio de Trabajo prepara un plan para que la caída del decreto ómnibus del Gobierno no deje en el limbo la aplicación del salario mínimo interprofesional. El decreto derribado este miércoles en el Congreso por PP, Vox y Junts incluía la prórroga del salario mínimo de 2024, es decir, 1.134 euros al mes en 14 pagas, para evitar que se produjera un vacío legal mientras el Ejecutivo negocia con los agentes sociales una nueva subida para este año.
El rechazo del Congreso al decreto implica, de facto, que ahora mismo en España no existe un salario mínimo obligatorio. En consecuencia, teóricamente una empresa podría contratar a un trabajador pagándole cualquier salario acordado por las dos partes mientras no se apruebe otro decreto. Para evitar que se produzca esa laguna, el departamento que dirige Yolanda Díaz está buscando vías a las que acudir hasta que haya una solución más definitiva.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha especificado que el ministerio va a publicar una pauta interpretativa con orientaciones a las empresas que dejen claro que hay que seguir respetando el salario mínimo de 2024. Esa pauta se traducirá, probablemente, en una instrucción de la dirección general de Trabajo, ha aclarado Pérez Rey.
El número dos de Yolanda Díaz en el ministerio ha garantizado que esta situación «no va a afectar negativamente» a las vidas de quienes cobran el SMI. En todo caso, ha asegurado que la subida del salario mínimo que se apruebe para 2025 —todavía en negociación entre CEOE sindicatos y Trabajo— tendrá efectos retroactivos, por lo que nadie perderá salario.
La necesidad de esos requiebros legales se explica por la naturaleza temporal del salario mínimo, que hace que sea imprescindible que siempre haya un decreto en vigor que explicite cuál es la retribución mínima que se puede abonar por ley. Por ello, cuando en un año todavía no se ha llegado a un acuerdo, se prorroga la cuantía del ejercicio anterior para evitar que desaparezca el umbral.
«Ahora mismo no hay salario mínimo para 2025. Eso significa teóricamente que un empresario podría contratar a un trabajador sin necesidad de respetar un mínimo previsto legalmente«, sostiene Ana de la Puebla, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en conversación con 20minutos. No obstante, la jurista matiza que en la práctica es muy poco probable que esto suceda, precisamente por la prometida retroactividad de la subida futura.
Este mismo miércoles Trabajo se ha reunido con los agentes sociales para tratar de cerrar una cifra. La reunión ha concluido sin acuerdo después de que el departamento de Díaz haya rechazado la propuesta de CEOE de elevar el salario mínimo un 3% al considerarla insuficiente. El ministerio ha emplazado a los agentes sociales a un nuevo encuentro el miércoles 29 de enero, pero ya ha empezado los trabajos previos para tramitar por la vía de urgencia el incremento.
La no convalidación del decreto ómnibus ha provocado incertidumbre también entre el colectivo de los pensionistas. El macrodecreto decaído incluía también la revalorización de las pensiones contributivas y clases pasivas en un 2,8%, con subidas superiores en las pensiones mínimas (6%) y en las no contributivas y el ingreso mínimo vital (9%). Estamos hablando de rentas que perciben unas 12 millones de personas en España.
Fuentes de Seguridad Social aseguran que el cobro de estas rentas con la revalorización acordada está garantizada en enero. La nómina que reciban los pensionistas en los próximos días vendrá con la subida. En cambio, si el Ejecutivo no aprueba un nuevo decreto o adopta medidas para subsanar la situación, en febrero la nómina volvería a ser la misma del año pasado. La vía más rápida para subsanar este asunto es la aprobación de otro decreto que después tendría que ser convalidado.
Dentro del ámbito de la Seguridad Social, el rechazo del Congreso al decreto tiene otras consecuencias. Junto a la revalorización de las pensiones también ha decaído la subida en las cotizaciones sociales del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el aumento de la base máxima de cotización y la entrada en vigor de la cuota de solidaridad (una subida de cotizaciones a los salarios más elevados que no genera derechos a cobrar más pensión).
Aunque PP y Vox han votado en contra del decreto, están a favor de impulsar un nuevo texto que incluya solo esta medida para evitar que los pensionistas se queden sin la revalorización. Justo después de conocerse que el decreto caía, el PP ha anunciado que ha registrado una proposición de ley para garantizar la subida de las pensiones. Un procedimiento que, previsiblemente, se demoraría durante algunos meses hasta que se resolviese incluso por la vía de urgencia.
Más allá de las pensiones y el salario mínimo, el revés parlamentario se ha llevado por delante otras medidas de carácter económico como las subvenciones al transporte público para financiar descuentos, algunas ayudas a las víctimas de la DANA o la prohibición en los cortes de suministro.
20MINUTOS.ES – Nacional
