El Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la inmigración tras el asalto masivo a Ceuta de este verano en un movimiento con el que busca reforzar su perfil en uno de los asuntos que más rédito político ha dado a Vox en los últimos años. Ese endurecimiento se aprecia en los discursos durante la evolución de la crisis, que ya cumple tres semanas, en medio de las críticas del principal partido de la oposición a la «inacción» del Gobierno central. Génova ha intensificado sus mensajes sobre el control de fronteras y la devolución de los inmigrantes. Una estrategia con la que pretende disputar a la formación de Santiago Abascal la iniciativa política en materia migratoria, máxime cuando la presencia de los populares está siendo mucho más visible, prácticamente a diario, frente a la ausencia de los pesos pesados de Vox.
El 1 de agosto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes, pero las declaraciones de miembros de la dirección nacional se produjeron desde los primeros momentos de la crisis, situándose en la primera línea mediática diariamente. Santiago Abascal, por su parte, acudió el 2 de agosto, al inicio de la crisis, y ha reducido la intensidad ante una cuestión que ha supuesto uno de los cimientos de su crecimiento electoral en los últimos años. De hecho, la presencia de tres portavoces nacionales se produjo durante los primeros días de la avalancha, mientras que Génova ha compaginado las declaraciones públicas con visitas de miembros de su dirección amén del propio Feijóo: la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo; la responsable de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez; y la de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.
La evolución del discurso del PP durante las primeras semanas de la crisis ha sido notable. En los primeros días, los dirigentes populares defendieron una respuesta basada en el cumplimiento de la legislación vigente, mostrándose dispuestos incluso a participar en los mecanismos de coordinación impulsados por el Gobierno para abordar la situación de los menores migrantes y su posible traslado a la Península. Ese reparto, en caso de producirse, «tendrá que ser justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad», aseguró Ezcurra, sin rechazarlo de pleno.
Sin embargo, unas semanas después, el partido ha elevado considerablemente el tono de sus declaraciones, endureciendo sus críticas al Ejecutivo y pasando a reclamar medidas mucho más contundentes, incluida la devolución inmediata a Marruecos de todos los inmigrantes que han accedido de forma irregular a territorio español. «Y cuando digo todos son todos», incidió Feijóo el pasado miércoles para dejar claro que defiende el retorno tanto de los adultos como de los menores a su país de origen.
De «ocupación» a «invasión ilegal»
De hecho, en su primera intervención Feijóo calificó lo ocurrido como una «ocupación» pero en su segunda visita a Ceuta el pasado día 19 lo elevó a «invasión ilegal», reiterándolo en varias ocasiones a lo largo de su discurso. «Una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026» o «en ningún caso puede darse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal» fueron algunas de las frases que pronunció. Junto a ese calificativo, el endurecimiento del discurso se aprecia también en el tratamiento del asunto como una cuestión de «soberanía», de «integridad territorial» y de «seguridad nacional» en lugar de «humanitaria»; aunque desde el principal partido de la oposición no niegan la atención a las menores, especialmente con el incremento de las agresiones sexuales que se ha producido desde el asalto masivo y por lo que exigen explicaciones al Ejecutivo.
Feijóo también cargó contra el cambio de criterio del Gobierno y recordó la promesa que realizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde la ciudad: «Dijo que todos tenían que volver a su país de origen». Posteriormente, el responsable de Exteriores y la de Defensa insistieron en que llevarían a cabo la devolución de quienes entraron a finales de julio en territorio español y a día de hoy permanecen en la ciudad autónoma. Los populares se basan en el aval de la Comisión Europea a que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos porque así lo contempla el derecho comunitario.
Otra de las formas de presión que está utilizando el PP sobre el Ejecutivo es la petición de comparecencias de todos los ministros que tienen competencias en la gestión de la crisis ceutí. De inmediato, registró las solicitudes en el Senado para que rindiesen cuentas Marlaska, Albares y Robles, pero ninguno acudió a la cita. Las ausencias han provocado que el principal partido de la oposición escale el asunto del plano político al judicial, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo «contra la actuación del Gobierno». Será en el Congreso cuando a partir de la próxima semana arranque el desfile de ministros para dar explicaciones sobre la gestión en Ceuta, aunque Génova no cejará en su empeño por que lo hagan en ambas cámaras.
El líder popular ha tomado la delantera y ha hecho suyo el asunto de la inmigración consciente de que concierne a un importante caladero de votantes que todavía dudan sobre si elegir la papeleta azul o la verde en las próximas elecciones generales. Y con la vista puesta precisamente en el periodo preelectoral que arranca en septiembre, ha situado la política migratoria entre una de sus prioridades si consigue llegar a la Moncloa. El pasado miércoles desgranó un plan con siete actuaciones prioritarias que incluía crear una frontera «inviolable» y dar más protagonismo a las ciudades autónomas en Europa. Y fijó una postura clara en cuanto a las relaciones con el país vecino: «España no busca enemigos ni conflictos pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes», afirmó en una referencia velada a Rabat.
La inmigración ha pasado a ocupar un lugar central en la competición política. Los populares llevan tiempo criticando las decisiones del Gobierno en esta cuestión y el «papeles para todos», como lo definió Gamarra a principios de semana; pero la elevación del tono la justifican por el agravamiento de la situación y la necesidad de enviar un mensaje de firmeza frente a la inmigración irregular. Mientras, desde el Ejecutivo les acusan de acercarse a los planteamientos de Vox para disputarles espacio electoral. A través de un vídeo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cargó este jueves contra Feijóo, al que acusó de copiar las estrategias de la extrema derecha y replicar «sus discursos de odio» y «su xenofobia». En su opinión, el presidente del PP «piensa que es la única manera de llegar al gobierno, de ganar unas elecciones”.
Por su parte, los de Abascal han redoblado sus críticas al reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, una cuestión que considera un incentivo para el ‘efecto llamada’ y que ha utilizado para marcar distancias con el PP. Eso sí, los populares tratan de mantener la institucionalidad y marcar perfil propio y asistirán a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el 27 de agosto; mientras que los responsables de menores de Vox en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León se niegan a sentarse con la ministra Sira Rego.
Génova exige la devolución a Marruecos de todos los que entraron a Ceuta en el asalto masivo mientras el Gobierno planea repartir a 500 menores por la Península.
El Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la inmigración tras el asalto masivo a Ceuta de este verano en un movimiento con el que busca reforzar su perfil en uno de los asuntos que más rédito político ha dado a Vox en los últimos años. Ese endurecimiento se aprecia en los discursos durante la evolución de la crisis, que ya cumple tres semanas, en medio de las críticas del principal partido de la oposición a la «inacción» del Gobierno central. Génova ha intensificado sus mensajes sobre el control de fronteras y la devolución de los inmigrantes. Una estrategia con la que pretende disputar a la formación de Santiago Abascal la iniciativa política en materia migratoria, máxime cuando la presencia de los populares está siendo mucho más visible, prácticamente a diario, frente a la ausencia de los pesos pesados de Vox.
El 1 de agosto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes, pero las declaraciones de miembros de la dirección nacional se produjeron desde los primeros momentos de la crisis, situándose en la primera línea mediática diariamente. Santiago Abascal, por su parte, acudió el 2 de agosto, al inicio de la crisis, y ha reducido la intensidad ante una cuestión que ha supuesto uno de los cimientos de su crecimiento electoral en los últimos años. De hecho, la presencia de tres portavoces nacionales se produjo durante los primeros días de la avalancha, mientras que Génova ha compaginado las declaraciones públicas con visitas de miembros de su dirección amén del propio Feijóo: la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo; la responsable de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez; y la de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.
La evolución del discurso del PP durante las primeras semanas de la crisis ha sido notable. En los primeros días, los dirigentes populares defendieron una respuesta basada en el cumplimiento de la legislación vigente, mostrándose dispuestos incluso a participar en los mecanismos de coordinación impulsados por el Gobierno para abordar la situación de los menores migrantes y su posible traslado a la Península. Ese reparto, en caso de producirse, «tendrá que ser justo, con datos, bien dotado, planificado y con el Gobierno de España asumiendo la responsabilidad», aseguró Ezcurra, sin rechazarlo de pleno.
Sin embargo, unas semanas después, el partido ha elevado considerablemente el tono de sus declaraciones, endureciendo sus críticas al Ejecutivo y pasando a reclamar medidas mucho más contundentes, incluida la devolución inmediata a Marruecos de todos los inmigrantes que han accedido de forma irregular a territorio español. «Y cuando digo todos son todos», incidió Feijóo el pasado miércoles para dejar claro que defiende el retorno tanto de los adultos como de los menores a su país de origen.
De hecho, en su primera intervención Feijóo calificó lo ocurrido como una «ocupación» pero en su segunda visita a Ceuta el pasado día 19 lo elevó a «invasión ilegal», reiterándolo en varias ocasiones a lo largo de su discurso. «Una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026» o «en ningún caso puede darse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal» fueron algunas de las frases que pronunció. Junto a ese calificativo, el endurecimiento del discurso se aprecia también en el tratamiento del asunto como una cuestión de «soberanía», de «integridad territorial» y de «seguridad nacional» en lugar de «humanitaria»; aunque desde el principal partido de la oposición no niegan la atención a las menores, especialmente con el incremento de las agresiones sexuales que se ha producido desde el asalto masivo y por lo que exigen explicaciones al Ejecutivo.
Feijóo también cargó contra el cambio de criterio del Gobierno y recordó la promesa que realizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde la ciudad: «Dijo que todos tenían que volver a su país de origen». Posteriormente, el responsable de Exteriores y la de Defensa insistieron en que llevarían a cabo la devolución de quienes entraron a finales de julio en territorio español y a día de hoy permanecen en la ciudad autónoma. Los populares se basan en el aval de la Comisión Europea a que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos porque así lo contempla el derecho comunitario.
Otra de las formas de presión que está utilizando el PP sobre el Ejecutivo es la petición de comparecencias de todos los ministros que tienen competencias en la gestión de la crisis ceutí. De inmediato, registró las solicitudes en el Senado para que rindiesen cuentas Marlaska, Albares y Robles, pero ninguno acudió a la cita. Las ausencias han provocado que el principal partido de la oposición escale el asunto del plano político al judicial, presentando un recurso ante el Tribunal Supremo «contra la actuación del Gobierno». Será en el Congreso cuando a partir de la próxima semana arranque el desfile de ministros para dar explicaciones sobre la gestión en Ceuta, aunque Génova no cejará en su empeño por que lo hagan en ambas cámaras.
El líder popular ha tomado la delantera y ha hecho suyo el asunto de la inmigración consciente de que concierne a un importante caladero de votantes que todavía dudan sobre si elegir la papeleta azul o la verde en las próximas elecciones generales. Y con la vista puesta precisamente en el periodo preelectoral que arranca en septiembre, ha situado la política migratoria entre una de sus prioridades si consigue llegar a la Moncloa. El pasado miércoles desgranó un plan con siete actuaciones prioritarias que incluía crear una frontera «inviolable» y dar más protagonismo a las ciudades autónomas en Europa. Y fijó una postura clara en cuanto a las relaciones con el país vecino: «España no busca enemigos ni conflictos pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes», afirmó en una referencia velada a Rabat.
La inmigración ha pasado a ocupar un lugar central en la competición política. Los populares llevan tiempo criticando las decisiones del Gobierno en esta cuestión y el «papeles para todos», como lo definió Gamarra a principios de semana; pero la elevación del tono la justifican por el agravamiento de la situación y la necesidad de enviar un mensaje de firmeza frente a la inmigración irregular. Mientras, desde el Ejecutivo les acusan de acercarse a los planteamientos de Vox para disputarles espacio electoral. A través de un vídeo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cargó este jueves contra Feijóo, al que acusó de copiar las estrategias de la extrema derecha y replicar «sus discursos de odio» y «su xenofobia». En su opinión, el presidente del PP «piensa que es la única manera de llegar al gobierno, de ganar unas elecciones”.
Por su parte, los de Abascal han redoblado sus críticas al reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, una cuestión que considera un incentivo para el ‘efecto llamada’ y que ha utilizado para marcar distancias con el PP. Eso sí, los populares tratan de mantener la institucionalidad y marcar perfil propio y asistirán a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el 27 de agosto; mientras que los responsables de menores de Vox en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León se niegan a sentarse con la ministra Sira Rego.
20MINUTOS.ES – Nacional
