Pedro Marco de la Peña, considerado la pieza a sacrificar por el desplome del sistema de alta velocidad, preside hoy un consejo de la compañía Leer Pedro Marco de la Peña, considerado la pieza a sacrificar por el desplome del sistema de alta velocidad, preside hoy un consejo de la compañía Leer
Durante los últimos nueve meses, Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, ha tenido la condición de cortafuegos de las consecuencias políticas de Adamuz, la tragedia ferroviaria que, con 47 fallecidos sobre las vías próximas a la localidad cordobesa ha tenido en Urda su continuación hasta sumar un balance de 116 fallecidos. En la lectura de la estrategia política, era la última defensa del ministro de Transportes en la asunción de responsabilidades
La dimisión de Puente como una decisión tomada en conciencia y desde el pasado miércoles por no considerar justo permanecer en el cargo tras dos accidentes ferroviarios deja en el aire qué debe hacer el presidente de Adif, máximo responsable de la gestora de las infraestructuras ferroviarias.
La empresa que preside celebra precisamente hoy consejo de administración extraordinario para aprobar su convenio con la Administración General del Estado (AGE). El acuerdo regulará las aportaciones económicas del Estado —a través del Ministerio de Transportes— entre 2026 y 2030 para garantizar la sostenibilidad de la red convencional y de alta velocidad. Está supervisado por el Ministerio de Hacienda y, en el ya vencido, supuso la transferencia de más de 12.000 millones de euros, 4.000 de ellos para la alta velocidad, un millón por kilómetro.
Adif se financia gracias a los cánones que cobra a Renfe, Iryo y Ouigo por circular por las vías. Sus ingresos se han disparado gracias al aumento vertiginoso del tráfico que ahora está en discusión. La penúltima decisión anunciada por Óscar Puente fue reducir el tráfico en el corredor Madrid Sevilla para «minimizar riesgos» y su penúltima declaración fue que la alta velocidad no puede llegar a todas partes, aunque si llega, ese cambio de planes lo tendrá que hacer otro.
No será el compañero del consejo de ministros que asuma la responsabilidad de Transportes al borde de una campaña electoral. En cualquier caso, Marco de la Peña, queda en una posición difícil. Su jefe, la persona que le nombró, ha dimitido asumiendo la responsabilidad máxima y después de anunciar una batería de medidas para rescatar la confianza en el ferrocarril que se ha perdido siendo él responsable directo.
Sólo dos días antes, operadores como Iryo, maquinistas y trabajadores de Adif habían enviado cartas a la mayor autoridad regulatoria del sistema en España, la Agencia Estatal de la Seguridad Ferroviaria (AESF) advirtiendo de «riesgo grave» en la gestión de la seguridad de la circulación en Adif. Pedían a la AESF que recurriera a sus competencias legales para intervenir en la empresa presidida por Marco de la Peña y forzar la implantación de medidas cautelares para mejorar la seguridad de los trenes.
Si Marco de la Peña fue la fuente de las medidas que ayer ofreció Puente para salvar la altra velocidad de su desplome, quedó desautorizado. Un gemelo digital para ensayar situaciones operacionales, un sfotware… ambas definidas por Puente como «territorio desconocido» en la historia del ferrocarril español.
La restricción de circulación en el corredor Madrid Sevilla y el cambio en el protocolo de los operadores de los centros de regulación para realizar una doble comprobación tampoco impresionaron. Fueron recibidas con peticiones de dimisión en el Congreso y con anuncio de trámites para convocar una huelga en Adif y Renfe, los pilares del sistema ferroviario español, en plena campaña electoral el próximo 17 de noviembre.
La tensión en el pulso de los sindicatos con Puente es evidente y tiene al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña en el centro. El pasado fin de semana los maquinistas y el principal de la plantilla, CCOO, enviaron por escrito a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) peticiones para que use sus facultades legales e intervenga en Adif por «riesgo grave».
En la petición de medidas urgentes de operadores maquinistas y trabajadores pàra reforzar la seguridad en las circulaciones había una unánime: circular a 40 km hora obligatoriamente cuando se reanude la circulación después de una caída del sistema LZB. Puente no la incluyó en el plan que presentó ayer para recuperar la confianza en el tren.
Ahora Marco de la Peña tiene por un lado, huelga de maquinistas y, por otro, del resto de los trabajadores. En las plantillas de Adif y Renfe el señalamiento del trabajador del centro de control por Puente ante el presidente de Adif y la posterior filtración de los audios con su apellido se ha sentido como un recurso bajo para apuntalar su relato y escapar del foco. Pero ayer el ministro, lejos de corregir, insistió en su última comparecencia. «Se incorporó a las 6,30 al centro tras un descanso de 14 días. Tienen 37 horas de jornada con sus tiempos de descanso; el sueldo es de 52.684 euros al año. Será la autoridad judicial la que decida qué pudo llevarle a tomar una decisión equivocada, yo no lo sé. No atribuyo responsabillidades, relato hechos», afirmó en referencia al operador que dió instrucciones al maquinista de avanzar a marcha normal. .
Reincidir en el «fallo humano» para explicar el accidente podía responder a que el accidente ha vuelto a separar al Gobierno de los sindicatos. Puente acudió al Congreso conociendo que los comités de empresa en Renfe y Adif -más de 30.000 trabajadores- han iniciado ya los trámites administrativos para responderle con una huelga el próximo 17 de noviembre.
«Los maquinistas han convocado huelga después de firmar convenio colectivo, cerquita de las elecciones. Me he sentado con los sindicatos todas las veces que lo han solicitado. Hemos llegado a acuerdos, no hemos implementado todo pero por falta de diálogo no ha quedado», se lamentó en el Congreso en tono dolido.
Tras Adamuz, con 47 muertos todos los sindicatos pidieron la dimisión del Marco de la Peña en una convocatoria de huelga de tres jornadas. que duró una. Ahora, nueve meses después, los sindicatos presionan otra vez, muy conscientes del golpe que supone esa protesta en plena campaña electoral, aunque también subrayan. «Los problemas siguen: es un aviso a navegantes».
El puesto de Pedro Marco de la Peña está en medio de este paro que llega en dos semanas.El Gobierno tratará de desactivar una protesta que, a diferencia de la general del 11 de noviembre, sí es contra el Gobierno aunque ayer Óscar Puente tratara de desactivarla. Ayer, contra su contundencia a la hora de «relatar los hechos», fue menos específico a la hora de dejar abiertas responsabilidades más altas que la del operador señalado. «Que me conste, no hay directrices para acelerar la marcha tras una parada, Adif me ha dicho que no, pero en cualquier caso si las hubiera no han funcionado. La seguridad es lo primero y no se me ocurriría presionar a nadie», prometió.
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