La patronal Fevitur exige compensar el daño patrimonial y el lucro cesante provocados por un decreto que el Tribunal Supremo anuló por invadir competencias autonómicas. Leer La patronal Fevitur exige compensar el daño patrimonial y el lucro cesante provocados por un decreto que el Tribunal Supremo anuló por invadir competencias autonómicas. Leer
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La anulación por parte del Tribunal Supremo del Real Decreto-ley sobre el registro de alquileres de corta duración o pisos turísticos ha dejado tras de sí múltiples pérdidas millonarias a sus propietarios. Así lo retrató la patronal del sector del alquiler temporal, Fevitur, que calculó que los daños patrimoniales, el lucro cesante y los gastos derivados de esta normativa alcanzan ya los 496 millones de euros.
Una cifra que llega a más de dos meses de que el alto tribunal sentenciara que el Estado se excedió en sus competencias al imponer un modelo exhaustivo de control a través de los Registros de Propiedad, cuando su potestad, según afirmó el ente, se limitaba a coordinar una ventanilla única digital y unificar los datos estadísticos. Lejos de ordenar, la medida bloqueó la comercialización de múltiples inmuebles y generó una colisión en su rol administrativo entre el Gobierno central y los autonómicos, que fueron quienes recurrieron a la medida, particularmente la Comunidad Valenciana.
Lo que en mayo se cifró en 160 millones de euros por la patronal, ayer su presidenta, Silvia Blasco, que representa a 526.000 viviendas de uso turístico y 350.000 alojamientos temporales, la actualizó a 500 millones de un total de 180.000 personas damnificadas que fueron encuestadas para este proceso.
Las razones de esta escalada monetaria, según la patronal, se dan porque en la cifra previa no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el lucro cesante, que en concreto es el ingreso que una persona deja de percibir como consecuencia de un daño, un incumplimiento de contrato o un acto ilícito provocado por un tercero.
Un coste medio de los propietarios para obtener el número de registro turístico bajo este decreto que se sitúa en torno a los 33.000 euros. Explicó Blasco en la jornada que llevó a cabo el Consejo General del Notariado y del que participaron entidades como el Consejo de Estado.
El malestar del sector se agrava al constatar que el Ejecutivo central desoyó las advertencias sobre la ilegalidad de su norma. Raquel Hurtado Soto, letrada del Consejo de Estado, recordó que este órgano ya había avisado de que el decreto invadía competencias autonómicas y resultaba contraproducente. «Surge la duda si esta forma de actuar es la adecuada. Se aprobó una norma que se advirtió que podría tumbarse por invadir competencias. Generó más inseguridad jurídica y resultó contraproducente», afirmó, la letrada.
En un contexto en que miles de propietarios se vieron sometidos a procedimientos y costes, al verse obligados a solicitar el Número de Registro de Alquiler, a inscribir o inmatricular sus inmuebles o hacer declaraciones de obras nuevas. Las calificaciones han impulsado a los propietarios a ingresar recursos judiciales.
Hasta fines de mayo, el registro ha inscrito más 340.000 viviendas desde su puesta en marcha; 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a cargo de Isabel Rodríguez, detectó hasta 11.000 contratos de pisos o habitaciones turísticas ilegales por carecer de permisos gracias a la ventanilla.
«¿A quién se le reclama? Los propietarios y gestores estamos ya francamente cansados de intentar tener garantías, que era el ahorro de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo», afirmó Blasco. Sin embargo, hoy no existen certezas acerca de qué futuro tendrán los propietarios que busquen obtener compensaciones por la nulidad de este decreto. Es más, aunque desde la patronal de pisos turísticos afirman que ya hay acciones judiciales en marcha, todavía no hay respuesta acerca de si se resolverán de manera satisfactoria.
A su vez, durante la jornada se mencionó que el diseño del Gobierno convirtió a los registradores de la propiedad en un «cuello de botella» para el acceso al mercado de miles de viviendas que ya estaban legalmente inscritas en los registros autonómicos. El abogado, Javier Valentín, representante de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional Valentín, ha señalado que los registradores quisieron erigirse en una «pseudoautoridad» que decidía sobre el derecho de los ciudadanos a comercializar sus inmuebles.
Tras reveses judiciales, el Gobierno busca conseguir modificar la regulación del alquiler. El plan del Ejecutivo pasa esta vez por introducir cambios en contratos, impuestos y uso de las viviendas y, según lo avanzado hasta ahora, se articulará a través de un Real Decreto-ley.
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