Las polémicas que rodean a sus magistrados, incluido el súperjuez De Moraes, llegan en plena carrera hacia unas elecciones presidenciales marcadas por la polarización Leer Las polémicas que rodean a sus magistrados, incluido el súperjuez De Moraes, llegan en plena carrera hacia unas elecciones presidenciales marcadas por la polarización Leer
Hace cuatro años, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil fue decisivo para salvar la democracia en el país. Hoy, paradójicamente, el problema es precisamente el STF, eje de un escándalo de proporciones inabarcables y que afecta directamente a las elecciones presidenciales del mes próximo.
«Los defensores de la democracia se han convertido en una amenaza», resumió el semanario The Economist días atrás.
Y hay más que eso: la caída en desgracia del súperjuez Alexandre de Moraes se asemeja a una matrioshka, esas muñecas rusas de madera que contienen varias otras en su interior. Ni Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente, ni Flávio Bolsonaro, el aspirante a sucederlo, están tranquilos; la tormenta los amenaza a ambos.
Brasil elegirá presidente este 4 de octubre, en un proceso que previsiblemente se cerrará con la segunda vuelta del día 25 de ese mismo mes. Lula quiere ser presidente para gobernar por cuarta vez, de los 81 a los 85 años, y Bolsonaro quiere recuperar el poder para la derecha y para su familia, con su padre, Jair, en prisión por liderar un fracasado intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023 e inhabilitado para volver a aspirar a la presidencia que ostentó por cuatro años.
En un puñado de meses, octubre de 2022 a enero de 2023, Joe Biden, Emmanuel Macron y el STF fueron decisivos para sostener a la debilitada democracia brasileña. El entonces presidente Bolsonaro insistía en pronosticar un fraude electoral y sólo reconoció de forma indirecta, a través de altos cargos de su Gobierno, el estrechísimo triunfo de Lula por 50,9% a 49,1%. Biden, Macron, en la misma noche electoral, y el STF, antes, durante y después de la elección, se encargaron de hacerle saber a Bolsonaro que no tolerarían un no reconocimiento de la derrota ni atajos para evitar entregar el poder.
Así y todo, tres días antes de la fecha del cambio de mando, el 1 de enero de 2023, Bolsonaro abandonó el país para instalarse a las puertas de Disney World, en Orlando (Florida), y, según la Justicia, estuvo detrás del aquelarre golpista del 8 de enero de ese año en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión.
Pero ya nada es claro en la política brasileña: esquematizarla en «buenos» y «malos» es inviable. Y De Moraes es el más claro ejemplo.
Nominado para el STF por Michel Temer, el vicepresidente de derechas que sucedió a la izquierdista Dilma Rousseff una vez que fue destituida en 2016, De Moraes lleva años actuando como un juez casi sin límites. A eso ayuda el peculiar funcionamiento del STF, integrado por 11 miembros, pero que en la mayoría de los casos delega el proceso y las decisiones en una sala o un juez en particular.
Así, De Moraes desmintió aquello de las repúblicas presidencialistas latinoamericanas, donde el poder reside, bien concentrado, en el jefe de Estado. En Brasil no. En Brasil el STF cogobierna, y en algunos momentos gobierna incluso por encima del presidente. En el caso de De Moraes eso se potenciaba notablemente. De Moraes decidía sobre los asuntos más sensibles del país y se convirtió en el gran enemigo de los Bolsonaro, además de Donald Trump y Elon Musk por sus límites a la red social X, entre otras empresas estadounidenses.
Hoy, De Moraes ya no es sinónimo de poder, sino de vergüenza para el poder judicial brasileño y angustia para la política.
Daniel Vorcaro, el poderoso banquero hoy preso por ser eje de una trama de sobornos de alto vuelo que salpica a la política brasileña, tanto a la izquierda como a la derecha, es la persona que puede acabar con la carrera del súperjuez. Y que está destruyendo al STF.
André Mendonça es juez del STF, a cargo de la investigación del Banco Master, el banco de Vorcaro. Días atrás, Mendonça suspendió del ejercicio de sus funciones al jefe de la Policía Federal, a la que acusa de haberlo espiado ilegalmente para acceder al contenido de sus investigaciones. Mendonça, a su vez, liberó el contenido de parte de la investigación y expuso gravemente a de Moraes.
Allí se observaba un estrechísimo vínculo entre Vorcaro y De Moraes, a tal punto que el banquero le escribía al juez para que lo informara sobre el avance de las investigaciones en su contra. No constan respuestas de De Moraes a esas preguntas, pero sí el contrato millonario que el banquero cerró con el bufete de abogados de Viviane Barci, esposa del juez. El propio De Moraes se encargó de revisar y editar el contrato entre Vorcaro y Barci.
Los dos principales diarios de São Paulo, Folha y O Estado, reclamaron la renuncia de De Moraes al cargo, en tanto que Lula se indignó por lo que definió como «revelaciones selectivas» y pidió la apertura total del contenido de la investigación «caiga quien caiga». Es lo mismo que De Moraes le pidió a Edson Fachin, presidente del STF.
Este martes, en una audiencia que se promete explosiva, el STF decidirá sobre el caso De Moraes.
Flávio Bolsonaro, a su vez, también está profundamente vinculado a Vorcaro. El banquero financió Dark Horse, la película con ínfulas de documental sobre la vida de Jair Bolsonaro y la Policía Federal habla de «interlocución directa» entre el político y el banquero hoy preso. Se sospecha que parte de la financiación del filme era en realidad para la campaña presidencial.
«¿Quién se beneficia más con el escándalo: Lula, Flávio o un outsider?», se preguntó en estos días O Globo. Las respuestas son variadas de cara a semanas más turbulentas aún y una elección presidencial en la que todo puede suceder. Una encuesta recientemente conocida puso por primera vez a Bolsonaro por encima de Lula en la eventual segunda vuelta de octubre. La ola derechista que recorre América Latina golpea a las puertas de la gran potencia de la región.
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