Un año de la peor catástrofe en Valencia: así fue el antes, el durante y el después del trágico 29 de octubre que dejó 229 muertos

Hace justo un año, una furia de agua y barro se desató sobre la provincia de Valencia y devastó varias comarcas con un saldo de 229 fallecidos —237 en toda España añadiendo los fallecidos en Castilla La Mancha y Andalucía— y miles de millones de euros en pérdidas materiales. Poblaciones enteras se vieron sumergidas en un torrente de lodo que llegó a alcanzar varios metros de altura y que provocó el ahogamiento de las víctimas en sus propias casas, en garajes intentando poner a salvo sus coches, circulando por las carreteras o en residencias de mayores. Una potente DANA de la que los meteorólogos venían avisando desde el fin de semana anterior descargó ese fatídico martes 29 de octubre de 2024 lluvias torrenciales sobre las cabeceras de dos cuencas, es decir, en el interior: la del río Magro, que inundó Utiel, puso en jaque la presa de Forata y anegó la comarca de la Ribera próxima a su desembocadura, y la del barranco del Poyo a la altura de Chiva, que tras recibir los aportes descontrolados del Gallego y l’Horteta arrasó l’Horta Sud, en el área metropolitana de Valencia, una comarca densamente poblada y atravesada por el cauce en su descenso hacia la Albufera.

Doce meses después, la Comunitat Valenciana se despierta de luto. Un duelo oficial decretado por la Generalitat, pero también íntimo, el de los familiares y amigos de las víctimas, agravado en dos de los casos por no haber encontrado todavía sus cuerpos. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, escenario habitual de conciertos y de actos festivos y lúdicos, acoge este miércoles por la tarde el funeral de Estado presidido por los Reyes Felipe y Letizia y por las máximas autoridades autonómicas, provinciales y locales no solo valencianas sino de toda España.

Antes, durante y después del 29-O

Para comprender la magnitud de la catástrofe, su impacto y sus consecuencias, así como el grado de responsabilidad de quienes intervinieron o, en algunos casos, dejaron de hacerlo, conviene distinguir tres etapas: el antes, el durante y el después del 29-O. En los días previos la Agencia Estatal de Meteorología alertó de la llegada de una DANA a Valencia que traería precipitaciones muy importantes. Eso bastó para que la Universitat de València suspendiera sus clases al día siguiente, al igual que algunos ayuntamientos. A primera hora del martes, el aviso pasó a rojo y comenzaron los problemas en Utiel y en la Ribera, con personas atrapadas en zonas anegadas. A las 12.20 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta hidrológica en la rambla del Poyo, que según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) llevaba 264 metros cúbicos por segundo a su paso por Riba-roja de Túria.

Ante estas dificultades, y tras pedir el auxilio de la Unidad Militar de Emergencias para Utiel, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, imputada en la causa judicial junto a su ex número 2, Emilio Argüeso, convocó para las 17.00 horas el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se alargó durante toda la tarde centrado en la posible rotura de la presa de Forata sin atender al barranco del Poyo hasta que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, vio por redes sociales cómo la barrancada se llevaba por delante un puente de Picanya y habló con la alcaldesa de Paiporta, que le dijo que sus vecinos se iban a ahogar.

Luchando por sobrevivir

Las riadas sorprendieron a miles de personas haciendo su vida normal. Muchas lograron ponerse a salvo por instinto de supervivencia, por mera fortuna o por la intervención de vecinos. Agarrados toda la noche a un arbusto o a una farola, subidos a un puente o rescatados con cuerdas desde un balcón. La alerta a los móviles llegó a las 20.11 horas, cuando muchas víctimas ya habían perecido, y solo alertaba de fuertes lluvias e instaba a no desplazarse. La mayoría de los cadáveres, que en su mayor parte eran de mayores de 70 años, se encontraron en casas particulares y garajes, con Paiporta (45) y Catarroja (25) como núcleos más afectados. En el término de Valencia capital hubo 17 muertos, ya que tres pedanías del sur (la Torre, Castellar-l’Oliveral y el Forn d’Alcedo) también se inundaron. La riada se quedó a las puertas de la capital, separada de su corona metropolitana por el nuevo cauce del río Turia, que esa noche también bajaba inusualmente lleno hacia el mar.

Pesadilla al despertar

Tras aquella terrible tarde-noche, el día después alumbró un panorama apocalíptico. Montañas de coches, de escombros y de muebles mezclados con el lodo se amontonaban en las calles de decenas de municipios. Las administraciones prometieron ayuda, pero la imposibilidad de acceder a tantas localidades a la vez y los cortes en las vías de comunicación lo hicieron imposible. Esta falta de atención inicial a los damnificados provocó que en los primeros días solo pudieron comer, beber y sacar los muebles y utensilios de toda una vida de sus casas gracias al alud de voluntarios que desde la capital valenciana y desde toda España cruzaron a pie los puentes sobre el nuevo cauce del Turia para socorrer y sacar literalmente del fango a quienes lo habían perdido todo. Iban ataviados con escobas, cubos y comida. Tras el agua, se desbordó la solidaridad.

Sin embargo, quedaron a la vista las carencias de las administraciones y, una semana después, fruto de la indignación, la visita de los Reyes y de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat derivó en una lluvia de barro y en momentos de tensión con conatos de agresión que acabaron con el abandono de la comitiva por parte de Pedro Sánchez. Fueron días también de desinformación y bulos alimentados a costa de la desesperación de miles de afectados.

Tras la limpieza llegaron largos meses de evaluar daños, tramitar ayudas y retomar la actividad económica y comercial de la zona cero, muy dañada por el desastre, al tiempo que comenzaba la reconstrucción de las infraestructuras, cuya ausencia hizo además sufrir severos problemas de movilidad a los municipios afectados. Desde entonces, las víctimas han luchado por mantener la memoria de sus familiares fallecidos y los damnificados por rehacer sus vidas y por recuperar una normalidad que, un año después, todavía no han recobrado.

Dos altos cargos imputados y una rendija hacia Mazón en la instrucción judicial

La investigación judicial ha avanzado este año en un modesto juzgado de Catarroja de la mano de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, cuya línea principal apunta a la Generalitat por la tardanza en la reacción de Emergencias y la falta de avisos a la población, que según apunta en sus autos llegó con mensajes a los móviles con un contenido «tardío y erróneo» al no alertar de que había que subir a pisos altos ante la avenida. La instructora centra la vía penal en los homicidios, es decir, en determinar si las muertes se pudieron haber evitado con una gestión sin negligencias.

Los únicos imputados hasta el momento son la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, por homicidio imprudente y lesiones imprudentes, delitos penados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Ambos fueron destituidos por Mazón tres semanas después del 29-O.

El último giro en la instrucción se ha producido hace unos días, tras un auto de la Audiencia de Valencia que ordenó al juzgado la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el jefe del Consell la tarde de la barrancada. Los cambios de versión de ambos respecto a la duración del ágape, a la salida del restaurante el Ventorro y al trayecto del president hasta el Palau han puesto en el foco político nacional de nuevo sobre Mazón, a quien Ruiz Tobarra ha ofrecido en dos ocasiones declarar voluntariamente como investigado por su condición de aforado, opción que este ha rechazado. Esta misma semana, la jueza ha pedido a Les Corts el listado de llamadas del presidente que la Generalitat aportó a la comisión de investigación para cruzarlas con las de Pradas.

Pese a las peticiones de algunas acusaciones, la instructora ha descartado investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y no ve indicios delictivos en la actuación de Aemet y la CHJ, ambos organismos dependientes del Gobierno central.

La reconstrucción, por separado y a un ritmo desigual

En el plano político, la reconstrucción no ha sido única, ya que el Gobierno y la Generalitat han aprobado sus planes y ayudas por separado, sin coordinación más allá de las primeras semanas, cuando compartieron reuniones y pactaron repartirse un listado de infraestructuras municipales. La ausencia de una comisión mixta que reclama el Ejecutivo autonómico se ha reflejado en la nula relación institucional entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón, que no han mantenido un encuentro bileteral específico sobre la DANA.

Dos también son los relatos que sostienen ambas administraciones: el del apagón informativo por parte de las agencias estatales que defiende el Consell (descartado por la jueza de Catarroja) y el que pone el foco en exclusiva en la Generalitat, que abandera el Gobierno central. Mientras el Ejecutivo autonómico prefiere centrarse en la reconstrucción y acusa al Gobierno de Sánchez de no ayudar en el proceso, Moncloa insiste en apuntar al president por su ausencia del Cecopi la fatídica tarde del 29 de octubre.

La recuperación económica también es dual, ya que las medianas y grandes empresas han superado antes y mejor el impacto de la DANA que las pequeñas y los autónomos, de los que se calcula que han bajado la persiana en torno a un 10%. La Generalitat asegura que ha movilizado 2.500 millones de euros para infraestructuras y ayudas, mientras que el Gobierno central eleva su cuantía a los 8.000 millones, cifra en la que incluye al Consorcio de Compensación de Seguros.

En cifras

 El tsunami de agua y lodo desatado por la DANA arrasó media provincia. La zona cero lucha por recuperarse mientras la jueza investiga por qué Emergencias de la Generalitat no alertó. Los voluntarios sostuvieron a los damnificados los primeros días ante la inacción institucional  

Hace justo un año, una furia de agua y barro se desató sobre la provincia de Valencia y devastó varias comarcas con un saldo de 229 fallecidos y miles de millones de euros en pérdidas materiales. Poblaciones enteras se vieron sumergidas en un torrente de lodo que llegó a alcanzar varios metros de altura y que provocó el ahogamiento de las víctimas en sus propias casas, en garajes intentando poner a salvo sus coches, circulando por las carreteras o en residencias de mayores. Una potente DANA de la que los meteorólogos venían avisando desde el fin de semana anterior descargó ese fatídico martes 29 de octubre de 2024 lluvias torrenciales sobre las cabeceras de dos cuencas, es decir, en el interior: la del río Magro, que inundó Utiel, puso en jaque la presa de Forata y anegó la comarca de la Ribera próxima a su desembocadura, y la del barranco del Poyo a la altura de Chiva, que tras recibir los aportes descontrolados del Gallego y l’Horteta arrasó l’Horta Sud, en el área metropolitana de Valencia, una comarca densamente poblada y atravesada por el cauce en su descenso hacia la Albufera. 

Doce meses después, la Comunitat Valenciana se despierta de luto. Un duelo oficial decretado por la Generalitat, pero también íntimo, el de los familiares y amigos de las víctimas, agravado en dos de los casos por no haber encontrado todavía sus cuerpos. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, escenario habitual de conciertos y de actos festivos y lúdicos, acoge este miércoles por la tarde el funeral de Estado presidido por los Reyes Felipe y Letizia y por las máximas autoridades autonómicas, provinciales y locales no solo valencianas sino de toda España. 

Antes, durante y después del 29-O

Para comprender la magnitud de la catástrofe, su impacto y sus consecuencias, así como el grado de responsabilidad de quienes intervinieron o, en algunos casos, dejaron de hacerlo, conviene distinguir tres etapas: el antes, el durante y el después del 29-O. En los días previos la Agencia Estatal de Meteorología alertó de la llegada de una DANA a Valencia que traería precipitaciones muy importantes. Eso bastó para que la Universitat de València suspendiera sus clases al día siguiente, al igual que algunos ayuntamientos. A primera hora del martes, el aviso pasó a rojo y comenzaron los problemas en Utiel y en la Ribera, con personas atrapadas en zonas anegadas. A las 12.20 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta hidrológica en la rambla del Poyo, que según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) llevaba 264 metros cúbicos por segundo a su paso por Riba-roja de Túria.

Ante estas dificultades, y tras pedir el auxilio de la Unidad Militar de Emergencias para Utiel, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, imputada en la causa judicial junto a su ex número 2, Emilio Argüeso, convocó para las 17.00 horas el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se alargó durante toda la tarde centrado en la posible rotura de la presa de Forata sin atender al barranco del Poyo hasta que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, vio por redes sociales cómo la barrancada se llevaba por delante un puente de Picanya y habló con la alcaldesa de Paiporta, que le dijo que sus vecinos se iban a ahogar.

Luchando por sobrevivir 

Las riadas sorprendieron a miles de personas haciendo su vida normal. Muchas lograron ponerse a salvo por instinto de supervivencia, por mera fortuna o por la intervención de vecinos. Agarrados toda la noche a un arbusto o a una farola, subidos a un puente o rescatados con cuerdas desde un balcón. La alerta a los móviles llegó a las 20.11 horas, cuando muchas víctimas ya habían perecido, y solo alertaba de fuertes lluvias e instaba a no desplazarse. La mayoría de los cadáveres, que en su mayor parte eran de mayores de 70 años, se encontraron en casas particulares y garajes, con Paiporta (45) y Catarroja (25) como núcleos más afectados. En el término de Valencia capital hubo 17 muertos, ya que tres pedanías del sur (la Torre, Castellar-l’Oliveral y el Forn d’Alcedo) también se inundaron. La riada se quedó a las puertas de la capital, separada de su corona metropolitana por el nuevo cauce del río Turia, que esa noche también bajaba inusualmente lleno hacia el mar. 

Pesadilla al despertar 

Tras aquella terrible tarde-noche, el día después alumbró un panorama apocalíptico. Montañas de coches, de escombros y de muebles mezclados con el lodo se amontonaban en las calles de decenas de municipios. Las administraciones prometieron ayuda, pero la imposibilidad de acceder a tantas localidades a la vez y los cortes en las vías de comunicación lo hicieron imposible. Esta falta de atención inicial a los damnificados provocó que en los primeros días solo pudieron comer, beber y sacar los muebles y utensilios de toda una vida de sus casas gracias al alud de voluntarios que desde la capital valenciana y desde toda España cruzaron a pie los puentes sobre el nuevo cauce del Turia para socorrer y sacar literalmente del fango a quienes lo habían perdido todo. Iban ataviados con escobas, cubos y comida. Tras el agua, se desbordó la solidaridad. 

Sin embargo, quedaron a la vista las carencias de las administraciones y, una semana después, fruto de la indignación, la visita de los Reyes y de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat derivó en una lluvia de barro y en momentos de tensión con conatos de agresión que acabaron con el abandono de la comitiva por parte de Pedro Sánchez. Fueron días también de desinformación y bulos alimentados a costa de la desesperación de miles de afectados. 

Tras la limpieza llegaron largos meses de evaluar daños, tramitar ayudas y retomar la actividad económica y comercial de la zona cero, muy dañada por el desastre, al tiempo que comenzaba la reconstrucción de las infraestructuras, cuya ausencia hizo además sufrir severos problemas de movilidad a los municipios afectados. Desde entonces, las víctimas han luchado por mantener la memoria de sus familiares fallecidos y los damnificados por rehacer sus vidas y por recuperar una normalidad que, un año después, todavía no han recobrado.

Dos altos cargos imputados y una rendija hacia Mazón en la instrucción judicial

La investigación judicial ha avanzado este año en un modesto juzgado de Catarroja de la mano de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, cuya línea principal apunta a la Generalitat por la tardanza en la reacción de Emergencias y la falta de avisos a la población, que según apunta en sus autos llegó con mensajes a los móviles con un contenido «tardío y erróneo» al no alertar de que había que subir a pisos altos ante la avenida. La instructora centra la vía penal en los homicidios, es decir, en determinar si las muertes se pudieron haber evitado con una gestión sin negligencias. 

Los únicos imputados hasta el momento son la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, por homicidio imprudente y lesiones imprudentes, delitos penados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Ambos fueron destituidos por Mazón tres semanas después del 29-O. 

El último giro en la instrucción se ha producido hace unos días, tras un auto de la Audiencia de Valencia que ordenó al juzgado la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el jefe del Consell la tarde de la barrancada. Los cambios de versión de ambos respecto a la duración del ágape, a la salida del restaurante el Ventorro y al trayecto del president hasta el Palau han puesto en el foco político nacional de nuevo sobre Mazón, a quien Ruiz Tobarra ha ofrecido en dos ocasiones declarar voluntariamente como investigado por su condición de aforado, opción que este ha rechazado. Esta misma semana, la jueza ha pedido a Les Corts el listado de llamadas del presidente que la Generalitat aportó a la comisión de investigación para cruzarlas con las de Pradas.

Pese a las peticiones de algunas acusaciones, la instructora ha descartado investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y no ve indicios delictivos en la actuación de Aemet y la CHJ, ambos organismos dependientes del Gobierno central.

La reconstrucción, por separado y a un ritmo desigual

En el plano político, la reconstrucción no ha sido única, ya que el Gobierno y la Generalitat han aprobado sus planes y ayudas por separado, sin coordinación más allá de las primeras semanas, cuando compartieron reuniones y pactaron repartirse un listado de infraestructuras municipales. La ausencia de una comisión mixta que reclama el Ejecutivo autonómico se ha reflejado en la nula relación institucional entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón, que no han mantenido un encuentro bileteral específico sobre la DANA. 

Dos también son los relatos que sostienen ambas administraciones: el del apagón informativo por parte de las agencias estatales que defiende el Consell (descartado por la jueza de Catarroja) y el que pone el foco en exclusiva en la Generalitat, que abandera el Gobierno central. Mientras el Ejecutivo autonómico prefiere centrarse en la reconstrucción y acusa al Gobierno de Sánchez de no ayudar en el proceso, Moncloa insiste en apuntar al president por su ausencia del Cecopi la fatídica tarde del 29 de octubre. 

La recuperación económica también es dual, ya que las medianas y grandes empresas han superado antes y mejor el impacto de la DANA que las pequeñas y los autónomos, de los que se calcula que han bajado la persiana en torno a un 10%. La Generalitat asegura que ha movilizado 2.500 millones de euros para infraestructuras y ayudas, mientras que el Gobierno central eleva su cuantía a los 8.000 millones, cifra en la que incluye al Consorcio de Compensación de Seguros.

En cifras

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