Moncloa empieza a intentar levantar un cortafuegos ante la derivada judicial de la crisis de Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de los informes de aquellos días, que se harán públicos este miércoles y con los que el Gobierno busca apuntalar una tesis central: que no recibió información que le permitiera anticipar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Con esta documentación buscan no solo reforzar su defensa política, también su posición ante la causa que instruye en la Audiencia Nacional la jueza María Tardón, cuya actuación, además, el Ejecutivo ha empezado ya a cuestionar. La estrategia forma parte de un objetivo más amplio en Moncloa: contener el desgaste, recuperar la iniciativa y ganar tiempo en una legislatura que Pedro Sánchez no quiere agotar antes de 2027.
Según fuentes próximas a Sánchez, en ello se encuadra el ‘tour’ mediático que el presidente está realizando en los últimos días tras meses sin conceder entrevistas a los medios. Una estrategia que recuerda al precedente de las generales a julio de 2023, cuando Sánchez realizó un maratón mediático de 22 entrevistas en 33 días. Sin embargo, estas voces del entorno del presidente descartan que este movimiento sea la antesala de un adelanto de las elecciones generales a 2026 y lo interpretan, por el contrario, como un intento de recuperar iniciativa, volver a marcar la agenda política y ampliar el margen de maniobra del Ejecutivo. Pese a la inestabilidad parlamentaria y a la acumulación de frentes políticos y judiciales, sostienen que la hoja de ruta de Sánchez no ha cambiado: agotar la legislatura y evitar las urnas hasta 2027.
Y es que la crisis de Ceuta ha trastocado los planes del Ejecutivo de recuperar la iniciativa política y empezar a marcar agenda en la precampaña de este último curso de la legislatura. La entrada masiva de migrantes de finales de julio y, sobre todo, las dudas sobre qué información manejó el Gobierno antes de que se produjera han obligado a Moncloa a adoptar una estrategia defensiva que ya no se libra únicamente en el terreno político y parlamentario, donde sus socios también le reclaman explicaciones. A ese desgaste se suma ahora un frente judicial después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón haya abierto una investigación al apreciar indicios de una actuación organizada desde Marruecos que pudo atacar gravemente la integridad territorial de España.
La causa toca tangencialmente al Ejecutivo, pues su desarrollo puede acabar poniendo bajo la lupa la actuación de las distintas administraciones y, especialmente, la información de la que disponía el Ejecutivo antes de la crisis. Ese es uno de los principales riesgos para Moncloa. La investigación de Tardón parte, entre otros elementos, de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) que recoge una «gestión favorecedora» desde territorio marroquí, un documento cuyo contenido Interior asegura que desconocía porque la magistrada había ordenado a los investigadores no trasladarlo a sus superiores.
Es en ese escenario en el que cobra relevancia el anuncio de Sánchez de desclasificar los 40 documentos sobre Ceuta que circularon entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Con su publicación este miércoles, Moncloa pretende demostrar que ninguna de las alertas que llegaron a los distintos organismos del Estado permitía prever la magnitud de lo que terminó ocurriendo. Con este movimiento, Moncloa se adelanta a la investigación y fija desde ahora su cronología de qué sabía cada departamento y en qué momento lo supo.
El Gobierno ha dado además otro paso para blindar su posición en la causa al personarse como perjudicado. Esa condición le permite acceder a las actuaciones, seguir el avance de la investigación y ejercer sus derechos dentro del procedimiento, al tiempo que refuerza el relato político de Moncloa: que el Estado fue víctima de una operación organizada desde el exterior y no responsable de lo ocurrido.
Además, Moncloa y el PSOE han empezado también a poner el foco sobre la actuación de la jueza que instruye la causa. Este mismo martes, tal y como ya hizo un día antes el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionaron la decisión de la magistrada de pedir a la Policía Nacional que no trasladara a sus superiores las conclusiones de uno de los informes incorporados al procedimiento.
Desde el PSOE han ido un paso más allá al recordar que la magistrada fue concejala del PP en el pasado y al deslizar que no puede ser casual que ese informe, cuya difusión había sido restringida por la propia jueza, terminase filtrándose precisamente la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Los socialistas empiezan así a sembrar dudas sobre una investigación que apenas ha comenzado, pero que amenaza con convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Ejecutivo.
El frente judicial puede sumarse al resto de frentes judiciales a los que se enfrenta el PSOE y que previsiblemente se mantendrán como telón de fondo en la precampaña. Además, en el caso de Ceuta, sus propios socios parlamentarios están cuestionando la gestión de Moncloa. La primera sesión de control del curso, que se celebra este miércoles en el Congreso, volverá previsiblemente a colocar la crisis en el centro del debate, con la oposición y los aliados del Gobierno reclamando explicaciones tanto por la actuación del Ejecutivo como por su negativa a señalar directamente a Marruecos.
Sánchez responderá a los grupos el mismo día en que se harán públicos los documentos que obran en poder del Gobierno sobre lo ocurrido en Ceuta. Y, en la misma jornada, concede su segunda entrevista desde que arrancó septiembre, esta vez en ‘Mañaneros’, de TVE. Fuentes gubernamentales enmarcan este ‘tour’ e mediático en la necesidad de recuperar iniciativa y tomar el pulso al nuevo curso político. «Quiere marcar el ritmo, no es porque haya elecciones«, sostiene una voz autorizada de Moncloa.
Otra fuente cercana al presidente subraya que para Sánchez es «importante» llegar a 2027. Según esta voz, el jefe del Ejecutivo también descarta en privado convocar elecciones antes de que termine este año, aunque esa afirmación no despeja por completo la posibilidad de un adelanto técnico respecto a la fecha ordinaria de julio. Por ahora, la prioridad de Moncloa es otra: intentar volver a marcar la agenda mientras la crisis de Ceuta le obliga, todavía, a defenderse.
Moncloa publica este miércoles 40 documentos desclasificados con los que pretende demostrar que no pudo prever la magnitud de lo ocurrido en Ceuta, mientras el presidente intensifica su presencia mediática para intentar recuperar la iniciativa en la precampaña de las generales.
Moncloa empieza a intentar levantar un cortafuegos ante la derivada judicial de la crisis de Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó este martes la desclasificación de los informes de aquellos días, que se harán públicos este miércoles y con los que el Gobierno busca apuntalar una tesis central: que no recibió información que le permitiera anticipar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Con esta documentación buscan no solo reforzar su defensa política, también su posición ante la causa que instruye en la Audiencia Nacional la jueza María Tardón, cuya actuación, además, el Ejecutivo ha empezado ya a cuestionar. La estrategia forma parte de un objetivo más amplio en Moncloa: contener el desgaste, recuperar la iniciativa y ganar tiempo en una legislatura que Pedro Sánchez no quiere agotar antes de 2027.
Según fuentes próximas a Sánchez, en ello se encuadra el ‘tour’ mediático que el presidente está realizando en los últimos días tras meses sin conceder entrevistas a los medios. Una estrategia que recuerda al precedente de las generales a julio de 2023, cuando Sánchez realizó un maratón mediático de 22 entrevistas en 33 días. Sin embargo, estas voces del entorno del presidente descartan que este movimiento sea la antesala de un adelanto de las elecciones generales a 2026 y lo interpretan, por el contrario, como un intento de recuperar iniciativa, volver a marcar la agenda política y ampliar el margen de maniobra del Ejecutivo. Pese a la inestabilidad parlamentaria y a la acumulación de frentes políticos y judiciales, sostienen que la hoja de ruta de Sánchez no ha cambiado: agotar la legislatura y evitar las urnas hasta 2027.
Y es que la crisis de Ceuta ha trastocado los planes del Ejecutivo de recuperar la iniciativa política y empezar a marcar agenda en la precampaña de este último curso de la legislatura. La entrada masiva de migrantes de finales de julio y, sobre todo, las dudas sobre qué información manejó el Gobierno antes de que se produjera han obligado a Moncloa a adoptar una estrategia defensiva que ya no se libra únicamente en el terreno político y parlamentario, donde sus socios también le reclaman explicaciones. A ese desgaste se suma ahora un frente judicial después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón haya abierto una investigación al apreciar indicios de una actuación organizada desde Marruecos que pudo atacar gravemente la integridad territorial de España.
La causa toca tangencialmente al Ejecutivo, pues su desarrollo puede acabar poniendo bajo la lupa la actuación de las distintas administraciones y, especialmente, la información de la que disponía el Ejecutivo antes de la crisis. Ese es uno de los principales riesgos para Moncloa. La investigación de Tardón parte, entre otros elementos, de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) que recoge una «gestión favorecedora» desde territorio marroquí, un documento cuyo contenido Interior asegura que desconocía porque la magistrada había ordenado a los investigadores no trasladarlo a sus superiores.
Es en ese escenario en el que cobra relevancia el anuncio de Sánchez de desclasificar los 40 documentos sobre Ceuta que circularon entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Con su publicación este miércoles, Moncloa pretende demostrar que ninguna de las alertas que llegaron a los distintos organismos del Estado permitía prever la magnitud de lo que terminó ocurriendo. Con este movimiento, Moncloa se adelanta a la investigación y fija desde ahora su cronología de qué sabía cada departamento y en qué momento lo supo.
El Gobierno ha dado además otro paso para blindar su posición en la causa al personarse como perjudicado. Esa condición le permite acceder a las actuaciones, seguir el avance de la investigación y ejercer sus derechos dentro del procedimiento, al tiempo que refuerza el relato político de Moncloa: que el Estado fue víctima de una operación organizada desde el exterior y no responsable de lo ocurrido.
Además, Moncloa y el PSOE han empezado también a poner el foco sobre la actuación de la jueza que instruye la causa. Este mismo martes, tal y como ya hizo un día antes el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionaron la decisión de la magistrada de pedir a la Policía Nacional que no trasladara a sus superiores las conclusiones de uno de los informes incorporados al procedimiento.
Desde el PSOE han ido un paso más allá al recordar que la magistrada fue concejala del PP en el pasado y al deslizar que no puede ser casual que ese informe, cuya difusión había sido restringida por la propia jueza, terminase filtrándose precisamente la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Los socialistas empiezan así a sembrar dudas sobre una investigación que apenas ha comenzado, pero que amenaza con convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Ejecutivo.
El frente judicial puede sumarse al resto de frentes judiciales a los que se enfrenta el PSOE y que previsiblemente se mantendrán como telón de fondo en la precampaña. Además, en el caso de Ceuta, sus propios socios parlamentarios están cuestionando la gestión de Moncloa. La primera sesión de control del curso, que se celebra este miércoles en el Congreso, volverá previsiblemente a colocar la crisis en el centro del debate, con la oposición y los aliados del Gobierno reclamando explicaciones tanto por la actuación del Ejecutivo como por su negativa a señalar directamente a Marruecos.
Sánchez responderá a los grupos el mismo día en que se harán públicos los documentos que obran en poder del Gobierno sobre lo ocurrido en Ceuta. Y, en la misma jornada, concede su segunda entrevista desde que arrancó septiembre, esta vez en ‘Mañaneros’, de TVE. Fuentes gubernamentales enmarcan este ‘tour’ e mediático en la necesidad de recuperar iniciativa y tomar el pulso al nuevo curso político. «Quiere marcar el ritmo, no es porque haya elecciones«, sostiene una voz autorizada de Moncloa.
Otra fuente cercana al presidente subraya que para Sánchez es «importante» llegar a 2027. Según esta voz, el jefe del Ejecutivo también descarta en privado convocar elecciones antes de que termine este año, aunque esa afirmación no despeja por completo la posibilidad de un adelanto técnico respecto a la fecha ordinaria de julio. Por ahora, la prioridad de Moncloa es otra: intentar volver a marcar la agenda mientras la crisis de Ceuta le obliga, todavía, a defenderse.
20MINUTOS.ES – Nacional
