La entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio ha abierto un debate siempre espinoso en la vida legislativa española: la posibilidad de cambiar las normas para acelerar las expulsiones de los inmigrantes irregulares y definir un nuevo protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera, como llevan demandando desde el inicio de la crisis tanto el presidente ceutí Juan Jesús Vivas como su homólogo melillense, Juan José Imbroda, ambos dirigentes de dos ciudades autónomas sobrepasadas por la inmigración ilegal.
Se trata de un asunto que también demanda la oposición, con el PP a la cabeza, pero también Vox y Junts, y algo que en cierto modo adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando viajó a Ceuta un día después del asalto a la frontera. Entonces, se comprometió a «modificar algunos aspectos de las leyes» para que las repatriaciones se puedan hacer «de la manera más eficiente posible».
Las palabras del presidente venían motivadas por la sentencia del Tribunal Supremo que, según el Gobierno, sirvió de combustible para la entrada masiva del 30 de julio y según la cual se prohibía a las autoridades españolas la devolución en caliente de aquellas personas que entrasen en nuestro territorio a nado si para ello no habían superado «elementos de contención fronteriza». Entonces, una vez sucedido el asalto masivo, el Ejecutivo construyó una barrera marítima de 500 metros en el espigón del Tarajal y en los últimos días ha hecho lo propio en Melilla.
Sea como fuere, ambas ciudades autónomas consideran primordial reformar, por el momento, la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería para especificar que el rechazo en frontera sea aplicable a quienes intenten acceder ilegalmente a territorio nacional por cualquier punto de entrada no habilitado y no solo por saltar la valla. Precisamente, el mes pasado el PP presentó en el Congreso una proposición de ley en ese sentido que el partido espera debatir en septiembre.
Sin embargo, más allá de eso, lo ocurrido plantea un debate más amplio que alcanza a los protocolos que han de seguirse cuando un inmigrante irregular entra en España, las herramientas de las que disponen las autoridades, e incluso el Estado, para hacer frente a una entrada masiva de esas dimensiones y, claro está, la suficiencia de los medios, tanto materiales como personales, de los que disponen en la actualidad Ceuta y Melilla.
El pasado viernes, Juan Jesús Vivas reconocía que no contaba con los conocimientos jurídicos suficientes, pero planteaba una cuestión: «Lo que sucedió el 30 de julio, en palabras del presidente del Gobierno, fue una violación de la integridad territorial española. Entonces, no puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata. Supongo que cuando se dictaron las normas que contemplaban los estados de alarma, emergencia, excepción o sitio, situaciones así no estaban recogidas porque no se habían producido, pero ya no son hipótesis, ha ocurrido dos veces [en mayo de 2021, 10.000 personas entraron en Ceuta]».
Entretanto, desde el inicio de la crisis, Vivas ha reclamado al Gobierno que asuma «el mando único» de la situación. Horas después de la entrada masiva, el presidente ceutí pidió la declaración de la emergencia nacional y el Ejecutivo se negó alegando que dicho supuesto está reservado a catástrofes naturales o nucleares. Entones, Ceuta lo intentó con «la situación de interés para la seguridad nacional», que sí contempla que el Gobierno central deberá coordinar de forma urgente y reforzada todos los recursos del Estado para «proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos» ante hechos que comprometan la seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo tampoco vio necesario declararla porque ya había movilizado al Ejército.
Vivas ha repetido en más de una ocasión que el Gobierno «no ha estado a la altura» de lo ocurrido, aunque es cierto que la presencia del mismo en la ciudad autónoma ha sido casi constante. En estas casi tres semanas la han visitado los ministros del Interior (dos veces), Exteriores, Defensa, Política Territorial, Infancia y este lunes está en ella la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Eso sí, Pedro Sánchez solo ha acudido y ofrecido declaraciones en una ocasión, el 31 de julio.
Los procesos de devolución
La magnitud de lo ocurrido ha revelado también que el Gobierno puede verse con casi 10.000 inmigrantes irregulares (como el Ejecutivo ceutí calcula que aún quedan en Ceuta) deambulando por las calles de su territorio y la obligación, porque así lo dictamina la ley, de realizar expedientes de expulsión individualizados, algo que, lógicamente, sobrepasa las capacidades del Estado, más en un lugar como Ceuta, en el que viven 83.000 personas.
El jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba el despliegue de 20 funcionarios más de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para acelerar la tramitación de expedientes y los procedimientos de retorno a Marruecos, pero, aun así, los procedimientos son muy lentos y ese mismo jueves anunciaba que se habían tramitado hasta el momento 500 expedientes de asilo, «la mayoría desestimatorios» y, por tanto, se había «solicitado autorización al Poder Judicial» para ejecutar expulsiones de manera inmediata. Por el momento, según la Cadena Ser, solo 18 han sido expulsadas por vía judicial.
Todos estos pasos requieren de una serie de plazos que, según Vivas, hace «perder» días a Ceuta para alcanzar la ansiada normalidad. También lo resumía este viernes el presidente del Senado, Pedro Rollán, tras reunirse con el dirigente autonómico.
«¿En la entrada masiva hay personas desvalidas? Sin duda. ¿Sin esperanza? Por supuesto. ¿Sin futuro? Estoy convencido de ello. Pero no ha sido una crisis migratoria. Se ha utilizado a los más desfavorecidos. Para que no exista colisión en las diferentes legislaciones es necesario acometer ese marco jurídico con garantías de manera inminente», expresó.
Así, Rollán pidió una reforma legal «para asegurar que cuando se analicen que las motivaciones [en la entrada irregular] son las que son, estas no colisionen con otras normativas, como la que determinar que para el retorno hay que hacer un expediente caso a caso». «Si hablamos de 10.000 personas que quedan aún, pero que tan necesaria es la tramitación caso a caso como recuperar la normalidad ya, ¿cuánta paciencia han de tener los ceutíes para dormir por las noches?», lanzaba.
La ley determina que toda persona tiene derecho a pedir protección internacional a España si demuestra «fundados temores de persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual, o bien huye de un conflicto armado o violación grave de derechos humanos».
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La entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio ha abierto un debate siempre espinoso en la vida legislativa española: la posibilidad de cambiar las normas para acelerar las expulsiones de los inmigrantes irregulares y definir un nuevo protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera, como llevan demandando desde el inicio de la crisis tanto el presidente ceutí Juan Jesús Vivas como su homólogo melillense, Juan José Imbroda, ambos dirigentes de dos ciudades autónomas sobrepasadas por la inmigración ilegal.
Se trata de un asunto que también demanda la oposición, con el PP a la cabeza, pero también Vox y Junts, y algo que en cierto modo adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando viajó a Ceuta un día después del asalto a la frontera. Entonces, se comprometió a «modificar algunos aspectos de las leyes» para que las repatriaciones se puedan hacer «de la manera más eficiente posible».
Las palabras del presidente venían motivadas por la sentencia del Tribunal Supremo que, según el Gobierno, sirvió de combustible para la entrada masiva del 30 de julio y según la cual se prohibía a las autoridades españolas la devolución en caliente de aquellas personas que entrasen en nuestro territorio a nado si para ello no habían superado «elementos de contención fronteriza». Entonces, una vez sucedido el asalto masivo, el Ejecutivo construyó una barrera marítima de 500 metros en el espigón del Tarajal y en los últimos días ha hecho lo propio en Melilla.
Sea como fuere, ambas ciudades autónomas consideran primordial reformar, por el momento, la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería para especificar que elrechazo en frontera sea aplicable a quienes intenten acceder ilegalmente a territorio nacional por cualquier punto de entrada no habilitado y no solo por saltar la valla. Precisamente, el mes pasado el PP presentó en el Congreso una proposición de ley en ese sentido que el partido espera debatir en septiembre.
Sin embargo, más allá de eso, lo ocurrido plantea un debate más amplio que alcanza a los protocolos que han de seguirse cuando un inmigrante irregular entra en España, las herramientas de las que disponen las autoridades, e incluso el Estado, para hacer frente a una entrada masiva de esas dimensiones y, claro está, la suficiencia de los medios, tanto materiales como personales, de los que disponen en la actualidad Ceuta y Melilla.
El pasado viernes, Juan Jesús Vivas reconocía que no contaba con los conocimientos jurídicos suficientes, pero planteaba una cuestión: «Lo que sucedió el 30 de julio, en palabras del presidente del Gobierno, fue una violación de la integridad territorial española. Entonces, no puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata. Supongo que cuando se dictaron las normas que contemplaban los estados de alarma, emergencia, excepción o sitio, situaciones así no estaban recogidas porque no se habían producido, pero ya no son hipótesis, ha ocurrido dos veces [en mayo de 2021, 10.000 personas entraron en Ceuta]».
Entretanto, desde el inicio de la crisis, Vivas ha reclamado al Gobierno que asuma «el mando único» de la situación. Horas después de la entrada masiva, el presidente ceutí pidió la declaración de la emergencia nacional y el Ejecutivo se negó alegando que dicho supuesto está reservado a catástrofes naturales o nucleares. Entones, Ceuta lo intentó con «la situación de interés para la seguridad nacional», que sí contempla que el Gobierno central deberá coordinar de forma urgente y reforzada todos los recursos del Estado para «proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos» ante hechos que comprometan la seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo tampoco vio necesario declararla porque ya había movilizado al Ejército.
Vivas ha repetido en más de una ocasión que el Gobierno «no ha estado a la altura» de lo ocurrido, aunque es cierto que la presencia del mismo en la ciudad autónoma ha sido casi constante. En estas casi tres semanas la han visitado los ministros del Interior (dos veces), Exteriores, Defensa, Política Territorial, Infancia y este lunes está en ella la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Eso sí, Pedro Sánchez solo ha acudido y ofrecido declaraciones en una ocasión, el 31 de julio.
La magnitud de lo ocurrido ha revelado también que el Gobierno puede verse con casi 10.000 inmigrantes irregulares (como el Ejecutivo ceutí calcula que aún quedan en Ceuta) deambulando por las calles de su territorio y la obligación, porque así lo dictamina la ley, de realizar expedientes de expulsión individualizados, algo que, lógicamente, sobrepasa las capacidades del Estado, más en un lugar como Ceuta, en el que viven 83.000 personas.
El jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba el despliegue de 20 funcionarios más de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para acelerar la tramitación de expedientes y los procedimientos de retorno a Marruecos, pero, aun así, los procedimientos son muy lentos y ese mismo jueves anunciaba que se habían tramitado hasta el momento 500 expedientes de asilo, «la mayoría desestimatorios» y, por tanto, se había «solicitado autorización al Poder Judicial» para ejecutar expulsiones de manera inmediata. Por el momento, según la Cadena Ser, solo 18 han sido expulsadas por vía judicial.
Todos estos pasos requieren de una serie de plazos que, según Vivas, hace «perder» días a Ceuta para alcanzar la ansiada normalidad. También lo resumía este viernes el presidente del Senado, Pedro Rollán, tras reunirse con el dirigente autonómico.
«¿En la entrada masiva hay personas desvalidas? Sin duda. ¿Sin esperanza? Por supuesto. ¿Sin futuro? Estoy convencido de ello. Pero no ha sido una crisis migratoria. Se ha utilizado a los más desfavorecidos. Para que no exista colisión en las diferentes legislaciones es necesario acometer ese marco jurídico con garantías de manera inminente», expresó.
Así, Rollán pidió una reforma legal «para asegurar que cuando se analicen que las motivaciones [en la entrada irregular] son las que son, estas no colisionen con otras normativas, como la que determinar que para el retorno hay que hacer un expediente caso a caso». «Si hablamos de 10.000 personas que quedan aún, pero que tan necesaria es la tramitación caso a caso como recuperar la normalidad ya, ¿cuánta paciencia han de tener los ceutíes para dormir por las noches?», lanzaba.
La ley determina que toda persona tiene derecho a pedir protección internacional a España si demuestra «fundados temores de persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual, o bien huye de un conflicto armado o violación grave de derechos humanos».
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