La herencia económica del sanchismo

Para realizar la autopsia de la política económica gubernamental es preciso despojarse de los fuegos artificiales de la propaganda oficial y aplicar la frialdad del forense. Este es el método empleado por el Instituto Juan de Mariana en su reciente informe sobre la herencia del sanchismo. España no es un «cohete» productivo, sino una economía enferma por el dopaje del gasto público, el sobreendeudamiento desbocado, una confiscación tributaria sin precedentes en la historia española y europea contemporáneas y un intervencionismo en los mercados masivo.

De entrada, exclamar victoria porque el PIB crece por encima de la media comunitaria constituye una manipulación elemental de la teoría económica. Lo que verdaderamente define el nivel de vida de los ciudadanos es la productividad del trabajo y el comportamiento de la renta disponible por habitante. Bajo el mandato social comunista, la brecha de renta real per cápita respecto a la media de la Eurozona se ha ensanchado significativamente. El PIB real per cápita español cayó un 0,7% entre 2019 y finales de 2023, frente a un aumento medio del 2,1% en la Eurozona y la productividad por hora trabajada sufrió una caída acumulada del 1,9% desde 2018, situando a España en los puestos de cola de la OCDE.

En el septenio sanchista se ha asistido a una asfixia progresiva de los contribuyentes a través de una maquinaria extractiva articulada a través de docenas de subidas impositivas y de cotizaciones a la Seguridad Social. Ello ha castigado con dureza las rentas medias, a los trabajadores autónomos y a las capas más dinámicas de la sociedad civil y no ha respondido a un criterio de eficiencia ni de consolidación fiscal, el déficit público estructural se sitúa alrededor del 3% del PIB, sino a la necesidad de financiar la desmesurada expansión de la burocracia y la compra clientelar de voluntades políticas. Desde 2018 se han aprobado 141 subidas de impuestos y cotizaciones y la no deflactación del IRPF ha detraído más de 11.000 millones de euros directamente del bolsillo de los hogares de rentas medias.

En paralelo, el volumen global de deuda pública ha alcanzado máximos. Ocultar la gravedad del endeudamiento amparándose en la erosión inflacionaria de la ratio sobre el PIB es un artilugio contable. Cada euro de pasivo emitido para sostener el gasto corriente representa una hipoteca directa sobre las familias y una detracción directa de recursos del sector privado productivo. En un entorno de tipos de interés normalizados, la factura anual para sufragar los costes financieros del Estado devora los márgenes presupuestarios y estrecha el margen de maniobra de futuras administraciones. La deuda pública ha aumentado en más de 380.000 millones de euros bajo el mandato de Sánchez (superando los 1,6 billones de euros en total), lo que equivale a un incremento del endeudamiento de casi 30.000 euros por cada hogar y el gasto anual en intereses de la deuda que supera ya los 40.000 millones de euros.

En el ámbito del mercado laboral, la propaganda gubernamental es pura alquimia estadística. El maquillaje regulatorio del contrato fijo discontinuo y la expansión acelerada del empleo en el sector público han distorsionado las estadísticas oficiales de empleo. La realidad es un mercado fragmentado, caracterizado por una evidente escasez de horas efectivamente trabajadas por empleado y un alto nivel de desempleo estructural. De igual modo, las subidas del SMI sin atender a las ganancias de productividad destruyen oportunidades para los trabajadores menos cualificados, a los jóvenes y ha dañado a las pymes. España sigue ostentando la tasa de paro más alta de la Unión Europea y la mayor tasa de desempleo juvenil. Existen más de 750.000 fijos discontinuos inactivos que no computan como parados en las listas oficiales, y las horas trabajadas por ocupado permanecen un 3% por debajo de los niveles registrados en 2019.

El caso más flagrante del impacto destructivo de las políticas intervencionistas es el de la vivienda. La fijación artificial de precios y la inseguridad jurídica impuesta a los propietarios en el mercado del alquiler han provocado la contracción inmediata de la oferta, elevando los precios a cotas inaccesibles para las familias y penalizando con dureza a las rentas más jóvenes. A causa de la Ley de Vivienda la oferta de alquiler permanente se ha reducido en promedio más de un 30%, disparando los precios del arrendamiento un 12% interanual en 2023.

A todo lo dicho ha de sumarse un deterioro institucional sin parangón en el periodo democrático. La ocupación partidista de organismos reguladores, tribunales y agencias de control destruye la certidumbre jurídica, que es la condición sine qua non para la atracción de inversiones internacionales a largo plazo. El capital huye de los marcos regulatorios arbitrarios e inestables, y sin inversión privada de alta intensidad tecnológica es imposible articular un modelo productivo capaz de generar salarios elevados. La inversión privada se mantiene un 1,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia (frente a un crecimiento medio del 4,8% en el resto de la UE) y los índices globales de gobernanza y calidad institucional del Banco Mundial han anotado un descenso continuado desde 2018.

El balance de esta etapa de gobierno no admite componendas verbales ni edulcorantes estadísticos. Corregir esta deriva requerirá algo más que ajustes cosméticos: exigirá una política de rigor presupuestario seria y creíble, políticas de oferta agresivas para relanzar el crecimiento y una restauración de la institucionalidad destruida por este Gobierno.

* Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.