Cuando hablamos de lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, pensamos rápidamente en Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía Anticorrupción o, incluso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como agentes fundamentales, pero todos ellos se nutren en buena medida del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, que cuenta con la segunda mayor base de datos de España tras la Agencia Tributaria, con cerca de 180 millones de documentos grabados.
«De cada 100 operaciones que nosotros trasladamos al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), que es la unidad de inteligencia financiera en España, 80 acaban delante de un juez, mientras que de cada 100 que notifica la banca como sospechosas, no llegan a 15 las que acaban ante el juez», explica su director, Pedro Galindo, durante una visita de 20minutos a la sede de este organismo contra el fraude, en Madrid.
La OCP del notariado ha sido clave, por ejemplo, para revelar el entramado societario en torno al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o para destapar la relación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la empresa Servinabar, investigada por presunto amaño de contratos: «En nuestro índice único informatizado tenemos el mapa accionarial íntegro de cualquier sociedad debidamente constituida mediante escritura pública y, cruzando datos, podemos saber quién es el titular real de una empresa por control indirecto, aunque esté muy difuminado a través de pequeñas participaciones en sociedades pantalla interconectadas. Esta herramienta es oro molido cuando buscas testaferros».
Aunque la OCP puede actuar de forma proactiva y poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción cualquier anomalía detectada, su base de datos es también «la primera fuente» de información en las investigaciones policiales o judiciales sobre blanqueo de capitales: «En cuestión de minutos podemos responder a cualquier requerimiento de información de la UCO, la UDEF, Hacienda, Vigilancia Aduanera, el CNI, un juez o cualquier unidad competente en materia de blanqueo de capitales. Solo en los últimos dos días hemos recibido 81 requerimientos de información y desde el año 2006 hemos respondido a cerca de 400.000 requerimientos. España es un país muy atractivo para blanquear dinero», afirma Galindo.
La base de datos del OCP, que ha sido reconocida por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la construyen a diario los más de 2.800 notarios en activo que hay en España. «Los notarios tienen una obligación que es bastante desconocida porque, normalmente, la gente cuando va a la notaría solo ve a un señor que te lee o te explica una escritura, pero no ve todo el back office que hay detrás. Después de la firma de una escritura, el notario debe rellenar una serie de documentos y campos bastante tediosos e introducirlos en un índice único informatizado, donde queda todo registrado. Además, tienen que comunicarnos las operaciones de riesgo, aquellas en las que han detectado inusualidades o incoherencias».
Y ese deber de trasladar al OCP cualquier anomalía no es baladí, sino que es una obligación de todo notario: «Si un notario recurrentemente no cumple con esa obligación, que está objetivada en un manual en el que figuran los indicadores de riesgo, incurrirá seguro en una infracción administrativa y puede acabar con responsabilidad penal».
«Detectar una operación de riesgo puede ser algo muy subjetivo, pero lo que hemos hecho es intentar objetivar lo subjetivo con una serie de indicadores que vamos actualizando», dice Galindo. El lugar de procedencia es, por ejemplo, uno de esos indicadores que ayudan a establecer un determinado nivel de riesgo: «Una persona física o jurídica rusa, que son los que realmente saben blanquear, tiene mucho más riesgo que una de Francia. También tiene más riesgo una de Holanda porque ese país tiene auténticos paraísos fiscales en el Caribe, como Bonaire». Si la persona física o jurídica ha recibido requerimientos de Hacienda en el pasado o la existencia de una estructura accionarial atípica, son otros indicadores que ayudan a establecer un determinado nivel de riesgo.
«Una señal clara de alarma es cuando un accionista minoritario es designado administrador único de una sociedad, salvo que sea un administrador profesional. No es normal porque no es habitual ni lógico que un accionista mayoritario ceda la gestión empresarial de una sociedad a un minoritario», explica.
El director del OCP también revela que tienen una base de datos específica con toda la actividad mercantil de políticos y altos cargos públicos, desde el presidente del Gobierno y sus ministros hasta el concejal de un ayuntamiento, debido a su condición de gestores de dinero público. En esa lista figuran más de 27.000 nombres y también 70.000 allegados suyos, ya sean por vínculo familiar o mercantil, para evitar el uso de testaferros. «Alguno dirá que estamos criminalizando a los políticos, pero es nuestra obligación y es una lista que hemos confeccionado de la mano de la Agencia de Protección de Datos, el SEPLAC y el Tesoro, que somos cuatro organismos serios. Tampoco descubro nada diciendo que en España hemos tenido y tenemos a muchos políticos imputados».
Fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo
El blanqueo de capitales suele ir también acompañado de otros delitos, como narcotráfico, financiación del terrorismo o tráfico de armas y de personas, entre otros. Es por esa razón que los analistas que trabajan en el OCP cuidan mucho su identidad, ya que podrían ser objeto de atentados contra su integridad física: «Aquí no nos dedicamos a ver si alguien ha cometido un fraudecillo fiscal de 4.000 euros, sino que nos dedicamos a tumbar a gente y organizaciones mafiosas bastante peligrosas. Aquí hay murallas chinas absolutas, nadie sabe fuera de estas puertas ni qué miramos, ni sobre quién nos han preguntado, ni quién nos ha requerido información».
«Detectar la financiación del terrorismo es mucho más complicado que captar el blanqueo de capitales porque suelen utilizar dinero generalmente blanco para desviarlo a finalidades ilícitas. Por ejemplo, aquí hubo una fundación de ayuda a viudas de combatientes en Siria, que no compraba grano en el Mediterráneo para enviarlo a Siria, como aparentemente decía, sino que estaba comprando armas», dice Galindo. «No nos vamos a poner nosotros la medalla, pero la información que salió de aquí evitó un atentado de unos pakistaníes en la línea 3 del metro de Barcelona en abril del 2010», añade.
Críticas al intento del Gobierno de reformar la ley
Desde el Consejo General del Notariado se muestran muy críticos con el intento del Gobierno de avalar la transmisión en documento privado de las participaciones societarias, sin escritura pública ante notario como se requiere actualmente, una reforma incluida en el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el Ministerio de Justicia, que ahora se ha paralizado por la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes.
«En un documento privado tú puedes poner lo que te dé la gana, como hizo Santos Cerdán. ¿Alguien cree que una persona que se dedica al blanqueo de capitales va a decir la verdad en un documento privado? Con un documento privado soy capaz de montarte una estructura sin saber quién está detrás en ningún momento. Tan pronto como hubiera entrado en vigor esa reforma, toda la información que tenemos almacenada habría quedado obsoleta y eso significaría perder el rastro de muchas sociedades y bienes. La gente de la UCO y de la UDEF estaba espantada por ese anteproyecto de ley porque sabían que les dejaba sin medios para investigar casos de corrupción», dice Galindo.
«Es una reforma que afecta a la seguridad jurídica preventiva, a la identificación de los intervinientes y al sistema de prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude fiscal», señalan los notarios, recordando que en el Reino Unido ya fracasó ese modelo: «Un modelo declarativo sin verificación efectiva permitió registros con identidades ficticias o absurdas, lo que obligó posteriormente a reforzar los controles formales».
La base de datos del Notariado, la segunda mayor de España, ha permitido revelar el entramado societario en torno a Zapatero o destapar la relación de Santos Cerdán con Servinabar.
Cuando hablamos de lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, pensamos rápidamente en Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía Anticorrupción o, incluso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como agentes fundamentales, pero todos ellos se nutren en buena medida del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, que cuenta con la segunda mayor base de datos de España tras la Agencia Tributaria, con cerca de 180 millones de documentos grabados.
«De cada 100 operaciones que nosotros trasladamos al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), que es la unidad de inteligencia financiera en España, 80 acaban delante de un juez, mientras que de cada 100 que notifica la banca como sospechosas, no llegan a 15 las que acaban ante el juez», explica su director, Pedro Galindo, durante una visita de 20minutos a la sede de este organismo contra el fraude, en Madrid.
La OCP del notariado ha sido clave, por ejemplo, para revelar el entramado societario en torno al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o para destapar la relación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la empresa Servinabar, investigada por presunto amaño de contratos: «En nuestro índice único informatizado tenemos el mapa accionarial íntegro de cualquier sociedad debidamente constituida mediante escritura pública y, cruzando datos, podemos saber quién es el titular real de una empresa por control indirecto, aunque esté muy difuminado a través de pequeñas participaciones en sociedades pantalla interconectadas. Esta herramienta es oro molido cuando buscas testaferros».
Aunque la OCP puede actuar de forma proactiva y poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción cualquier anomalía detectada, su base de datos es también «la primera fuente» de información en las investigaciones policiales o judiciales sobre blanqueo de capitales: «En cuestión de minutos podemos responder a cualquier requerimiento de información de la UCO, la UDEF, Hacienda, Vigilancia Aduanera, el CNI, un juez o cualquier unidad competente en materia de blanqueo de capitales. Solo en los últimos dos días hemos recibido 81 requerimientos de información y desde el año 2006 hemos respondido a cerca de 400.000 requerimientos. España es un país muy atractivo para blanquear dinero», afirma Galindo.
La base de datos del OCP, que ha sido reconocida por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la construyen a diario los más de 2.800 notarios en activo que hay en España. «Los notarios tienen una obligación que es bastante desconocida porque, normalmente, la gente cuando va a la notaría solo ve a un señor que te lee o te explica una escritura, pero no ve todo el back office que hay detrás. Después de la firma de una escritura, el notario debe rellenar una serie de documentos y campos bastante tediosos e introducirlos en un índice único informatizado, donde queda todo registrado. Además, tienen que comunicarnos las operaciones de riesgo, aquellas en las que han detectado inusualidades o incoherencias».
Y ese deber de trasladar al OCP cualquier anomalía no es baladí, sino que es una obligación de todo notario: «Si un notario recurrentemente no cumple con esa obligación, que está objetivada en un manual en el que figuran los indicadores de riesgo, incurrirá seguro en una infracción administrativa y puede acabar con responsabilidad penal».
«Detectar una operación de riesgo puede ser algo muy subjetivo, pero lo que hemos hecho es intentar objetivar lo subjetivo con una serie de indicadores que vamos actualizando», dice Galindo. El lugar de procedencia es, por ejemplo, uno de esos indicadores que ayudan a establecer un determinado nivel de riesgo: «Una persona física o jurídica rusa, que son los que realmente saben blanquear, tiene mucho más riesgo que una de Francia. También tiene más riesgo una de Holanda porque ese país tiene auténticos paraísos fiscales en el Caribe, como Bonaire». Si la persona física o jurídica ha recibido requerimientos de Hacienda en el pasado o la existencia de una estructura accionarial atípica, son otros indicadores que ayudan a establecer un determinado nivel de riesgo.
«Una señal clara de alarma es cuando un accionista minoritario es designado administrador único de una sociedad, salvo que sea un administrador profesional. No es normal porque no es habitual ni lógico que un accionista mayoritario ceda la gestión empresarial de una sociedad a un minoritario», explica.
El director del OCP también revela que tienen una base de datos específica con toda la actividad mercantil de políticos y altos cargos públicos, desde el presidente del Gobierno y sus ministros hasta el concejal de un ayuntamiento, debido a su condición de gestores de dinero público. En esa lista figuran más de 27.000 nombres y también 70.000 allegados suyos, ya sean por vínculo familiar o mercantil, para evitar el uso de testaferros. «Alguno dirá que estamos criminalizando a los políticos, pero es nuestra obligación y es una lista que hemos confeccionado de la mano de la Agencia de Protección de Datos, el SEPLAC y el Tesoro, que somos cuatro organismos serios. Tampoco descubro nada diciendo que en España hemos tenido y tenemos a muchos políticos imputados».
Fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo
El blanqueo de capitales suele ir también acompañado de otros delitos, como narcotráfico, financiación del terrorismo o tráfico de armas y de personas, entre otros. Es por esa razón que los analistas que trabajan en el OCP cuidan mucho su identidad, ya que podrían ser objeto de atentados contra su integridad física: «Aquí no nos dedicamos a ver si alguien ha cometido un fraudecillo fiscal de 4.000 euros, sino que nos dedicamos a tumbar a gente y organizaciones mafiosas bastante peligrosas. Aquí hay murallas chinas absolutas, nadie sabe fuera de estas puertas ni qué miramos, ni sobre quién nos han preguntado, ni quién nos ha requerido información».
«Detectar la financiación del terrorismo es mucho más complicado que captar el blanqueo de capitales porque suelen utilizar dinero generalmente blanco para desviarlo a finalidades ilícitas. Por ejemplo, aquí hubo una fundación de ayuda a viudas de combatientes en Siria, que no compraba grano en el Mediterráneo para enviarlo a Siria, como aparentemente decía, sino que estaba comprando armas», dice Galindo. «No nos vamos a poner nosotros la medalla, pero la información que salió de aquí evitó un atentado de unos pakistaníes en la línea 3 del metro de Barcelona en abril del 2010», añade.
Críticas al intento del Gobierno de reformar la ley
Desde el Consejo General del Notariado se muestran muy críticos con el intento del Gobierno de avalar la transmisión en documento privado de las participaciones societarias, sin escritura pública ante notario como se requiere actualmente, una reforma incluida en el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el Ministerio de Justicia, que ahora se ha paralizado por la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes.
«En un documento privado tú puedes poner lo que te dé la gana, como hizo Santos Cerdán. ¿Alguien cree que una persona que se dedica al blanqueo de capitales va a decir la verdad en un documento privado? Con un documento privado soy capaz de montarte una estructura sin saber quién está detrás en ningún momento. Tan pronto como hubiera entrado en vigor esa reforma, toda la información que tenemos almacenada habría quedado obsoleta y eso significaría perder el rastro de muchas sociedades y bienes. La gente de la UCO y de la UDEF estaba espantada por ese anteproyecto de ley porque sabían que les dejaba sin medios para investigar casos de corrupción», dice Galindo.
«Es una reforma que afecta a la seguridad jurídica preventiva, a la identificación de los intervinientes y al sistema de prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude fiscal», señalan los notarios, recordando que en el Reino Unido ya fracasó ese modelo: «Un modelo declarativo sin verificación efectiva permitió registros con identidades ficticias o absurdas, lo que obligó posteriormente a reforzar los controles formales».
20MINUTOS.ES – Nacional
