Delcy Rodríguez busca modificar una medida legislativa, que ella misma impulsó hace nueve años, cuyo fin es perseguir la disidencia, los memes y las críticas en redes sociales Leer Delcy Rodríguez busca modificar una medida legislativa, que ella misma impulsó hace nueve años, cuyo fin es perseguir la disidencia, los memes y las críticas en redes sociales Leer
«Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela. He solicitado a la Asamblea Nacional (AN) la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esa norma y para corregir desviaciones en su aplicación», ha anunciado este martes Delcy Rodríguez, presidenta tutelada por Washington.
Realmente se trataría de un paso a medias, ya que la hermana pequeña de los Rodríguez sólo ha prometido reformar parcialmente una ley que Venezuela nunca sintió que fuera contra el odio, sino todo lo contrario: una herramienta cargada de odio para evitar, entre otras cosas, críticas de ciudadanos del común en las redes sociales.
Lo más paradójico del asunto es que fue la propia Delcy la que aprobó esta ley hace nueve años, con atronadora salva de aplausos incluida, cuando presidía la Asamblea Constituyente inventada por Nicolás Maduro para acabar con las protestas de entonces. «En el corazón de los venezolanos, solamente amor y tolerancia», ironizó entonces la mano derecha del dictador, que incluyó un aviso especial para quiene promovieran mensajes contra el gobierno en las redes sociales.
Dicho y hecho. Desde aquel momento la revolución bolivariana se lanzó a perseguir, «pese a su origen ilegal y sin ningún estándar en derechos humanos, a disidentes, opositores, periodistas, activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos», precisó a EL MUNDO Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, quien añadió que la ley forma parte de una arquitectura legal diseñada por la persecución. Leyes como la Simón Bolívar y Contra el Fascismo conforman este bloque de leyes.
Entre cientos de casos, esta ley sirvió para encerrar a la tiktoker Olga Mata, de 72 años, por una divertida sátira contra el gobierno. O a los dirigentes estudiantiles Jhohan Lobo y Michael Labrador por fustigar el pésimo transporte de la universidad. Estados de wasap, memes, fotografías de magnates chavistas como Alex Saab de vacaciones y cualquier chiste contra Maduro se convirtió en el peor de los delitos para la revolución.
Al periodista Darvinson Rojas le acusaron por publicar cifras de muertes durante la pandemia del covid. Otro caso que se hizo viral fue el de dos bomberos en Mérida, que compararon a Maduro con un burro, aprovechando la falta de medios para hacer su trabajo. Peor le fue al médico Luis Araya, a quien se le ocurrió reenviar un meme de la propia Delcy Rodríguez en su WhatsApp.
«Es un paso en la dirección correcta, pero debería considerarse la derogación íntegra de la ley, ya que optar sólo por una despenalización podría dejar vigentes instrumentos de censura y exclusión política mediante sanciones administrativas. Urge también revisar las condenas y los procesos derivados de la aplicación de esta ley, liberar plenamente a todos los detenidos por su aplicación, levantar todas las restricciones asociadas y establecer vías de reparación», añadió el internacionalista Mariano de Alba.
Hasta el momento, las ventanas abiertas por el chavismo 3.0, tanto en la excarcelación de presos políticos, como en el desbloqueo de medios digitales y el regreso de exilados han sido parciales, una evidente estrategia para alargar los plazos. Según el Foro Penal, 324 presos políticos, incluidos cuatro hispanovenezolanos, permanecen en las mazmorras chavistas.
«Es una buena noticia, pero no suficiente. Hay que derogar todas las leyes que estén siendo utilizadas para perseguir. Y además es necesaria una reforma total del sistema de justicia para garantizar el cese de la persecución», concluyó Velásquez, exiliado hoy en Europa tras sufrir un atentado en Bogotá.
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